Las familias de la vivienda derribada en un barrio de Madrid afirman que no fueron avisadas

Sin haber recibido la notificación previa de derribo, según los afectados, con ocho furgonetas de la Policía, una ambulancia del Samur y una excavadora despertaron este viernes a las tres familias que habitaban en el número 29 de la calle de Ofelia Nieto de Madrid, en el distrito de Tetuán.

Once personas, entre ellas un periodista gráfico y un activista del Sindicato de Estudiantes, fueron detenidas durante el desalojo a primera hora de la mañana y fueron trasladados a las dependencias de la Brigada de Información de Moratalaz.

La calle de Ofelia Nieto fue acordonada y cortada al tráfico por la Policía antidisturbios y municipal. Hasta la puerta de la vivienda se desplazaron una excavadora y un camión de recogida de escombros con orden de comenzar el derribo.

La expropiación de la familia Gracia González está abierta y recurrida en varios tribunales como el Superior de Justicia de Madrid y el Tribunal Supremo. Ya en agosto de 2013 se produjo un intento de desalojo y derribo que la fuerza vecinal logró parar.

El motivo de la expropiación es que la vivienda, en la que habitan tres familias con tres menores, era la única que quedaba sin desalojar dentro del "ámbito de planeamiento del distrito de Tetuán", una extensión de 17.450 metros cuadrados objeto de una "actuación integrada" que ha afectado a 19 fincas y a 30 titulares de bienes y derechos, y que ha supuesto el realojo de quince familias. Los propietarios de la vivienda había denunciado el motivo "ridículo" para derribar la casa, pues, a su juicio, se trata sólo de "6 metros cuadrados" que se interponen en la ampliación de una acera en la calle de Sánchez Preciados, con la que hace esquina la vivienda en el número 29 de la calle de Ofelia Nieto.

La propiedad de Ofelia Nieto, 29, pertenece a la familia, que construyó la casa de dos plantas y tres viviendas "con sus propias manos" hace más de 50 años, relataba Luis de la Cruz, amigo y vecino de la familia. 

Justiprecio de menos de 400.000 euros

El Ayuntamiento reclamó el territorio en el que se encuentran las viviendas en septiembre de 2012. Se inició entonces un proceso de negociación entre los propietarios y la Administración. Las tres familias desalojadas del número 29 de la calle Ofelia Nieto dormirán en casa de familiares pero no saben qué harán en el futuro, informaron a Europa Press. Ahora se repartirán entre las tres el justiprecio de la expropiación, que no llega a 400.000 euros.

El Ayuntamiento de Madrid aseguró que persigue el "interés público" en la expropiación para "ejecutar el planeamiento aprobado", tal y como recoge un informe de la Dirección General de Gestión Urbanística, al que ha tenido acceso Europa Press.

La solicitud de exclusión total o parcial de la finca de la expropiación fue desestimada en vía administrativa y judicial. Desde el Ayuntamiento apuntan que supondría tanto "la imposibilidad de la ejecución de la urbanización prevista, como el enriquecimiento injusto" de los titulares que, sin contribuir a los costes de urbanización, verían aumentada la edificabilidad de su parcela de 487,82 a 1.625 metros cuadrados.

El justiprecio de expropiación fue fijado en 399.123,69 euros frente a los casi 900.000 euros que pretendían los interesados. Esa primera cantidad, "cuyo cobro rehusaron los titulares el 14 de noviembre de 2015", está consignada a su disposición. Por parte de los servicios de la EMVS se han mantenido reuniones para ofrecer a los afectados viviendas para el realojo y se ha solicitado la documentación necesaria, que "nunca han aportado". También se ha citado a los afectados desde Servicios Sociales "sin que comparecieran", añaden las mismas fuentes.

Resistencia y desobediencia

Al final, cinco de los detenidos este viernes en el desalojo de la casa ubicada fueron puestos en libertad, mientras que los seis restantes pasarán la noche en calabozo para pasar a disposición judicial este sábado.

Según informaron a Europa Press fuentes policiales, aquellos que quedaron en libertad fueron acusados de resistencia y desobediencia, y tendrán la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sean citados. Los otros seis están acusados por atentado contra un agente de autoridad. Las siete primeras detenciones se produjeron a primera hora de la mañana después de que, según las mismas fuentes, arrojasen gasolina a la Policía durante el desalojo de la vivienda. Sin embargo, vecinos y activistas aseguraron a través de las redes sociales que no se trataba de gasolina sino de agua.

A media mañana se produjeron cuatro detenciones más tras una refriega con la Policía después de que activistas y vecinos se encaramaran a la grúa que finalmente tiró abajo la vivienda.

El Samur, por su parte, atendió a tres personas en el lugar de los hechos. Se trata de dos policías, con contusiones leves, y un manifestante, contusionado muy leve. Ninguno de los tres necesitó ser trasladado a un centro hospitalario.