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Plaza Pública

El tributo al turismo

Felipe Domingo Publicada 22/01/2018 a las 06:00 Actualizada 21/01/2018 a las 14:52    
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Desapercibido, con la vorágine catalana por medio, el último Consejo de Ministros del año aprobó un decreto ley por el que ha actualizado los valores catastrales solicitados por 1.830 ayuntamientos  que, en la mayoría de ellos, se produce al alza. El Gobierno lo tenía incluido en la Ley de acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado, pero, como no ha logrado aprobarlos en plazo, ha recurrido de nuevo a un decreto ley, sin que la medida haya podido ser discutida en el Parlamento. La medida se justifica por el Gobierno porque contribuye a aportar estabilidad presupuestaria a las entidades locales que lo solicitan, ya que les permite cumplir con sus previsiones presupuestarias este año. Como del importe de los valores catastrales se originan los impuestos del IBI y de las plusvalías, la consecuencia es que estos impuestos incrementarán su cuota este año en miles de inmuebles.  Entre las capitales de provincia incluidas en la revisión se encuentran Valencia, Cádiz, Granada, Huelva, Badajoz, Logroño, Huesca, Lérida y Teruel.  Y como durante los años de la crisis económica se actualizaron al alza en capitales como  Almería, Málaga, Gijón, Avila, Burgos, Ciudad Real, Castellón, Guadalajera, Zaragoza y Madrid, se produjo entonces y se produce ahora lo que conocemos   como un “catastrazo”.

La financiación de los Ayuntamientos no desaparece de la actualidad. La necesaria reordenación de sus impuestos, tampoco. Ambas permanecen, unas veces, latentes y soterradas y otras, cual guadiana, salen a la superficie con fuerza. La intervención y control de las cuentas y gastos del Ayuntamiento de Madrid por el Ministerio de Hacienda para acomodarlos  a la Ley de Estabilidad Presupuestaria es un aspecto más, no cualquiera, de esta  problemática.

La prolongación y profundidad de la crisis económica han puesto de manifiesto las  incongruencias del sistema tributario municipal. La bonanza económica aportó enormes recursos a las arcas municipales, éstos se gastaron alegremente y sin  control,  con la crisis apareció el  déficit y la deuda, y si  los recursos financieros se han mantenido en estos tres últimos años, incluso con superavit,  y reducido la deuda, se ha debido fundamentalmente a  las subidas de impuestos, en muchos casos, injustos por exagerados. El informe de la Comisión de expertos para la revisión de la financiación local entregado  al Gobierno en julio señala: “El peso relativo de los impuestos en su financiación de los Ayuntamientos supone el 52,9% de sus ingresos frente al 38,1% de la media europea” y continúa, ”durante esta época de crisis, mientras los ingresos han aumentado a un ritmo muy elevado en comparación con los países europeos, se ha producido un fuerte descenso del gasto local en España (-7,7%). E insiste: ”Los recursos tributarios locales representativos (impuestos tradicionales, tasas y otros recursos tributarios) han crecido  en el periodo 2004-2015 un 64,6% y destaca la evolución del IBI que aumenta en este periodo un 136,1% pasando de recaudar 5.425 millones en 2004 a 12.807 millones en 2015”. Este aumento se ha producido principalmente en las grandes ciudades, pasando de media de 383 a 583 euros. Y lo mismo ha ocurrido con  el impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana ( la plusvalía), al liquidarse, como el IBI, por los valores catastrales.

Madrid es un ejemplo significativo del incremento que ha experimentado la plusvalía, desde el año 2012, sobre todo, la plusvalía que se liquida cuando se recibe una herencia al  entrar en vigor la actualización de los valores catastrales  que había solicitado  el entonces alcalde Ruiz Gallardón. Por el Real Decreto Ley 12/2012 de 30 de marzo, el Gobierno, con Ruiz Gallardón, ya como ministro de Justicia,  liberalizó este impuesto,  al dejar a  voluntad  de los Ayuntamientos la eliminación de las bonificaciones, que desde la Ley 53/1997 eran obligatorias “con el objetivo de aplazar en el tiempo el impacto derivado de las revisiones catastrales”. Y  el Ayuntamiento de Madrid, con Ana Botella de alcaldesa,  las eliminó  de inmediato y la  cuota se disparó entre  un 60 y un 90%.  Hasta qué punto preocupó el incremento de la plusvalía  que, criticada por la CEIM, el Ayuntamiento  la revisó en septiembre de 2013, aunque no entró en vigor hasta julio de 2014,  con el siguiente acuerdo de la Junta de Gobierno: “Con el objetivo de gravar en menor medida las transmisiones “mortis causa” en un periodo de crisis económica a la que se ha añadido la actualización de los valores catastrales tras la nueva ponencia, resulta aconsejable establecer los beneficios fiscales aplicables a éste”.

Aunque  solo estableció una graduación de bonificaciones, dependiendo del importe de los valores catastrales.  El actual equipo de gobierno del Ayuntamiento no ha modificado sustancialmente el tratamiento de este impuesto a pesar de las sentencias del TC, y sigue liquidando este  impuesto aplicando el método de cálculo que regía en la Ley de las Haciendas Locales declarado inconstitucional por el TC, y de numerosas sentencias de Juzgados contenciosos-administrativos. Se puede decir, sin ambages,  que la plusvalía, como reconocen muchos economistas y fiscalistas, es un impuesto herido de muerte. La misma Comisión de expertos estudió su supresión por ser un impuesto pluriimpositivo, lo que le acerca a la inconstitucionalidad, y, en numerosos casos, su cuota supera a los impuestos del  IVA y de ITP.

La Sala del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso  783/2016 ( sentencia 512 de 19 de julio de 2017) declara que “la liquidación de la plusvalía debe ser anulada, en cuanto que giraba en aplicación de preceptos expulsados del  ordenamiento jurídico ex origine, cuyo resultado no puede ser reexaminado a la vista de prueba pericial  para la que se carece de parámetro legal”. No existe fórmula legal de cálculo en estos momentos por la que acreditar si un inmueble se transmite con  pérdidas o  ganancias.

Según el Consejo General del Notariado se ha disparado el número de casos en los que este patrimonio se queda en manos del Estado al renunciar muchas familias a la herencia. Ha crecido, según el Consejo, en un 110% entre 2007 y 2012, a un 20% interanual.

Me atrevería a afirmar que los Alcaldes, tanto veteranos como noveles, y vamos para tres años de legislatura, están desorientados han dejado de lado la  imaginación y por eso lo mismo exigen que piden. Veamos. Los alcaldes y los magistrados del Tribunal Constitucional acordaron  reunirse en la misma fecha  aunque, claro está, por motivos distintos: El Tribunal Constitucional para firmar la primera sentencia contra la plusvalía, y ese mismo día,  16 de febrero, se reunían  los Alcaldes de Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, Zaragoza y Valladolid, entre otros,  y  reclaman al Gobierno “mayor autonomía para gestionar el superávit presupuestario que elevan a 5.000 millones en el año 2015” y “una reforma de la financiación local que levante las restrictivas reglas de gasto impuestas por el Gobierno español y les permita disponer libremente de ese superávit” (reclamación  desatendida, como conocemos  por Madrid). En esa fecha, los alcaldes se sentían felices con el superávit, aunque no nos decían de donde procedía. La felicidad acabó el 11 de mayo, cuando el TC dictó la segunda sentencia de aplicación a todo el ámbito territorial. De inmediato la Federación de Municipios y Provincias se dirigió al Gobierno “para que les compensase por las pérdidas que esa nulidad les va a acarrear”. Se pasó del orgullo al victimismo en tres meses. Por eso creo que es imprescindible una reordenación de los impuestos.

La propuesta más novedosa de la Comisión de expertos,  aunque no original, porque ya está impuesta en EEUU, Francia y Alemania y en España, en Catalunya e Illes Balears,  es la del tributo al turismo. “Se propone, dice el informe, la creación de un nuevo tributo ligado a las estancias turísticas”. Más bien, podrían haberle propuesto como “tributo al viajero”, dado que este tributo, a diferencia de los tributos del IBI y de la plusvalía que son impuestos reales, es un impuesto personal. “Cada minuto despegan 70 aviones de pasajeros en el mundo. Ahora mismo, mientras usted lee este artículo, más de 10.000 aeronaves surcan simultáneamente los cielos”, refiere Isidoro Merino. La Comisión de expertos lo justifica porque las estancias turísticas en establecimientos hoteleros son un signo inequívoco de capacidad económica, porque es razonable que los turistas ( y viajeros) contribuyan a la financiación de los servicios públicos de los que disfrutan (seguridad ciudadana, limpieza viaria, transporte público, etc) y para restablecer el impacto medioambiental que el turismo causa, (en esta época de tanta sequía, pensemos en el consumo de agua). A estas alturas del siglo XXI en que el movimiento de viajeros entre las ciudades y regiones  españolas es altísimo, el turismo mundial alcanza cifras milmillonarias, el número de turistas en España ha superado los 80 millones este año, discutir o negar la necesidad de este tributo al viajero y al turista, como lo han hecho muchos alcaldes y, entre ellos,  la alcaldesa de Madrid, demuestra ceguera y miedo por no saber explicarlo. Pocos viajeros van a renunciar a su proyectado viaje por este impuesto, más en estos tiempos de los viajes de bajo coste. Viajar en los tiempos del low cost, anglicismo tan popular, no impedirá a los viajeros echarse la mochila a las espaldas o hacer las maletas porque “ la curiosité”, que  a Cousteau le impulsó a explorar los mares y porque “viajar es vivir”, que dijo  el escritor danés Andersen, son los motivos que impulsan al homo mobilis  a viajar. El low cost ha democratizado y masificado los viajes, en otros tiempos, algo inalcanzable, raro y caro. Ni que decir tiene que hay también mucho  turista pudiente y  sibarita que se aloja en cinco estrellas  u otras mansiones que no van a protestar por que se les añada a su elevada cuenta un porcentaje más.

Este tributo refuerza las arcas municipales y ayuda a la financiación de los ayuntamientos. Sería un impuesto a plazos, repercutido a los viajeros en los 3, 4 ó 5 viajes anuales. El puente laico-religioso de diciembre, único en el mundo, de esta España nuestra en el que se han movido de un lado a otro  multitudes, lo atestiguaría. Los ayuntamientos pierden innecesariamente muchos recursos. Somos europeos, “mucho europeos”,  pero diferentes. Spain is different es una expresión olvidada, pero todavía actual. El impuesto sirve para la reordenación de los mismos y debe condicionar los incrementos continuos del  impuesto del IBI,  al que hay que incorporar urgentemente muchos inmuebles hoy día exentos, de los que la Iglesia católica y otras instituciones gozan sin motivo para que todos contribuyan a  cubrir las necesidades públicas. L  inmatriculación de 40.000 inmuebles en estos últimos años por la jerarquía católica supone que se  tache  a la institución católica  como un paraíso fiscal en el interior de un mismo territorio. Establecido este impuesto,  debiera condicionar, repito,  las subidas injustas por exageradas del IBI y del IIVTNU, tan protestado y discutido. Los “catastrazos” no son inevitables.
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Felipe Domingo es licenciado en Derecho.
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3 Comentarios
  • vaaserqueno vaaserqueno 22/01/18 16:50

    Un buen análisis de la situación. Es vergonzoso que se incida sobre los impuestos a un bien de primera necesidad como la vivienda. Un saludo

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    • Galias Galias 22/01/18 20:45

      Como autor del mismo, agradecido con tu breve comentario. No te quepa duda de que por ahí deben ir los tiros. Espero que algunos alcaldes/esas y sus ayuntamientos lo entiendan
      un saludo

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      • vaaserqueno vaaserqueno 22/01/18 21:46

        Breve porque después de tu exposición yo no me atrevo a cambiar ni una coma. Sólo puedo decir que me has convencido hasta en el tema del impuesto al turismo que no lo veía muy claro.
        Buenas noches

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