El CGPJ abre el melón de la carga de trabajo de los jueces y aprobará indicadores mínimos de rendimiento

Las más de 120 plazas vacantes que dejó el bloqueo por el PP de la renovación del anterior Consejo General del Poder Judicial ya están cubiertas. El Gobierno se ha comprometido a crear 500 nuevas unidades judiciales (a las que se sumarán otras 500 el año próximo), el mayor incremento jamás registrado, y se ha puesto de acuerdo con el Consejo para convocar las oposiciones y los concursos de méritos necesarios para seleccionar al nuevo personal –jueces de carrera y juristas de reconocido prestigio– que las ocupen. Una vez puestas en marcha esas dos empresas, el órgano de gobierno de los jueces pretende abordar la que se intuye como más delicada: regular la carga mínima de trabajo que cada miembro de la judicatura debe cumplir y medirla con criterios objetivos.

El único instrumento del que el Consejo dispone para requerir un rendimiento mínimo a los miembros de la judicatura es el disciplinario. Desde 2010 existe un indicador cuyo cumplimiento por los jueces y magistrados corresponde, en teoría, a 1.650 horas de trabajo anuales, lo que equivale a una jornada semanal de 37,5 horas. Dependiendo de la carga de trabajo de cada destino, esa es la cifra que sirve de guía para abrir expedientes disciplinarios y aplicar la correspondiente sanción en caso de bajo rendimiento del titular de cada plaza, como ocurrió recientemente con el presidente del Tribunal de Instancia de Palma y portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) Alejandro González Mariscal de Gante. También es la medida para, por ejemplo, nombrar jueces de refuerzo o autorizar a los titulares otras actividades (como la docencia, los seminarios, la preparación de opositores...).

Sin embargo, la medición del número de asuntos que soporta cada juez es equívoca, según fuentes del Consejo. En primer lugar porque el procedimiento de entrada de nuevos asuntos (demandas, denuncias, querellas, recursos...) incumple sistemáticamente las normas de registro, provocando que, en ocasiones se apliquen tres o cuatro números a un mismo procedimiento, según esas mismas fuentes, que aseguran que muchos órganos no recurren a las herramientas de las que disponen (de acumulación de procesos, por ejemplo) para aliviar la litigiosidad masiva. Pero, además, en algunas jurisdicciones como la civil o la social, gran número de casos acaban en desistimiento o en conciliaciones previas al proceso. La prueba es que de los 7,2 millones de asuntos resueltos en 2024, solo 1,8 millones terminaron en sentencia.

Uno de los retos que se plantea el Consejo es medir con exactitud el número de asuntos. Porque las estadísticas que maneja el órgano de gobierno de los jueces, procedentes de cada órgano judicial, no cuadran. Según esas cifras, el 75% de los 5.200 jueces que hay en España eleva el rendimiento de todo el cuerpo al 166%. Si este ultimo dato fuera cierto, según las fuentes consultadas, el número de causas pendientes tendría que descender necesariamente y no lo hace, al contrario: 2024 terminó con 4,5 millones de asuntos por concluir mientras que 2025 lo hizo con 4,6 millones. La "sobrecarga de trabajo", sin embargo, es una queja recurrente de la carrera. En los últimos años, al menos dos jueces han logrado que el Consejo les indemnice con varias decenas de miles de euros (más de 200.000 en uno de los casos) tras alegar patologías psiquiátricas derivadas del exceso de papel.

El primer paso hacia la regulación de las cargas de trabajo conforme a criterios objetivos se dio en el Pleno del Consejo del pasado 25 de marzo. Los 10 vocales del sector conservador, la presidenta Isabel Perelló y ocho de los 10 consejeros progresistas (otros dos se opusieron) sacaron adelante una reforma del Reglamento de la Carrera Judicial que permite al órgano de gobierno de los jueces establecer "indicadores mínimos de rendimiento saludable y de alerta" relacionados con factores como "carga de trabajo, presión organizativa, tiempos de respuesta, complejidad [de los asuntos] y demás elementos relevantes". El objetivo es que esos umbrales mínimos de trabajo, inicialmente previstos para asegurar la salud de los jueces, sirvan también como orientación para otras finalidades como refuerzos, responsabilidad disciplinaria e incluso la retribución por objetivos. El plan ya ha sido comunicado a las asociaciones judiciales.

Está por ver cómo aceptará la carrera ese nuevo sistema de medición del desempeño. Porque la función judicial da una extraordinaria libertad a sus miembros para decidir el trabajo que asumen, la cantidad de juicios y demás señalamientos que celebran e incluso el tiempo que pasan presencialmente en su órgano de destino. Muchos lo compatibilizan con actividades formativas (autorizadas o no) que les proporcionan algunos ingresos extra. En el Consejo dan por seguro que el nuevo Reglamento de la Carrera Judicial con estos cambios, cuando esté definitivamente aprobado, se recurrirá. Así que será la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo la que tendrá la última palabra.

En cualquier caso, fuentes del Consejo aseguran que, tanto conservadores como la mayoría de los progresistas y la presidenta, consideran que estas medidas, junto con el gran incremento de plantilla –500 unidades judiciales, el mayor en democracia– que aprobará el Gobierno en las próximas semanas, ayudará a aliviar el sobreesfuerzo que, según los últimos datos, afecta a 1.369 juzgados y tribunales (de los 4.223 que hay en España) y que se da de manera especialmente intensa en 452, la mayoría situados en las grandes capitales. También el secular atasco judicial. Según las estadísticas del CGPJ, uno de cada tres órganos recibe más trabajo del que debería, pero solo en uno de cada 10 la situación es especialmente grave.