La ultraderecha no quiere gobernar

La incorporación de tres exdiputados de Vox al Ejecutivo de Murcia como pago por su apoyo al PP durante la moción de censura, junto con la posibilidad de que Ayuso abra la puerta a gobernar con la ultraderecha en Madrid si los resultados electorales plantearan esa opción, ha hecho emerger una pregunta: ¿Qué ocurre cuando gobierna la ultraderecha?

Un repaso de los estudios recientes sobre el tema –por cierto, es un asunto sobre el que queda mucho por investigar– arroja una respuesta sorprendente: nada, no pasa nada. Al menos, nada que no pasara antes. Es más, los partidos de ultraderecha, cuando se ven en la tesitura de tomar decisiones y gestionar, suelen ser comidos por conflictos internos, divisiones y escisiones que les debilitan enormemente. Unos ejemplos: el partido de la Liga de las Familias Polacas se incorporó al Ejecutivo en 2005 pero una vez en el Gobierno fue presa de diversos escándalos y conflictos internos cuya consecuencia fue la caída del Gabinete en 2007; algo parecido le ocurrió al Partido de la Libertad de Austria, que entró en el Gobierno tras las elecciones de 1999, pero no pudo acabar el mandato debido a divisiones internas; e idéntica suerte tuvo el Partido por la Libertad neerlandés, cuyo apoyo al Gobierno en minoría formado tras las elecciones de 2010 tan sólo duró dos años, consecuencia de las tensiones en el seno de la formación.

El motivo de estos conflictos suele derivar de la necesidad de llegar a acuerdos con sus socios de gobierno, lo que supone tener que ceder parte de su posicionamiento inicial, con las debidas tensiones internas y las divisiones entre aquellos que defienden las esencias y quienes empiezan a ser vistos por aquellos como traidores.

La estrategia de los partidos de ultraderecha va por otro lado. Estas formaciones alcanzan sus mayores éxitos generalmente por tres vías: contaminando a otros partidos con su ideario, normalizando respuestas antidemocráticas a desafíos reales, o inventando problemas inexistentes a los que después dar una respuesta acorde a su imaginario. El terreno de la ultraderecha no es el de la gestión de gobierno, sino el de la contaminación del debate público y la subversión de los valores de convivencia democrática, y para ello necesita contar con la aquiescencia de las organizaciones conservadoras tradicionales.

Un ejemplo de lo primero lo tenemos con el famoso pin parental de la Región de Murcia. No ha sido necesario que tres exdiputados de Vox entraran en el Gobierno regional para ponerlo en marcha. Hay que recordar que se aprobó por parte del Ejecutivo murciano formado por PP y Ciudadanos para entrar en vigor durante este curso, y que fue un recurso del Ministerio de Educación el que lo paralizó en los tribunales. Ahora el nuevo Gobierno lo vuelve a incorporar, pero no es nada nuevo. De hecho, es un precio bastante bajo a pagar a cambio de conservar el poder.

La segunda estrategia exitosa de la ultraderecha consiste en la normalización de respuestas antidemocráticas a desafíos reales. Es cierto que la llegada de personas procedentes de otros países supone un desafío que se convierte en problema cuando no se gestiona adecuadamente. La respuesta que da la ultraderecha en toda Europa, desde Salvini a Le Pen pasando por Vox, no debería ni considerarse como tal, por violar de forma sistemática los más elementales principios democráticos y de respeto a los Derechos Humanos. Aunque es cierto que sus propuestas no acaban de encontrar eco ni encaje en la normativa, (la politóloga Tjitske Akkerman ofrece aquí una panorámica en Europa), también lo es que ensucian el debate y polarizan las posiciones ayudando a generar una alarma social carente de justificación.

Finalmente, la ultraderecha crece abonando de respuestas falsas problemas inexistentes. Se vivió en España hace unos meses con la creación de un supuesto escándalo de ocupación de viviendas, sobre todo segundas residencias, ante la imposibilidad de sus propietarios de acudir a ellas por las restricciones de movilidad. Sin embargo, ningún dato corroboraba la existencia de semejante conflicto. Las cifras de ocupación ilegal de viviendas eran prácticamente las mismas que las del año anterior (como se muestra aquí), pero al calor de una falsa alarma Vox aprovechó para sacar adelante su “Plan Antiokupas” en la comunidad de Madrid, del que ellos mismos en su web sintetizan diciendo: “Contra los okupas, Vox lo tiene claro: patada en el culo y a la calle”.

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Lo que tampoco parece que ocurra, al menos de forma automática, cuando estas formaciones entran a gobernar, es que su discurso y sus propuestas se moderen. Como recuerda Beatriz Acha Ugarte en su reciente libro Analizar el auge de la ultraderecha (Gedisa, Más Democracia), “La hipótesis de la “inclusión/moderación”, que se hizo popular desde los años noventa al analizar la evolución de partidos llegados al poder como el FPÖ austriaco, ha sido cuestionada por la evidencia de otros casos, como el de la Liga de Salvini, o el Partido Popular Suizo, cuya radicalización no se ha visto mermada ni un ápice como resultado de su participación en el ejecutivo.”

Todo lo anterior no quita un ápice de importancia a la aparición de formaciones de ultraderecha en el gobierno, pero es necesario entender bien su lógica.

Conscientes o no de esta estrategia, la negativa de Pablo Casado a avalar una coalición de gobierno con Vox en la Comunidad de Madrid, si se diera el caso, puede no ser más que una nube de humo dentro de la ceremonia de la confusión a la que están jugando los populares. No obstante, Ayuso ha planteado una campaña para no perder ni uno solo de sus apoyos y además ser capaz de captar a aquellos votantes de Ciudadanos que andan camino de la formación de ultraderecha, que, como muestran estudios post-electorales de comicios recientes, no son pocos. Abascal se siente cómodo cabalgando el corcel de la demagogia, la mentira y la provocación, y sabe que hoy por hoy llegará más lejos así, a lomos de discursos incendiarios y de descalificaciones absolutas, que asumiendo la responsabilidad de gestionar lo público.