Generalitat Valenciana

Ciudad de la Luz, la gran película del despilfarro valenciano

Valencia deberá recuperar las ayudas públicas ilegales que concedió a la Ciudad de la Luz

Sergi Tarín

Podría ser una de esas comedias toscas en las que nadie sabe qué hacer con el muerto. O un film de ciencia ficción con agujero negro de 320.000 metros cuadrados y más de 300 millones dilapidados. La Ciudad de la Luz se concibió en el año 2000 como el gran Hollywood europeo y se ha convertido en un monstruoso disparate urbanístico sobre una loma con vistas al mar a siete quilómetros del centro de Alicante. Una mole vacía desde febrero de 2013 por la que se desangran 20.000 euros diarios de presupuesto público.

“Es una ruina. El único futuro es la venta”, sostiene Eva Martínez, diputada del PSPV, quien ha tenido acceso a los expedientes del complejo. Pero vender no es fácil. El pasado mes de diciembre saltó a los medios un supuesto interés del director Francis Ford Coppola, después desmentido y más tarde matizado a través de otra hipotética oferta de CineMar Partners LCC, cuyo productor, Fred Fuchs, está relacionado con la empresa American Zoetrope, fundada por Coppola. El Gobierno valenciano también habla de propuestas asiáticas e inglesas, pero sin concretar. “Todo es un bluf”, opina Martínez, quien cree que al PP le conviene “generar una expectativa inexistente para tapar su pésima gestión”.

De hecho, la Ciudad de la Luz es un auténtico manual de malas prácticas políticas y económicas. Un idea del director Luis García Berlanga y que Eduardo Zaplana, entonces presidente de la Generalitat, retorció y deformó hasta el límite. Berlanga quería unos estudios asequibles en las naves abandonadas de Sagunto y con el apoyo de la industria del cine español. Y Zaplana ideó una obra elefantiásica más orientada al ladrillo que al fotograma. Y la situó en Alicante, epicentro de su poder político y urbanístico.

En aquella operación entraron los Enrique Ortiz y Vicente Cotino, promotores de cabecera del PP y procesados en la Gürtel, y se expropiaron a toda prisa, a través de un PAI, centenares de miles de metros cuadrados divididos en dos zonas. La primera se destinó a las naves y estudios del centro cinematográfico. Y no se escatimó en gastos: 275 millones. Ni en lujos: la garita de entrada costó un millón y la rotonda de acceso casi dos.

La segunda zona quedó a la espera de un desarrollo posterior con hoteles de lujo, bungalows y campos de golf. Pero los terrenos fueron pagados a precios irrisorios y muchos propietarios litigaron. En 2013 el Tribunal Supremo sentenció en contra de la Generalitat y le obligó a abonar 42 millones por las expropiaciones. Y también a devolver las tierras a sus dueños originarios a cambio de que estos reintegraran el dinero que recibieron en su día. “Un galimatías jurídico aún sin resolver y poco atractivo para posibles compradores”, constata Martínez.

Frente abierto

La gestión del complejo se asignó a dedo a Aguamarga Gestión de Estudios SL, empresa de García Berlanga, a través de un vericueto legal que permite adjudicar directamente a personas de reconocido prestigio y solvencia profesional. Y en 2004 se inauguraron los estudios. En aquel tiempo también se inició la lucha interna del PP valenciano entre Zaplana, que quería blindar su herencia, y el recién nombrado jefe del Consell, Francisco Camps, deseoso de implantar su liderazgo, más aún en territorio enemigo alicantino. La Ciudad de la Luz se convirtió así en un frente de batalla más con la figura de García Berlanga en disputa. Y cuando este murió, en noviembre de 2010, las tensiones llegaron a su punto álgido al negarse la Generalitat a pagar 1,2 millones a Aguamarga, que en diciembre de 2011 entró en concurso de acreedores.

Pero la peor noticia estaba por llegar. En mayo de 2012, la Comisión Europea, a partir de una denuncia de 2007 de la productora inglesa Pinewood, sentenció que la administración valencia había incurrido en competencia desleal al destinar dinero público a unos estudios que deberían haber sido construidos desde el sector privado. Y además con presupuestos desorbitados e inasumibles para cualquier empresa del ramo. El fallo obligaba a la Ciudad de la Luz, es decir a la Generalitat, a reintegrarse los 275 millones iniciales así como las ayudas destinadas a las productoras.

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Nepotismo

Herida de muerte, la Ciudad de la Luz promovió un ERE en agosto de 2012 que desveló buena parte de las miserias internas. Entre ellas el continuado despilfarro y nepotismo con la que había sido gestionada. Uno de sus directores, José María López Galant, cobraba 55.647 euros al año más 4.127 euros para dietas y desplazamientos. Rodríguez había sido concejal del PP y consejero del equipo de baloncesto Lucentum, que recibió un patrocinio de 300.000 euros de la Ciudad de la Luz. Y abonó 0,5 millones a Coppola por una conferencia. Su sustituta, Elsa Martínez, también fue concejal del PP. Asimismo Camps colocó a su profesor de tenis, José Luis Villanueva, y, anteriormente, Zaplana hizo lo propio con su preparador de pádel, Ignacio del Moral. También entraron a dedo Carmen Sánchez, cuñada de la entonces consejera Angélica Such, o Alejandro del Valle, exjefe de Policía de Valencia y hombre de confianza del expresidente de Les Corts, Juan Cotino.

Finalmente, en febrero de 2013 se celebró el último rodaje, el que hacía sesenta. Y en julio de 2014 Europa ratificó su dictamen. La Ciudad de la Luz ya era un cadáver. Un muerto que sigue generando pérdidas, ya que para este año se han presupuestado siete millones, uno menos que en el 2014. “Fabra no sabe cómo cumplir la sentencia y lleva dos años y medio paralizado, con la cabeza bajo el ala”, lamenta Eva Martínez, y se pregunta: “¿De dónde va a sacar los 275 millones?”. “Imposible”, se contesta Martínez, quien apuesta porque el PP ganará el tiempo suficiente para dejar “el marrón” para los que vengan tras la elecciones. Un legado putrefacto, en avanzada descomposición en el que la cerámica del Palacio de las Artes se cae a trozos, las naves de la Copa del América se derruyen para solares, el aeropuerto de Castellón sigue sin aviones o Terra Mítica se malvende por 67 millones tras una inversión inicial de 377. “Una autonomía de saldo”, resume Martínez. O el guión perfecto para una gran súper producción sobre la corrupción y el despilfarro.

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