Educación

Andalucía se rebela contra la financiación pública de los colegios que segregan por sexo

Adelaida de la Calle, consejera de Educación de la Junta de Andalucía.

La Junta de Andalucía está decidida a no consolidar los conciertos con los centros que separan a en clase a niños y niñas a pesar de que la reforma educativa impulsada por el exministro José Ignacio Wert –en vigor desde el 30 de diciembre de 2013– señala de forma expresa que esta opción educativa puede estar financiada con dinero público. En sendos escritos fechados el pasado 17 de febrero el Ejecutivo andaluz acuerda denegar a partir de septiembre de 2017 la financiación pública a los cursos de inicio de las diferentes etapas (infantil, primaria, secundaria y FP) en los ocho centros segregadores de ideario ultracatólico que están acogidos al régimen de conciertos en la comunidad.

El PP blindó esta opción educativa en su polémica reforma de 2013, que además garantizó el retorno de los conciertos a los colegios que los perdieron tras otras sentencias del Supremo que cuestionaron que fuera financiada con dinero público. Esas resoluciones, no obstante, se basan en una norma que ya no está en vigor, la Ley Orgánica de Educación (LOE), y que dejaba la decisión final en manos de las autonomías al señalar que los colegios mixtos serían "objeto de atención preferente y prioritaria".

La legislación actual recoge que "en ningún caso habrá discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social" en las escuelas aunque añade que "no constituye discriminación la admisión de alumnos o la organización de la enseñanza diferenciadas por sexos". De ahí que los tribunales, bajo el paraguas de este texto, hayan fallado a favor de mantener los conciertos tras los recursos formulados por los defensores de este modelo en los últimos años. Rafael Caamaño, secretario general de CECE Andalucía, asegura que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha dictado hasta cuarenta sentencias en este sentido. 

La Junta basa la negativa a estabilizar estos conciertos en los mismos fundamentos de derecho que ha esgrimido en los últimos intentos fallidos de acabar con este modelo. Señala que los ocho colegios afectados incumplen la Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza de la Unesco que España firmó en 1969 que, aunque no considera discriminatoria la práctica de los colegios que separan por sexo, sí establece que estos centros tienen que ofrecer "facilidades equivalentes de acceso a la enseñanza". Algo que no ocurre en estos centros, pues impiden la escolarización de parte del alumnado. 

Por otro lado, el Ejecutivo andaluz también alude al artículo 21 de su Estatuto de Autonomía, que señala que "todos tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a los centros educativos sostenidos con fondos públicos" y que "a tal fin se establecerán los correspondientes criterios de admisión, al objeto de garantizarla en condiciones de igualdad y no discriminación"; a las leyes de igualdad, tanto estatal como autonómica; y a varias sentencias del Supremo que establecen que la exclusión del concierto no perturba "ningún derecho constitucional de los padres, que conservan de libre elección de centro" que consagra la Constitución. 

Los defensores del modelo de educación diferenciada, por su parte, reclaman que esta opción se afiance manteniendo la financiación pública para "garantizar la pluralidad en el acceso a la educación". De hecho señalan que, con la ley en la mano, tienen las de ganar. "No entendemos que la Junta haya publicado órdenes idénticas sobre las que ya se han pronunciado los tribunales a nuestro favor", señala Caamaño, que recuerda que es inminente un nuevo fallo del Supremo sobre esta cuestión.

Gemma García, portavoz de la plataforma 'Mis padres deciden', que engloba a la comunidad de padres de alumnos de los centros andaluces que segregan en la comunidad, no descarta que la pugna que desde hace años mantienen familias y consejería pueda acabar de nuevo en sede judicial. "Nosotros cumplimos con los requisitos que establece la ley, la Junta está actuando únicamente en base a criterios ideológicos por lo que los centros ya han puesto el tema en manos de sus abogados", señala a este diario. 

Pacto educativo

Lo que parece claro, en cualquier caso, es que con la ley actual los conciertos a los colegios que segregan por sexo están blindados. No obstante, esto podría cambiar si los principales grupos de la oposición lograran imponer su criterio respecto a esta cuestión la negociación del pacto educativo que ya se ha iniciado en el Congreso. PSOE y Podemos han presentado sendas proposiciones no de ley al respecto. El PSOE pide que se modifique la LOMCE en este punto para poner fin a estos conciertos y Unidos Podemos reclama "llevar a cabo un plan consensuado con las comunidades autónomas y realizando todas las modificaciones necesarias para eliminarlos".

Ciudadanos, por su parte, dice no estar de acuerdo con este modelo que segrega a los alumnos y recuerda que "no existe ninguna evidencia científica" que lo justifique. No obstante, en la formación de Rivera apuestan por mantener los conciertos que ya están suscritos "para generar la menor disrupción curricular posible" y evitar crear a estos centros una situación de inseguridad jurídica, pero mantiene que su propuesta es que no se firmen nuevos acuerdos con este tipo de colegios.

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