Jueces y fiscales progresistas se enfrentan a la reforma del enjuiciamiento criminal del Gobierno

Jueces para la Democracia y Unión Progresista de Fiscales han criticado este martes el anteproyecto de ley aprobado el pasado viernes por el Gobierno, que modifica la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Los colectivos lamentan que aspectos "fundamentales" de la reforma referidos a las carreras judicial y fiscal "demuestren, una vez más, el desconocimiento del Ministerio de Justicia sobre la organización y el trabajo ordinario de las fiscalías y juzgados".

A través de un comunicado, las asociaciones cuestionan aspectos de la reforma como que se modifique la denominación de imputado por el término "sujeto pasivo", ya que este cambio parece "obedecer a fines puramente estéticos tras sucesivas y bochornosas imputaciones de responsables públicos". Aunque la "novedad estrella" del anteproyecto es la limitación de la duración de las investigaciones sumariales o de las diligencias previas. "Éste es, sin duda alguna, uno de los puntos peor resueltos", según los colectivos, que entienden que esta cuestión parte de una premisa "falsa", puesto que la duración de un procedimiento "no depende de la sola voluntad del instructor, sino de la complejidad del delito y de los medios puestos a disposición para la investigación" y subrayan que "el nuevo proyecto desconoce la realidad diaria de los juzgados y fiscalías".

Los magistrados también apuntan que la reforma "pretende disminuir las estadísticas sobre el volumen de trabajo de los juzgados al establecer que los atestados policiales sin autor conocido no sean tramitados en sede judicial" y que, al mismo tiempo, "no se regula ningún sistema de registro de tales atestados, que deberían estar siempre a disposición de la autoridad judicial y del Ministerio Fiscal". Es por ello que los colectivos ven "imprescindible" la creación de una base de datos accesible a los órganos judiciales y fiscales para poder supervisar la actividad policial. "Además, resulta cuestionable la concepción en la que se basa dicha regulación, al apartar al Ministerio Fiscal y a la autoridad judicial de decisiones en materia de responsabilidad penal", subrayan. 

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Sobre la medida que permite al Ministerio del Interior o, en su defecto, el Secretario de Estado de Seguridad, ordenar escuchas sin permiso judicial en delitos graves, jueces y fiscales cree que ello "no respeta las debitas garantías". "Tal previsión legal, de dudosa constitucionalidad, atribuye exorbitantes facultades a responsables políticos, carentes de la debida garantía de imparcialidad", señalan.

Las asociaciones cuestionan también el denominado proceso por aceptación de derecho, que introduce un "nuevo procedimiento que puede perturbar la investigación judicial, al tiempo que no contempla la realidad de las fiscalías, y no supone ningún avance o mejora respecto a la eficacia práctica de los denominados juicios rápidos. Asimismo, consideran que el Procedimiento de decomiso autónomo, en el que la intervención del Fiscal se torna decisiva, tiene una regulación "confusa" y para la que "no se ha dispuesto medida de refuerzo o especialización alguna en las distintas fiscalías".

Por último, consideran que el hecho de que la reforma asigne a las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia la competencia para conocer de la apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por las Audiencias Provinciales, debería ir acompañada de una "profunda reflexión sobre la composición y forma de designación de los miembros de estas Salas, en las que se integran magistrados propuestos por los parlamentos autonómicos, así como sobre la posible ausencia en las mismas de especialistas en Derecho Penal".