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Educación

Los centros que segregan por sexo captan 70 millones al año de fondos públicos

Imagen de la Conferencia sectorial de Educación

Es una opción minoritaria, pero existe. Y en algunos casos está financiada con dinero público. En el curso académico que acaba de empezar, al menos 70 millones de euros saldrán de las arcas del Estado para financiar los 48 centros educativos que segregan a niños y niñas en clase en nueve autonomías. Todos mantienen un ideario educativo ultracatólico y gran parte están próximos a la órbita del Opus Dei. Madrid, que ha sido tradicionalmente el laboratorio en el que PP ha ensayado las políticas que luego exporta al resto de país, también lleva la delantera en este ámbito. Según un informe de UGT –a pesar de haberlos reclamado la Consejería de Educación no proporcionó a infoLibre los datos oficiales–, en la Comunidad hay doce centros que segregan por sexo que son financiados con algo más de 27 millones de euros de dinero público cada año.

"El PP lleva años financiando centros educativos en la Comunidad de Madrid que segregan por sexo y ahora intentan extender al resto del país este modelo educativo sexista y clasista que discrimina por razones de sexo, pero también económicas o sociales, a alumnos y alumnas", denuncian desde la Federación de Enseñanza del sindicato. La consejera de Educación madrileña, Lucía Figar, ha justificado en más de una ocasión estos conciertos con el argumento de la libertad de enseñanza que tradicionalmente ha defendido el centroderecha. "Los padres tienen derecho a elegir la educación de sus hijos", ha aseverado. 

En Cataluña el número de centros que segregan por sexo asciende a quince y su financiación anual supera los 23 millones de euros, según datos facilitados por ICV. Por el momento, su financiación está asegurada hasta 2014, aunque la voluntad del actual Ejecutivo parece ser la de mantenerlos. La consejera de Enseñanza, Irene Rigau, ha dicho en alguna ocasión que no ve "por qué no" deben mantenerse los conciertos si estos colegios "garantizan el éxito y son constitucionales". De hecho, esta voluntad de CiU se dejó ver hace sólo unos días en el Parlament. El grupo de ICV-EUiA presentó una propuesta de ley para modificar la Ley de Educación de Cataluña (LEC) para que sólo se pudieran concertar las escuelas privadas que garanticen la educación mixta. El texto fue tumbado por CiU y PP. "La LEC está redactada de una forma buscadamente ambigüa, defendemos la coeducación y no estamos de acuerdo con que haya que financiar con dinero público a centros que segregan, por eso presentamos esta moción", señala el parlamentario de este grupo Joan Mena.

En Euskadi hay cinco centros segregados que reciben cada año, según datos del departamento de Educación vasco, 9.88 millones de euros. Son los colegios Eskibel, Erain, Ayalde, Munabe y Gaztelueta. Los cuatro primeros pertenecen al grupo educativo COAS y todos están ligados al Opus Dei. En Galicia hay otros cinco –Aloya, Las Acacias, Montecastelo, Peñarredonda y Montespiño– que son financiados con 1,75 millones al año a pesar de que el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad declaró ilegales estos conciertos el pasado marzo. El primero de ellos, exclusivamente de enseñanza secundaria, está ligado al Opus Dei y el resto pertenecen a la empresa Fomento, una institución educativa vinculada también a esta congregación. Para este curso, a pesar de la sentencia judicial, la Xunta sólo ha dejado fuera de los acuerdos públicos a los alumnos que se matriculen por primera vez en los cursos iniciales de Primaria y Secundaria. En todos los niveles restantes se mantienen los conciertos. Según la Consejería el objetivo es “garantizar que el alumnado ya escolarizado no sufra alteración alguna en su trayectoria educativa y pueda terminar sus estudios en las mismas condiciones con las que los iniciaron”. 

Hay otros dos en Castilla y León –Pinoalbar y Peñalba, ambos de Fomento– y uno en La Rioja –Alcaste, del grupo COAS–. Los primeros obtienen 1,03 millones entre los dos y el segundo 1,09 millones. También hay dos colegios concertados que separan a niños y niñas en Murcia. Se trata de los centros de Fomento Nelva y Monteagudo. Entre los dos obtienen 2,2 millones de euros anuales.En la Comunitat Valenciana, pionera en 1999 en concertar de golpe los cinco centros educativos privados vinculados al Opus Dei que había en ese momento, hay otros cuatro colegios segregados vinculados a esta institución de la Iglesia católica con algún nivel concertado –Altozano, El Vedat, Guadalaviar y Vilavella–. Entre todos reciben 4,9 millones de euros cada año. En Navarra hay otros dos centros educativos que segregan por sexo y reciben fondos públicos –Miravalles-El Redín e Irabia–, si bien el Departamento de Educación de esta comunidad no ha ofrecido datos sobre el dinero que reciben. 

Aunque el régimen de conciertos se basa en los módulos económicos de distribución de fondos públicos para el sostenimiento de centros concertados que recogen los Presupuestos Generales del Estado, las cantidades son diferentes en las diferentes comunidades como consecuencia del número de unidades concertadas en cada centro y etapa educativa. 

El blindaje de la 'ley Wert' 

El proyecto de reforma educativa del Gobierno del PP blinda esta opción educativa a pesar de que varias sentencias del Tribunal Supremo señalan que la actual Ley Orgánica de Educación (LOE) no permite que se financien con dinero público. En estas se cuestiona no el modelo, sino que sea financiado con dinero público. La protección a estos conciertos en la nueva ley no es de extrañar si se tiene en cuenta que su principal impulsor, el ministro de Educación José Ignacio Wert, se ha referido a la escuela que separa por sexos como "una opción de libertad". Aunque el proyecto, que actualmente está en trámite parlamentario, recoge que "en ningún caso habrá discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social", añade que "no constituye discriminación la admisión de alumnos o la organización de la enseñanza diferenciadas por sexos". 

Tras el cuestionamiento que de este punto hizo el Consejo de Estado en un dictamen no vinculante, el Gobierno introdujo en el texto una cláusula por la que los centros educativos que segregan por sexo que soliciten financiación pública tendrán que justificar que su modelo es tan aceptable como el mixto. El órgano consultivo del Estado había reclamado que se exigiera "una justificación objetiva y razonable de la excepción general de la coeducación", a la vez que imponía a los centros medidas académicas a favor de la igualdad. No obstante, este punto ha sido criticado por los defensores de la coeducación y la enseñanza pública. 

La realidad es que la Ley Orgánica de Educación (LOE), actualmente en vigor, no se pronuncia claramente sobre este asunto. Detalla que en la admisión de alumnos no podrá haber “discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición". Y aunque en una disposición adicional establece que los colegios mixtos "serán objeto de atención preferente y prioritaria", en realidad deja el asunto en manos de las autonomías.

Defensores y detractores

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Entre los que defienden las bondades de la "educación diferenciada" y su patrocinio público, el argumento principal es su alto rendimiento académico. Se apoyan en que niños y niñas son distintos y maduran y aprenden a ritmos desiguales y la ventaja que, dicen, supone para ellos estudiar sin la presión del sexo opuesto. Señalan que evitar el contacto físico o social en las aulas entre ambos durante sus años más importantes de aprendizaje escolar y humano garantiza la "eficacia docente" y es "más justo" con los diferentes ritmos de maduración cognitiva. 

"Actualmente, muchos niños y niñas se sienten incomprendidos en unas escuelas que al considerarlos fungibles son incapaces de dar un tratamiento adecuado a sus peculiaridades conductuales, cognitivas y evolutivas", señala María Calvo Charro, doctora en Derecho Administrativo y presidenta de la Asociación Europea de Centros de Educación Diferenciada. "Los colegios diferenciados en España no son reminiscencias de un triste pasado en el que se minusvaloraba a la mujer. Son verdaderas escuelas de igualdad de oportunidades y respeto entre los sexos, donde se ayuda a niños y niñas a superar los estereotipos injustamente impuestos durante siglos por la sociedad a hombres y mujeres", amplía. 

En el otro extremo, Carmen Heredero de Pedro, presidenta del Observatorio de la Mujer de la Fundación Sindical de Estudios de CCOO considera que la escuela mixta es "la base a partir de la cual debe realizarse la coeducación". "Defendemos un modelo educativo que pretende la construcción de personas independientemente de su sexo. Sin estereotipos y que recogiendo lo positivo de uno y otro género imparta una misma educación integral a unos y a otras", señala. Una opinión similar expresan los profesionales agrupados en el Foro de Sevilla, un grupo de docentes opositores a la LOMCE de todo el país. Consideran que "la escolarización conjunta proporciona una socialización positiva e irrenunciable en una sociedad todavía marcada por la desigualdad de género".

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