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Respuestas al debate sobre el papel del PSOE en la crisis catalana

La semana pasada planteé el debate sobre el papel que debe desempeñar el PSOE en la resolución de la crisis catalana. El partido socialista, por su posición moderada en la cuestión territorial, puede ser un apoyo fundamental para el Gobierno del PP. Planteé cuatro posibilidades, advirtiendo que eran solamente un pretexto para estimular el debate e invitando a los lectores a que especificaran otras opciones. Estas cuatro posibilidades eran las siguientes:

1. Ser leal al Gobierno de España en la crisis institucional y apoyar las medidas que adopte el presidente Rajoy.

2. Condicionar el apoyo al Gobierno de España a la marcha de las negociaciones con las instituciones catalanas y a la ausencia de excesos represivos como los del 1-O.

3. Intentar mediar entre los nacionalismos español y catalán planteando una reforma constitucional.

4. Defender la realización de un referéndum negociado y con garantías.

Algunos participantes apostaron por una vía no recogida en estos cuatro puntos, como una moción de censura inmediata al Gobierno de Rajoy, que tiene una gran responsabilidad en haber permitido que esta crisis haya llegado a un punto tan dramático.

En buena medida, el propio secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, en la misma mañana en la que aparecía el artículo (el pasado 11 de octubre), resolvió la cuestión anunciando el apoyo al Gobierno en la aplicación del artículo 155 y el compromiso del Ejecutivo de abrir un periodo de reforma constitucional. Los detalles del acuerdo entre el PSOE y el Gobierno los desconocemos, como es lógico, aunque irán saliendo a la luz con el tiempo.

La estrategia del PSOE, como han notado algunos participantes y como cabía esperar, no se ajusta exactamente a las opciones que yo enumeré. De hecho, la estrategia es una mezcla de los tres primeros puntos: hay un apoyo al gobierno del PP pero, a la vez, intenta mediar entre las posiciones intransigentes de PP y del bloque independentista planteando una reforma constitucional.

Muchos participantes han expresado una posición algo más audaz con la que coincido en buena medida. Consistiría en iniciar la reforma constitucional con la intención de poder dar acomodo legal a una consulta o referéndum en Cataluña (opciones 3 y 4). Más concretamente, podría plantearse una reforma constitucional que contemplase la celebración de una consulta o referéndum en una comunidad autónoma en caso de que el referéndum de ratificación de la reforma constitucional fracase en dicha comunidad autónoma. El mecanismo sería el siguiente: si la reforma constitucional es muy tímida, una mayoría en Cataluña podría rechazarla, en cuyo caso los poderes públicos autorizarían la celebración de una consulta en Cataluña sobre la independencia de aquel territorio. Ante esta posibilidad, el PP no podría dedicarse a vetar los cambios más profundos, pues si la reforma fuera sólo cosmética, se encontraría con el rechazo en Cataluña. En este artículo de hace ya algún tiempo explico con más calma cómo funcionaría una propuesta semejante.

En general, la propuesta de reforma constitucional suscita muchos apoyos, aunque, como acabo de decir, son también muchos los participantes que piensan que esa reforma debería incluir la posibilidad legal de realizar una consulta en una comunidad autónoma bajo ciertas condiciones.

En la cuestión en la que ha habido mayores desacuerdos y mayor confusión (aquí el debate entró en el registro tabernario, con afirmaciones demasiado tajantes y a veces ofensivas) es la relativa al alcance que deberían tener las negociaciones entre el Gobierno español y el Gobierno catalán.

Para muchos, no basta con que el PSOE apueste por la reforma constitucional. Esta llevará tiempo y es difícil anticipar su alcance, pues la derecha siempre tendrá capacidad de veto sobre el resultado final. El problema es que, mientras tanto, hay que ir tomando decisiones. Y el PSOE se ha alineado con el Gobierno en la aplicación del 155, lo que levanta la protesta de un gran número de participantes, quienes consideran que el PSOE debería haber exigido un margen a la negociación tras el paso atrás dado por Puigdemont en su comparecencia del 10 de octubre, cuando suspendió temporalmente la declaración formal de independencia. En lugar de aprovechar esa oportunidad para rebajar el conflicto y abrir una ronda de conversaciones, el Gobierno optó, con el apoyo del PSOE, por poner en marcha las condiciones que permiten aplicar el famoso artículo 155.

Aunque algunos lectores apoyan la tesis de que los partidos españoles no deberían negociar nada con los partidos independentistas mientras no se corrija la desobediencia institucional del Parlamento y del Gobierno catalanes, son más quienes creen que debe darse una oportunidad al diálogo antes de pasar a medidas que pueden producir un nivel de enfrentamiento aún mayor del que hemos visto hasta el momento.

Más allá de las porras y las togas

Me ha parecido especialmente agudo un comentario en el que se argumentaba lo siguiente: si el Estado, a través de diversos Gobiernos, ha negociado en varias ocasiones con una organización terrorista como ETA, ¿cómo es posible que, en la presente crisis catalana, no se haya producido todavía un encuentro, formal o informal, entre los dos Gobiernos para tratar de encontrar una vía que evite el conflicto abierto? Dicho de otra forma, ¿qué sentido tiene que, ante una crisis de esta magnitud, los dos principales responsables mantengan sus comunicaciones mediante “burofax”?

Precisamente porque el PSOE no está incidiendo lo suficiente en la necesidad de una salida negociada a la actual crisis, muchos le acusan de entreguismo al PP. El PSOE aduce, sin embargo, que ha conseguido desbloquear la reforma constitucional, un logro importante teniendo en cuenta que el PP ha mostrado una resistencia numantina a dicha reforma al menos desde 2004 (con la única excepción de la reforma del artículo 135 en agosto de 2011).

Para juzgar la capacidad del PSOE de influir realmente sobre el Gobierno de Rajoy será necesario dar algo más de tiempo. En una crisis tan incierta como esta, los juicios lapidarios están de más. Los riesgos para el PSOE son grandes. Si consigue arrastrar al PP a una reforma constitucional que dé un acomodo razonable a Cataluña, recibirá un reconocimiento generalizado. Pero si el PP traiciona su palabra y se limita a una estrategia represiva para romper el movimiento independentista catalán, negándose posteriormente a cambios profundos en la Constitución, el PSOE quedará en una posición muy desairada.

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