El dilema de Rajoy: admitir un tercer supuesto o sacar adelante una ley con nulo consenso

Para Mariano Rajoy, la reforma de la ley del aborto ha sido un dilema desde antes de plasmarse en un anteproyecto de ley. Lo fue en 2011, cuando el Partido Popular desarrollaba el programa electoral con el que después ganaría las elecciones generales de noviembre. En un intento de reconciliarse con su electorado más conservador y con el ala dura de la formación que preside, incluyó la reforma de la ley de Zapatero. Esta decisión provocó tal revuelo en el PP que el programa sólo pudo recoger una mera enunciación de nula concreción en la que se prometía reformar la legislación en materia de interrupción voluntaria del embarazo.

También ha sido un dilema desde su llegada al palacio de La Moncloa. Su promesa no se plasmó en un anteproyecto de ley hasta diciembre del año pasado y al malestar interno en sectores del Gobierno y del partido se sumó un fuerte rechazo social, de las formaciones de la oposición y de asociaciones de mujeres. Fue aparcada temporalmente para que no interfiriera en las elecciones europeas. Y Ahora, a punto de ser remitida al Congreso de los Diputados, el presidente del Gobierno y el ministro de Justicia, responsable de la reforma, están ante el dilema definitivo: modular el anteproyecto con las observaciones de los informes de los órganos consultivos –este viernes se aprobó el del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)–el del Consejo General del Poder Judicial o presentar un proyecto de ley de escaso consenso. Fuera y dentro del PP.

Pese a que en el Gobierno ponen en valor que tanto el informe del Consejo Fiscal como el del CGPJ avalan la esencia de la reforma presentada por Ruiz-Gallardón en el Consejo de Ministros del 20 de diciembre, no pasa inadvertido que estos dos estudios han sido aprobados con discrepancias en el seno de sendos órganos. Así, el informe del Consejo Fiscal fue respaldado por 8 de sus 12 integrantes. El del órgano de gobierno de los jueces, por su parte, obtuvo 10 votos a favor, ocho en contra, 3 en blanco y, además, se emitieron cuatro votos particulares. Además, en el caso del CGPJ, fue imposible que los vocales votaran en el pleno extraordinario de este viernes un solo informe puesto que las ponentes, Carmen Llombart y Pilar Sepúlveda, no llegaron a un acuerdo para presentar un texto conjunto.

Malformación fetal

La principal crítica que ha cosechado este anteproyecto, que vuelve al modelo de supuestos de 1985, es la supresión de la despenalización del aborto en el caso de malformaciones fetales. Así, la ley que preparó Justicia sólo contempla dos supuestos: el de peligro físico o psicológico para la madre y el de violación. Y, recoge, dentro de este peligro para la salud psíquica, la posibilidad de que este "tenga su origen en la existencia en el feto de alguna anomalía incompatible con la vida". A esto se agarran en Justicia a la hora de señalar que tercer supuesto de la ley de 1985, el de malformación, ya está incluido en el segundo. Un argumento que, no obstante, a tenor del informe emitido, no sirve para el CGPJ.

El informe de la conservadora Carmen Llombart, el que ha concitado más apoyos por parte del órgano de gobierno de los jueces, pide precisamente que se recupere el tercer supuesto. "Esta indicación debería desligarse de que se produzca la afectación psíquica de la mujer". Es decir, que la interrupción del embarazo debería estar despenalizada en el caso de malformación fetal "incompatible con la vida".

De hecho, el CGPJ sugiere que "se podría haber optado por la redacción de esta indicación siguiendo la regulación prevista en el modelo de 1985".

¿Hasta dónde está dispuesto a llegar el Gobierno? Este viernes, en rueda de prensa, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, no quiso concretar nada en las dos ocasiones en las que fue cuestionada tras el Consejo de Ministros. Se limitó a señalar que se estudiarán los informes emitidos antes de dar luz verde a un texto definitivo. En privado, desde el Ejecutivo insisten en que el asunto de la malformación ya va incluido como daño psicológico y que lo que pide el CGPJ es que esto se refleje de una forma más precisa. No se descarta, pues, una modificación al respecto que, sin desvirtuar la esencia del texto, sirva para frenar, al menos, las reticencias dentro del PP y del propio Ejecutivo.

El principal problema de estrategia que se presentaría entonces para los conservadores sería cómo explican la marcha atrás en este aspecto después del empeño de los últimos meses, sobre todo del ministro de Justicia, a la hora de defender la supresión del tercer supuesto de la ley de 1985. 

En más de una ocasión, el presidente del Gobierno ha subrayado que la intención de la reforma era la de llegar al "consenso" de 1985, algo que hace pensar a más de uno en el PP que esta reforma podría suponer llegar a un texto prácticamente calcado al de antaño. ¿Para esto tanto desgaste?, se pregunta un destacado dirigente conservador.

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Los próximos pasos

La intención de Justicia es analizar el informe del CGPJ en los próximos días, cuando les sea remitido de forma oficial.

Los cálculos del Ejecutivo apuntan a que este proceso de modificaciones llevará, a lo sumo, 15 días. Por lo tanto, salvo cambios de última hora, se mantienen los plazos adelantados por infoLibre de que el Consejo de Ministros dé luz verde a este texto a finales de junio o principios de julio. De ahí, iría al Congreso de los Diputados y se iniciaría su tramitación. El verano hará que la aprobación de esta promesa electoral del PP no sea una realidad en este periodo de sesiones.