Desde la tramoya

¿Presos políticos?

El Gobierno ha cometido una torpeza de primera dando oxígeno de nuevo al victimismo independentista, tras los porrazos del 1 de octubre. Ahora los secesionistas, hasta hace unos días divididos, débiles, confundidos, pueden mostrar al mundo entero esos carteles llamando a la liberación de sus “presos políticos”, en las calles y los balcones catalanes. Ahora ellos pueden apelar a las instancias internacionales y rendir homenaje a sus dos primeras víctimas concretas: los dos jordis, Sánchez y Cuixart, líderes sociales del secesionismo catalán.

Por supuesto el Ejecutivo español no ha tardado en justificar la prisión provisional, como hace habitualmente. Cualquier Gobierno en circunstancias parecidas, sea autoritario o democrático, se aplicaría una liturgia similar. “Es una decisión judicial”, se dice, aunque todo el mundo sepa que los gobiernos pueden maniobrar para evitar o promover medidas de coerción en casos controvertidos como este: a través de sus fiscales, de sus legisladores, de sus abogados del Estado, de sus declaraciones y de sus propias decisiones ejecutivas. “No son presos políticos, sino políticos presos”, se añade. Se les supone en la cárcel por motivos estrictamente legales, no políticos. Tampoco en esto hay novedad. Hasta en Corea del Norte se apela a la ley para encarcelar a los disidentes. Ni siquiera Nelson Mandela fue reconocido como preso político por el Gobierno de Sudáfrica que lo encarceló.

Basta echar un vistazo al auto para ver de qué se acusa a los jordis y si pueden o no aludirse motivos políticos. El presunto delito es la sedición, es decir, el delito de quienes “se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones…” Si mañana la Plataforma de Afectados por la Hipoteca convocara a un tumulto de gente frente a una casa e intentara impedir la entrada de los funcionarios judiciales para ejecutar un desahucio, sus responsables podrían ser encerrados por presunta sedición, a poco que a un juez de instrucción le entraran ganas. Como podrían haber sido encarcelados quienes por la fuerza impidieron la entrada de los diputados catalanes al Parlament, obligando al propio Artur Mas a hacerlo en helicóptero. El propio Mas se rasgó entonces las vestiduras denunciando las formas de los manifestantes.

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Los jordis están hoy en prisión por el delito de haber alentado manifestaciones que obstaculizaban la acción de los funcionarios y la ejecución de decisiones judiciales y administrativas durante los días 20 y 21 de septiembre. Los mismos motivos por los que fue encarcelado Leopoldo López en Venezuela. Y si a mí me parece que Leopoldo López es un preso político, deduzco que también deben serlo los dos líderes catalanes. Claro que como a mí me parece que Venezuela era ya una dictadura cuando López se entregó y no me gusta nada Maduro y Leopoldo me parece un héroe, no tengo dudas en calificar al preso como “político”. Y, al contrario, como me parece que España es una democracia perfectamente madura, los dos jordis me resultan provocadores arrogantes, y defiendo la unidad de España, entonces por supuesto me resisto a llamar a Cuixart y Sánchez “presos políticos”. Pero reconozco mis propias trampas mentales. Y por mi trabajo me gusta identificarlas y entenderlas.

De manera que el concepto “preso político” es, por naturaleza, político, y por ello controvertido. La mejor definición es la que ha hecho el Consejo de Europa. Alguien es preso político si se le ha detenido violando la libertad de pensamiento, conciencia, religión, libertad de expresión o información, libertad de reunión o asociación. O si se la ha detenido por razones puramente políticas, sin conexión con ningún delito tipificado. O si la duración de la detención o sus condiciones son desproporcionadas. O si le detiene por motivos políticos de manera discriminatoria en comparación con otras personas. O si la detención es el resultado de procedimientos que fueron claramente ilegales por motivos políticos de las autoridades. Como se ve, la definición es tan concreta como ambigua. Para unos, los jordis entran perfectamente en la descripción. Para otros no.

Me sorprende que el Gobierno español no entienda esas mismas ambigüedades, esas mismas trampas del lenguaje, ese juego eterno de las percepciones que se configuran en la opinión pública. El error del Gobierno de Rajoy ha sido precisamente hacer que esa discusión –si los detenidos son presos políticos o no lo son– sea siquiera posible. En la política no se trabaja sólo con la verdad. Se trabaja con lo verosímil. La materia prima de la política son las definiciones alternativas de la realidad, pero que pueden ser igualmente veraces. No mienten quienes afirman que se ha encerrado a dos presos políticos. Tampoco mienten quienes dicen que se les ha encarcelado por atentar contra la ley. Lo importante es la fuerza que adquiere entre la población cada una de esas versiones de la realidad. En la batalla por la opinión pública mundial, ahora los independentistas están haciendo el trabajo de difundir la existencia de sus dos primeros mártires presos. Una posibilidad que el Gobierno no debería haberles regalado.

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