Una plataforma anima a los dependientes a reclamar al Gobierno de Cospedal las prestaciones recortadas

Los miembros de la plataforma en defensa de la ley de dependencia de Castilla-La Mancha animan a los dependientes de esa comunidad a reclamar al Gobierno de María Dolores de Cospedal las prestaciones recortadas tras la entrada en vigor de la orden autonómica que, desde 2013, regulaba la aplicación en esa autonomía de la norma estatal. A saber: el catálogo de servicios de la ley, el acceso a las prestaciones, la compatibilidad de ayudas o las horas de atención. Y lo hacen alentados por un reciente fallo del Tribunal de Justicia de Castilla-La Mancha que determinó –tras una demanda de este colectivo– que esa norma es "nula de pleno derecho" porque durante su elaboración el Gobierno prescindió del del dictamen que debería haber elaborado el Consejo Consultivo autonómico.

Un defecto de forma tumba, por tanto, la norma esencial que rige la aplicación de la ley de dependencia en la comunidad castellano-manchega. A este fallo, según el abogado de la plataforma, Francisco Delgado, se pueden acoger ahora los perjudicados para "reclamar que se les restituyan sus derechos e incluso el dinero que hayan podido perder como responsabilidad patrimonial de la Administración". "Una sentencia de este tipo declara ilegal y nula la orden y, por tanto, tienen que desaparecer los efectos que se han creado a su amparo", añade en declaraciones a infoLibre. Para ello, según este letrado, los afectados tendrán que dirigirse por escrito a la Administración y no será necesaria la vía judicial. Lo ideal –señala– es que fuera la Administración la que hiciera estas revisiones de oficio, pero es una posibilidad que ve poco probable. 

De hecho, el Gobierno de María Dolores de Cospedal ya ha anunciado que interpondrá un recurso contra esta decisión judicial y que, no obstante, aprobará un nuevo decreto que solventará este defecto para que, según un comunicado, "las personas en situación de dependencia no pierdan ningún derecho". Delgado ve "prematuro" pronunciarse sobre qué hará la plataforma si el Ejecutivo finalmente interpone ese recurso, si bien dice esperar que lo hagan "con un poco de reflexión" y que "no intenten minimizar su error". "A ver si por apresurarse vuelven a hacer las cosas mal, ahora tienen la oportunidad de enmendar sus errores. Decir que van a aprobar otro decreto para que los dependientes no pierdan derechos es muy cínico", asevera. 

Grandes dependientes 

La plataforma en defensa de la ley de dependencia de Castilla-La Mancha animan a los dependientes de esa comunidad a reclamar al Gobierno de María Dolores de Cospedal las prestaciones perdidas tras la entrada en vigor de la orden autonómica que, desde 2013, regulaba la aplicación en esa autonomía de la norma estatal. A saber: el catálogo de servicios de la ley, el acceso a prestaciones, la compatibilidad de ayudas o las horas de atención. Y lo hacen alentados por un reciente fallo del Tribunal de Justicia de Castilla-La Mancha que determinó –tras una demanda de este colectivo– que la norma es "nula de pleno derecho" porque durante su elaboración el Gobierno prescindió del del dictamen que debería haber elaborado el Consejo Consultivo autonómico.

Un defecto de forma tumba, por tanto, la norma esencial que rige la aplicación de la ley de dependencia en la comunidad castellano-manchega. A este fallo, según el abogado de la plataforma, Francisco Delgado, se pueden acoger ahora los perjudicados para "reclamar que se les restituyan sus derechos e incluso el dinero que hayan podido perder como responsabilidad patrimonial de la Administración". "Una sentencia de este tipo declara ilegal y nula la orden y, por tanto, tienen que desaparecer los efectos que se han creado a su amparo", añade en declaraciones a infoLibre. Para ello, según este letrado, los afectados tendrán que dirigirse por escrito a la Administración y no será necesaria la vía judicial. Lo ideal –señala– es que fuera la Administración la que hiciera estas revisiones de oficio, pero es una posibilidad que ve poco probable. 

De hecho, el Gobierno de María Dolores de Cospedal ya ha anunciado que interpondrá un recurso contra esta decisión judicial y que, no obstante, aprobará un nuevo decreto que solventará este defecto para que, según un comunicado, "las personas en situación de dependencia no pierdan ningún derecho". Delgado ve "prematuro" pronunciarse sobre qué hará la plataforma si el Ejecutivo finalmente interpone ese recurso, si bien dice esperar que lo hagan "con un poco de reflexión" y que "no intenten minimizar su error". "A ver si por apresurarse vuelven a hacer las cosas mal, ahora tienen la oportunidad de enmendar sus errores. Decir que van a aprobar otro decreto para que los dependientes no pierdan derechos es muy cínico", asevera. 

Una orden injusta

Casi 34.000 dependientes podrían fallecer este año sin recibir prestación, según el Observatorio de la Dependencia

Ver más

La plataforma en defensa de la ley de dependencia de Castilla-La Mancha presentó el recurso basándose en el citado defecto de forma, si bien el objetivo era tumbar una orden que creen injusta en el fondo. "Esta orden a quien más perjudicaba es a las personas que más lo necesitan, a los grandes dependientes que son los que tienen más dificultades para vestirse, desplazarse o comer y necesitan más apoyo en su vida diaria... estas son las personas a las que obligaban a estar hasta tres años y medio esperando por una prestación que ya tenían reconocida", denuncia José Luis Sánchez Ocaña, presidente del colectivo y padre de dos hijos valorados como grandes dependientes.

"Ojalá el tribunal también hubiera entrado en el fondo porque habría dado al Gobierno de Cospedal un buen zarpazo", dice Sánchez Ocaña. "No obstante, esta sentencia nos ha generado una gran alegría porque supone el reconocimiento por parte de la Justicia de algo que llevábamos denunciando desde hace mucho tiempo", añade. La realidad es que este colectivo viene denunciando desde la aprobación de la orden –en agosto de 2013–las revisiones de grado de oficio que tienen como resultado dictámenes que reducen la valoración, pues el cambio en la valoración lleva aparejado una reducción en la asignación de fondos y un ahorro para la Administración que concede las ayudas. Y también que esta norma trajo consigo otros cambios como la exención del pago si el dependiente fallecía antes de obtener la resolución expresa del derecho a recibir la ayuda o la posibilidad de suspender la percepción de la prestación económica para ayudas en el hogar durante un periodo de dos años y medio

La plataforma, que ha escrito en hasta 56 ocasiones al consejero de Sanidad y Asuntos Sociales castellano-manchego, José Ignacio Echániz, y en cinco a la presidenta sin obtener respuesta, ofrece este sábado una rueda de en Madrid para valorar este fallo y explicar sus futuras acciones.