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Un tribunal declara legales las escuchas telefónicas a Sarkozy

  • Se interceptaron sus conversaciones durante la investigación sobre la supuesta financiación ilegal de su candidatura en 2007
  • Los partidarios de Sarkozy ven motivaciones políticas en esta decisión y los abogados del expresidente recurrirán la decisión

INFOLIBRE
Publicada el 07/05/2015 a las 17:59 Actualizada el 07/05/2015 a las 18:25
El expresidente francés, Nicolas Sarkozy.

El expresidente francés, Nicolas Sarkozy.

EFE
Un tribunal francés ha decretado este jueves la legalidad de los pinchazos telefónicos que se realizaron al expresidente francés Nicolas Sarkozy como parte de una investigación sobre supuesto tráfico de influencias. Esta decisión podría suponer un varapalo a sus aspiraciones presidenciales en 2017.

Los magistrados han aprobado la medida como parte de la investigación a la supuesta financiación ilegal de la campaña de Sarkozy en las presidenciales de 2007, en las que ganó su primer mandato frente a la socialista Ségolène Royal.

Por su parte, los abogados del expresidente han anunciado que recurrirán la decisión, algo que no ralentizará la investigación sobre la trama supuestamente corrupta, ha afirmado una fuente judicial. Nicolás Sarkozy había comparado estas escuchas con la vigilancia masiva de la Stasi, la Policía secreta en Alemania Oriental.

Los aliados de Sarkozy se habían mostrado seguros de que el tribunal desestimaría la escuchas y despejaría el camino al expresidente para la candidatura al Elíseo, y han expresado su idea de que el proceso ha estado motivado políticamente. "Nicolás Sarkozy ha tenido muchas trabas desde hace tiempo, intentando hacerle caer, pero hay que señalar que nunca ha sido condenado", ha escrito en una red social Nadine Morano, una exministra francesa del Unión por un Movimiento Popular (UPM).

El expresidente galo no se ha pronunciado sobre la decisión judicial y sus asesores han asegurado que estaba "imperturbable y determinado". Sarkozy fue interrogado hace unas semanas en una investigación separada sobre si era legal que su partido pagara más de 500.000 euros de multas, por el exceso de gasto en su campaña de reelección fallida en 2012.
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