La Ley de Vivienda frente a la pulsión neoliberal

Tener casa y cómo acceder a ella define un modelo de país. Y como la legislación no sólo ordena nuestra convivencia, sino el estado de bienestar, de ahí la necesidad de que la primera Ley de Vivienda de la democracia, del autodenominado primer gobierno de coalición más progresista de las últimas décadas, deba ser por razones sociales y no de mercado.

Las dos últimas crisis han puesto de manifiesto dos angustias: la de perder la vivienda y la necesidad de refugiarse en ella. Una echó a miles de familias de sus hogares, otra nos metió dentro. Una vez que la realidad nos ha dado el contexto, hace falta el marco. La narrativa histórica. La razón de ser de la ley. Que un modelo territorial sea tan importante como uno de vivienda. Y eso pasa por que el Gobierno responda a una pregunta clave: ¿la vivienda es un derecho o es un bien de mercado? Y si es las dos cosas, ¿cuál prevalece?.

Lo que es seguro es que es un factor clave de desigualdad en este país. Cada vez para más gente el mayor de todos. Jóvenes que no tienen casa y acaban no pudiendo tener pareja, familia, hijos, autoestima... porque ahí es donde anclamos casi todas las cosas importantes de la vida. Y porque no tenerla está cronificando la pobreza y condicionando el futuro de varias generaciones.

Por eso la Ley de Vivienda para el PSOE debería tener la dimensión que han tenido la ley del matrimonio igualitario o la eutanasia. Enmarcar un derecho y una norma que proteja a las personas frente a la división social de propietarios y no propietarios. Los latifundios del S.XX son los fondos buitres del S.XXI. Meter mano a la regulación de operaciones especulativas que alteran el acceso a un bien básico, protegido por la Constitución, es una prioridad de un gobierno de izquierdas.

Pero en la propuesta actual ni la letra pequeña ni el espíritu general responden a una visión a la altura del problema. El argumentario socialista deja claro que las rebajas fiscales son para propietarios y no fondos buitres, de manera que éstos seguirán a su libre albedrío. La declaración de barrios tensionados que permitirá intervenir en los precios de los alquileres dependerá de las comunidades autónomas. ¿Alguien se imagina al PP de Madrid declarar zonas tensionadas allá donde campen fondos buitres y tras haberles regalado a precio de saldo lotes de miles de viviendas?

O de vuelta con las polémicas bonificaciones. ¿Por qué a los propietarios y no a los inquilinos? Es más: ¿Por qué bonificar sobre el precio del contrato y no sobre el precio de referencia? La trampa será fácil, si un propietario alquila un piso por 1.400 euros al mes, subirá el precio del contrato y se beneficiará de la modificación después. Una idea ‘estrella’ del Gobierno que ni está bien armada ni hay experto que defienda que aliviará los precios, menos aún para los jóvenes con sueldos por los suelos. Por no hablar de cómo se está fiando los fondos de viviendas sociales a la colaboración voluntaria de las entidades financieras (sic).

No es compatible la defensa de la sostenibilidad de la ministra Teresa Rivera con la defensa unilateral de las bonificaciones fiscales de María Jesús Montero o Nadia Calviño. Son dos mundos irreconciliables a corto plazo, que chocan incluso con la filosofía de los fondos europeos y del mundo post-pandémico.

Como es habitual, hay distintas sensibilidades en el PSOE. Escuchamos al ministro José Luis Ábalos hablar de la necesidad del funcionamiento del mercado. Y a diputadas socialistas, desde la misma tribuna parlamentaria, recordar que el objeto de derecho en Europa y los Objetivos de Desarrollo Sostenible no son entes abstractos como la dinamización de la economía sino las personas y los ciudadanos. Un ejemplo: “La estrategia de desarrollo sostenible tendrá que dar solución al principal problema de muchos españoles, asegurar acceso a una vivienda con servicios dignos, adecuados y asequibles”, dice Noemí Villagrasa, diputada por Aragón, en la misma semana del discurso de Ábalos.

Por eso, evitar el debate público y reducir la Ley de Vivienda a una negociación con Podemos es una dialéctica que acabará reducida a políticas concretas eliminando una visión global. Es más, si hay una sola razón para romper o al menos tensionar al máximo la coalición de Gobierno será esta.