La infanta afrontará como imputada un interrogatorio de unas 300 preguntas

Blindada por un cordón policial de dimensiones inéditas en una comparecencia judicial –200 policías–, la infanta Cristina afronta mañana sábado una prueba de fuego que pocos podían imaginar cuando hace apenas dos años y tres meses estalló el caso Nóos. La hija menor del rey se enfrentará como imputada a partir de las 10.00 horas a un interrogatorio muy largo, muy exhaustivo y sin temas vetados. Observadores del caso aseguraban anoche que el interrogatorio constará de no menos de 300 preguntas en total. 

Salvo sorpresa final, la hija del rey solo responderá al juez, al fiscal y a su abogado defensor. Muy posiblemente, cada uno de los tres cuestionarios incorporarán un centenar de preguntas. Tanto si baja la rampa en coche como si decide hacerlo finalmente a pie, la declaración, desde luego, no será de trámite. Como pidieron los letrados de la infanta, la declaración solo se grabará en audio, por lo que no habrá imágenes del momento en que, por primera vez en la historia del país, un miembro de la familia real declara como imputado ante un juez.

De antemano se presume que las mayores cargas de profundidad en forma de preguntas serán las que lance el juez. El magistrado, cuyas sospechas sobre la posible comisión de delito fiscal y/o blanqueo por parte de la infanta no son compartidas por el fiscal Pedro Horrach, se propone averiguar varios puntos esenciales para la causa.

Entre esos puntos clave destacan los siguientes: qué papel desempeñó Cristina de Borbón en la creación de Aizoon SL, la sociedad que comparte con su marido y a la que Instituto Nóos trasvasó un millón de euros públicos captados en Baleares y Valencia entre 2003 y 2006; qué grado de conocimiento y participación tuvo en la utilización de Aizoon como empresa pantalla para canalizar los ingresos personales que a Iñaki Urdangarín le generaba su cargo de consejero o asesor de diversas empresas privadas; y qué hizo o deshizo para que Aizoon asumiera como gastos empresariales aquellos que poseían un estricto carácter privado, como la reforma y decoración del palacete familiar de Pedralbes.

La infanta –y esa pregunta se da igualmente por segura– firmó junto con su marido el contrato por el que, como personas físicas, le alquilaron a su propia empresa parte del palacete de Pedralbes. Ese es uno de los gastos rechazados por Hacienda, que da por válidos los pagos que por conceptos ficticios por 69.900 euros hizo Aizoon SL en 2007 a Intuit SL, una de las empresas de Diego Torres, entonces todavía socio de Iñaki Urdangarín.

¿Preguntarán el juez o el fiscal a Cristina de Borbón sobre la discutida compra del palacete de Pedralbes? Escriturado en 5,8 millones de euros en octubre de 2004, para su compra la infanta recibió de su padre un "préstamo" de 1,2 millones que Urdangarín anotó como "donación" en los papeles que envió a varias personas que le asesoraban, entre ellos Isidre Fainé, presidente de La Caixa.

Es posible que alguno de ellos pregunte por ello pese a que el asunto quedó excluido de la investigación porque, incluso en la hipótesis de que fue una donación por la que nadie pagó a Hacienda, el delito habría prescrito. El préstamo o donación queda fuera del perímetro presuntamente delictivo que está sujeto a investigación. Pero averiguar cómo, cuánto y durante cuánto tiempo pagó la pareja por esa mansión –Urdangarín admitió hace un año que debía dos cuotas trimestrales a La Caixa– aparece como una cuestión relevante. De esos impagos nada más se ha sabido: La Caixa argumenta que no habla sobre operaciones de sus clientes.

"Cierre en falso"

El magistrado ya expresó hace un año su negativa tajante a "un cierre en falso" del caso. Y, aunque Horrach se sitúa en el polo opuesto y defiende a pies juntillas la inexistencia de delito en la actuación de la infanta, difícilmente pasará de largo por ninguna faceta del caso donde el silencio o la confusión pudieran dar bazas a los detractores de la imputada. Anticorrupción ya confirmó en noviembre que, aun sin considerar a la infanta responsable penal de ningún delito, le exigirá que devuelva la mitad del dinero ilícito ingresado por Aizoon. Y lo hará porque la considera partícipe del delito pero solo a título lucrativo. A falta de cuantificación final, el importe que la infanta deberá desembolsar ronda el medio millón de euros.

Quienes conocen a Castro y Horrach dan por hecho que cada uno de ellos, antes mitades de lo que parecía un dúo irrompible y ahora abiertamente separados por causa de la duquesa de Palma, acudirá al interrogatorio con un cuestionario estructurado, muy medido para evitar vaguedades y muy prolijo. Aunque la Audiencia de Palma ya tumbó en mayo de 2013 la primera imputación de la infanta y descartó que hubiera traficado con sus influencias, tampoco cabe descartar que deba responder sobre el porqué de su presencia en la junta directiva de Instituto Nóos, la rentable asociación sin ánimo de lucro que logró a dedo convenios por seis millones de euros en Baleares, Valencia y, de manera residual –120.000 euros–, en Madrid.

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Hace dos sábados, los peritos de Hacienda descartaron que Aizoon como sociedad hubiera incurrido en delito fiscal y esa versión no fue rebatida por el juez, lo que sin duda beneficia a la infanta. La inspectora de Policía que declaró ese mismo día también descartó la existencia de indicios de blanqueo de capitales. Y eso también le ayuda. Pero el juez sigue sin tener claro si Cristina de Borbón actuó no como autora directa pero sí como cooperadora necesaria de su marido para defraudar a Hacienda. La declaración del notario que escrituró la compra de Pedralbes Carlos Masiá, cobra así más importancia de la inicialmente prevista. Masiá declaró en noviembre que la infanta se incorporó a Aizoon SL en contra del consejo transmitido por él mismo al asesora legal de Urdangarín. Y que si finalmente lo hizo y se convirtió en propietaria al 50% de la sociedad fue solo para que su nombre y posición operasen como "escudo" frente a hipotéticas inspecciones de Hacienda.

Las acusaciones populares –Manos Limpias y Frente Cívico, la asociación ligada a Julio Anguita–, el abogado de Diego Torres, antiguo socio de Iñaki Urdangarín, y los demás abogados asistirán como convidados de piedra a un interrogatorio donde se presume que será el juez quien lance las mayores cargas de profundidad en forma de preguntas. También Anticorrupción se prepara para formular una larguísima lista de preguntas pero, a diferencia del juez José Castro, el fiscal Pedro Horrach sostiene que la infanta no cometió ninguno de los delitos atribuidos a su marido. Todas las partes consultadas dan por hecho que la declaración finalizará el mismo sábado. Eso es lo previsto. "Pero que nadie espere que esto acabe pronto", resumió este jueves un observador del caso.

Fuentes jurídicas entienden que el juez no aceptará la solicitud del fiscal Horrach para que la asociación ligada a Julio Anguita comparta "dirección letrada" con Manos Limpias. La abogada de esta última acusación se opuso a que Castro diera entrada en la causa a Frente Cívico, lo que apunta a una dificultad insalvable para obligar a ambas asociaciones a compartir estrategia jurídica, aseguran fuentes cercanas al caso.