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Por una nueva política industrial tras el covid-19

Publicada el 06/06/2020 a las 06:00

La pasada semana sufrimos dos reveses en nuestra industria con los anuncios de Nissan y de Alcoa de prescindir de sus plantas en Barcelona y Lugo. Decenas de miles de trabajadores/as afectadas por sendas decisiones que se enmarcan en las estrategias globales de dos grupos multinacionales, en un momento particularmente delicado para España, inmersa en los efectos de la pandemia.

Las decisiones de Alcoa y de Nissan poco tienen que ver con la coyuntura política –como han sugerido algunas voces– y apenas colateralmente con la debacle económica provocada por el covid-19. Son decisiones estratégicas en un caso ligada al abandono de la producción de alumnio primario en nuestro país, y en el otro relacionada con un proceso de reestructuración a nivel mundial de la Alianza Nissan-Renault-Mitsubishi, en un reparto de la gestión de las diferentes áreas geográficas de negocio a escala global.

Ambos casos no obedecen a decisiones improvisadas y denotan la importancia de que España afronte una apuesta de país por desarrollar una política industrial. Pero para que esto no se quede en el catálogo de las buenas intenciones, debe afrontarse desde el realismo. Partimos de una situación de mucha desventaja: tenemos escasa base industrial, muy dependiente de decisiones exteriores, y con pocos márgenes y palancas financieras que puedan contribuir a implementar estas políticas industriales. No está de más entender por qué España es un país de estas características y, extrayendo consecuencias, reflexionar sobre qué elementos nuevos ofrecen una oportunidad, y así tratar de explotarla.

Primera transacción. Industria por fondos de cohesión. La colonización industrial de España

Ingresar en la Comunidad Económica Europea (CEE) conllevó para España importantes beneficios pero también importantes cesiones. La primera fue aceptar la consolidación de la ventaja competitiva industrial de las economías del norte, que se ha ido agrandando con cada crisis por la manera en como la UE las ha gestionado.

La cesión se hizo efectiva con la integración asimétrica de las empresas españolas en las cadenas de producción internacionales controladas desde centro-Europa y a través de una dura reconversión o liquidación. En coherencia, los responsables económicos de la época sostenían que la mejor política industrial era la que no existe.

Se llevó a cabo, como es conocido, mediante privatizaciones a precio de saldo y liberalizaciones de sectores. Pero es importante enfatizar que el fin de estas actuaciones no fue tanto mejorar la competencia entre empresas, sino de atraer capitales –sobre todo foráneos– con desregulaciones que aseguraban una alta rentabilidad.

En este proceso los sucesivos gobiernos españoles han aspirado a convertir España en un lugar atractivo en costes, sobre todo laborales, para que la industria centro-europea deslocalizara determinadas fases del proceso de producción, normalmente las situadas en el eslabón medio-bajo en la generación de valor añadido. La caída del muro de Berlín, cuatro años después de la firma del acta de adhesión de España a la CEE, trastocó estos planes ahora que los países del otro lado del telón de acero ofrecían una maquila todavía más cercana a los centros industriales.

La extensión y transformación del turismo como fenómeno de masas –en gran parte también foráneas– surgió de manera casi natural, como parte del modelo de especialización productiva internacional que se había aceptado con la entrada en la CEE, aunque con claros inconvenientes para España, dada su menor capacidad de generar riqueza en comparación con la industria y agravado por el modelo de turismo masivo y low cost que deciden los intereses privados, amén de su componente estacional.

Como compensación de esta primera cesión, España recibió de Europa ingentes cantidades de recursos a través de fondos estructurales, de cohesión y garantía de precios agrícolas que sirvieron para modernizar infraestructuras y la España rural, y facilitando la llegada de turistas y el comercio internacional. Sin embargo, un flujo todavía mayor de recursos salía todos los años de España hacia Europa por los abultados déficits comerciales de una economía que producía menos de lo que consumía e invertía.

Segunda transacción. Soberanía monetaria e insuficiente integración europea, por ladrillo y deuda

En 2002 comienza a circular el euro y la UE se transforma en una Unión Económica y Monetaria (UEM). Si ya tenemos un país industrialmente subalterno, ahora se cede la capacidad de devaluar la moneda y la posibilidad de acudir al banco central como prestamista de última instancia. Estas cesiones no son menores. La primera permitía reequilibrar la brecha competitiva cuando el déficit comercial alcanzaba un nivel insostenible, proporcionando un balón de oxígeno a la menguante industria nacional. Y la segunda servía para defender la deuda soberana de ataques especulativos manteniendo su coste en niveles sostenibles.

Las compensaciones debían consistir en un mayor proceso de integración europea tanto a nivel político como en materia fiscal y presupuestaria que debieran haberse concretado al menos en: 1) la promulgación de una Constitución Europea que quitase poder al Consejo y se lo diese al Parlamento Europeo, junto con una toma de decisiones por mayoría cualificada en lugar de la unanimidad, en asuntos hasta ahora bloqueados como el de la fiscalidad; y 2) tener acceso a financiación barata para impulsar el consumo, la inversión y, eventualmente, el desarrollo del país.

Estos pasos de mayor integración nunca se dieron de forma satisfactoria. Francia y Países Bajos rechazaron en 2005 la Constitución Europea en sendos referéndums y la segunda parte de la anterior crisis (2011-2013) demostró que la financiación barata no estaba disponible cuando más se la necesitaba, sino sujeta por el contrario a una dura condicionalidad. Solo al sector público español la insuficiencia de la política monetaria europea –entre la quiebra de Lehman Brothers y el “haré lo que haya que hacer y, créanme, será suficiente” de Draghi transcurrieron 46 meses– le supuso 19.000 millones más en primas de riesgo especulativas.

Si en la etapa anterior la crisis industrial se había compensado parcialmente con el desarrollo del turismo, en ésta se aprovecha el acceso a la financiación barata con tipo de cambio estable –lo que no había ocurrido simultáneamente hasta entonces– para generar un boom inmobiliario de dimensiones estratosféricas.

La escalada inmobiliaria se inicia con otra liberalización/desregulación –la del suelo–. España llegó a construir en un año más viviendas que todas las grandes economías europeas juntas, en un proceso de endeudamiento de los agentes económicos (básicamente privados) de colosales dimensiones. Otra década larga de canalización de inversión a sectores volátiles y de abandono de políticas industriales que consolidasen tejido productivo con perspectiva estratégica y de largo plazo.

Además, como es sabido, a partir del año 2010 en Europa se impusieron las políticas de austeridad con la excusa de evitar un riesgo de impago para que el coste de las malas decisiones tomadas en el sur no se trasladara al norte. Al final serían los ciudadanos del sur los que, paradójicamente, acabaran asumiendo un riesgo que no les correspondía. En efecto, España, por ejemplo, tuvo que cambiar su Constitución y deprimir aún más su economía hasta eliminar completamente el riesgo para el acreedor que conlleva toda operación de préstamo.

La transacción pendiente. Política industrial para una condicionalidad distinta

La pandemia del covid-19 ha desatado una crisis inédita, pues no es consecuencia de desequilibrios económicos al uso. Paralizar en mayor o menor medida las economías para evitar una propagación aún más letal de los contagios y la mortandad ha provocado la mayor caída de la actividad en tiempos de paz que hayamos conocido. Las respuestas en la Unión Europea a esta situación debían darse en parámetros sustancialmente distintos a los de 2010, y con todas sus deficiencias, así está siendo.

Se han habilitado distintos recursos sujetos a condicionalidad suave como son los del MEDE (solo sirven para financiar gastos sanitarios), el SURE (medidas de financiación de las prestaciones de desempleo), y el propio BEI para problemas de liquidez empresarial. La respuesta del BCE se ha dado de forma más decidida y mucho más rápida que en la anterior crisis, contribuyendo a no encarecer la prima de riesgo de nuestra deuda.

En estas próximas semanas se terminará de definir el Instrumento Europeo de Recuperación (IER) anunciado por Bruselas. A priori serán 750.000 millones de euros (2/3 partes en transferencias y el resto en créditos).

Más allá de la insuficiencia de la cantidad –teniendo en cuenta que a España se podrían asignar unos 77.000 millones en transferencias y otros 63.000 en créditos a 30 años, mientras se espera que nuestra deuda aumente en 250.000 millones en los próximos tres años– hablamos de cantidades muy relevantes.

Hay que tener en cuenta que no serán transferencias o créditos de libre disposición que permitan a los estados reducir directamente sus niveles de endeudamiento. Son recursos para que los estados miembros promuevan inversión pública o faciliten inversión privada dirigida hacia unos objetivos que se pueden agrupar en: salud pública, transformación del modelo económico hacia una economía verde y digitalizada –y su transición justa–, y por último objetivo la cohesión social. Bien utilizados podrían financiar una parte de los presupuestos nacionales.

Igualmente parece que la condicionalidad de estos fondos va a ser distinta a la planteada en el periodo del “austericidio. Las reformas estructurales que se recomienden en el Semestre Europeo que hasta ahora estamos conociendo se vinculan a inversión en transición digital y ecológica, a superar el déficit de innovación en las empresas, o fortalecer la respuesta del sistema sanitario.

Desde estas premisas, España debe preparar una respuesta/propuesta en materia de desarrollo productivo, industrial y sectorial, distinto a lo habitual. Se decía al principio del artículo que debemos hacer un ejercicio de realismo. Tenemos poca base industrial, subalterna de decisiones exteriores, y con un riesgo consecuencia combinada de estas dos variables citadas: quedarnos atrás en la implementación de los cambios tecnológicos que se determinen en las empresas que componen las cadenas de valor, de ámbito global. En un contexto político, no lo perdamos de vista, de renacionalización de decisiones-país y de posible “desglobalización” –a caballo entre la pugna EEUU-China y las consecuencias de la pandemia–.

No sirve el modelo del “qué hay de lo mío” en el que empresas, lobbys y administraciones se pondrán en fila para solicitar la parte alícuota de los recursos que pudieran liberarse de Europa.

España debe hacer un trabajo de prospección sobre qué sectores de desarrollo económico tienen más futuro, y en cuáles ocupamos una posición comparativamente buena y con potencial de desarrollo tractor de nuestro aparato productivo. La política de clusters, empleada en algunos momentos en partes de nuestro país ante crisis industriales (básicamente Euskadi) puede enseñar algunas experiencias positivas.

Tras ese trabajo de identificación de sectores tractores o, como en su día se denominaron, “clusters prioritarios” se trataría de poner en marcha espacios colaborativos entre instituciones asociadas, empresas de diverso tipo, centros de investigación, centros tecnológicos y agentes sociales, ligados por intereses comunes y complementarios.

Identificar problemas y retos comunes debiera ser el paso previo a determinar las medidas a financiar. De tal manera que con una perspectiva estratégica se impulsen inversiones que generen economía de escala y sinergias. Entre las formas de impulsar inversiones públicas, sería deseable priorizar aquellas que provean de bienes públicos que el mercado no facilita adecuadamente: hablamos de formación en un sentido amplio y como un proceso permanente que deberá adaptarse a los cambios en las cualificaciones y competencias requeridas en una perspectiva dinámica, infraestructuras digitales, internacionalización –sobre todo en el tejido de PYMEs que caracteriza a España–, investigación aplicada, etc. Y todo ello sin perder de vista las dos líneas trasversales que recorrerán las políticas de la Unión no solo a través de este IER, sino del Marco Financiero Plurianual de la UE: la digitalización de la economía y las transiciones a una economía de bajas emisiones.

España cuenta con otro déficit importante que es la falta de palancas financieras para afrontar muchas de las inversiones de maduración lenta que requiere un proceso de estas características. Lo que en su día debiera llevarnos a una reflexión sobre la necesidad de esa palanca inversora –¿el papel de Bankia y una banca pública?– a largo plazo.

Las consecuencias durísimas en términos económicos de la pandemia pueden romper, al menos parcialmente, las enormes resistencias de varios gobiernos europeos a una intervención de la Unión mucho más integrada. Romper la negativa alemana a un endeudamiento común europeo, que se devolverá entre 2028 y 2058 a través de los presupuestos plurianuales de la Unión, es algo cualitativamente relevante.

No pretende este artículo revisar desde el ventajismo ningún momento histórico, sin tener en cuenta las complejas situaciones precedentes. De “capitanes a posteriori” vamos sobrados en España. Los términos de incorporación a la CEE de España no se pueden deslindar de la incipiente consolidación democrática en nuestro país, y lo que en ese contexto significaba Europa. Menos defendible seguramente fuese la utilización del acceso a la financiación barata con cambio estable del euro, para impulsar una burbuja de sobre-endeudamiento anclada en una inmobiliaria, como una especie de doping económico que nos dejó una resaca de la que aún no nos habíamos recuperado totalmente.

Pretende esta reflexión llamar la atención sobre la importancia de salir de las “inercias-país”, y buscar formas de prospección, planificación y desarrollo de cambios en nuestro modelo productivo. La irrupción de una pandemia con tintes distópicos nos pone delante la opción de elegir “cómo hacer”. Intentemos hacerlo bien.

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Unai Sordo es secretario general de CCOO

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5 Comentarios
  • Fernandos Fernandos 06/06/20 12:12

    Unai, deberia de escribir en los periódicos mas a menudo, sus ideas pueden ayudar.

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  • irreligionproletaria irreligionproletaria 06/06/20 11:49

    Gracias Sr. Unai Sordo por un art imprescindible. Este magnífico digital, de información veraz, debería considerar el desarrollo de su contenido. Es obligado que la sociedad, especialmente trabajadora, conozca los términos expuestos para entender las consecuencias que padecemos.

    Mi pregunta abunda en el Ingreso mínimo vital (en adelante 'IMV') RDL-20/2020 de 29 mayo.

    - Gotemburgo noviembre 2017. Punto 14. "Toda persona que carezca de recursos suficientes tiene derecho a una renta mínima adecuada que garanticen una vida digna a lo largo de todas las etapas de la vida, así como el acceso a los bienes y servicios de capacitación. Para las personas que puedan trabajar, las prestaciones de renta mínima deben combinarse con incentivos a la (re)integración en el mercado laboral. [Recomendaciones del ámbito comunitario]

    - El Consejo de Ministros encargó a la AIReF la realización de un análisis s/prestaciones de rentas mínimas que materializacen los programas de rentas mínimas en España.

    - Iniciativa Legislativa Popular, propuesta por los sindicatos para el desarrollo del IMV.

    Apartado II del RDL 20/2020:
    "...el mecanismo articulado a partir del mandato que el art 41 de la CE otorga al Régimen Público de la SS para garantizar la asistencia de prestaciones suficientes ante situaciones de necesidad, asegura un nivel de rentas a todos los hogares en situación de vulnearabilidad con independencia del lugar de residencia, finalidad de la presente disposición, aprobando el IMV como prestación económina no contributiva..." (STC-37/1994, STC-65/1987, STC-32/1981)

    El Capítulo VI determina que, el régimen de financiación del IMV se realizará a cargo del Estado, mediante la correspondiente transferencia a los presupuestos de la Seguridad Social.

    Capítulo IX regula el régimen de control financiero de esta prestación.

    Disposición Adicional 3ª regula el crédito extraordinario en los presupuestos del Ministerio de Inclusión, S.S. y Migraciones para financiar el IMV en el ejercicio 2020.

    Considerar las Disposiciones finales 1ª, 2ª, 4ª, modificación del Texto Refundido de la LGSS, aprobado por RDL-8/2015, 30 octubre y consecuentes.

    Por todo lo expuesto,

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    • irreligionproletaria irreligionproletaria 06/06/20 12:01

      (Cambio pregunta por 'demanda')

      En la Declaración del IRPF, en el apartado que actualmente figuran Iglesia/Ayudas sociales, es de justicia que se sustituya por: "Seguridad Social/IMV"

      Somos ciudadanos, tenemos derechos, para que esos derechos sean efectivos, debemos sustanciarlos.

      Las iglesias e instituciones de caridad (hoy ong's y otras sin ánimo de lucro) que cada cual las financie como considere oportuno.

      Exclusivamente el Estado gestiona el erario mediante, los PGE, haciendo realidad esos DERECHOS.

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  • unlector unlector 06/06/20 10:29

    excelente artículo. Hasta yo lo he entendido casi todo.
    Sean como sean los planes económicos futuros, no perdamos de vista que el incremento del paro es imparable y exponencial. La tecnología nos reemplaza. Sectores y profesiones enteras irán desfilando una tras otra hacia su desaparición.
    A mi parecer hay que llevar a cabo un cambio de modelo histórico, sin precedentes, y que sea realista! La Humanidad ha trabajado y sigue trabajando duro para precisamente eso, 'quitarnos de trabajar'.

    Fortalecer el sistema industrial suena a panacea de creación de empleo, pero no me parece que será ni mucho menos así. Los robots "lucharán" por quitarnos puestos de trabajo. No me refiero a la rebelión de la IA conspiranoide sino a que los fabricamos para eso.

    Con más paro o jornadas reducidas, las industrias de la cultura y el ocio se van a volver imprescindibles en nuestras vidas para reocupar nuestro tiempo. Incluso habrá que educar seriamente hacia el ocio, y quizá la creatividad, y no tanto hacia producir.

    Gracias Unai Sordo.

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  • Alfonso J. Vázquez Alfonso J. Vázquez 06/06/20 09:06

    Esta caídad del empleo no puede tener otra solución que la reducción de la jornada laboral
    ESIMPREscINDIbLeDINAMIZAR LA DEMANDA y ésta exie un aumento del empleo que solo se producira si se reduce la jornada laboral
    Las empresas de hosteleria, que tienen un pesoelevado del salario sobre el costee de su oroducto están soportando un 70 % de reduccion de su clientela, cierto que cn perdidas, pensando en tiempos mejore. La reducci de l jornada laboral apenas le incrementaría el coste un 6-8 %pero le aumentaría lademand más de un 20 % que es el minimo paro que se va a producir si no se reduce la jornada laboral. Todos las pérdidas por IRFP no recibido por ese incrememento del paro, más todas ls perdidas por elincremento de lassubvenciones por desempleo más todos los beneficios percibidos por el incremento del iRPF con la desaparición del 20 % del paro, ¡reducido a cero %!, permiten ofrecer una financiacion a las PYME y autonomos que no cierren sus negoicos o las abran en el plazo de un mes. Bastaría animarles a que sigan abiertos si se les explican bien las bondades de este plan.

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