El PP nombró delegado del Gobierno al detenido en Valencia cuando ya se conocía su vínculo con adjudicatarios públicos

Serafín Castellano, hasta junio de 2014 número dos de Alberto Fabra en el PP valenciano y titular de Gobernación en la Generalitat, fue nombrado ese mismo mes delegado del Gobierno central cuando ya se conocían sus vínculos con dos empresarios a los que él mismo había adjudicado contratos multimillonarios durante su larga etapa como conseller en distintas áreas.

Ahora, y tras su arresto, el PP le ha suspendido cautelarmente de militancia. Y la vicepresidenta anunció a mediodía su destitución como delegado del Gobierno. A última hora de la tarde, la juez del caso dejó a Castellano en libertad con cargos y previa retirada del pasaporte.

Según fuentes jurídicas, el detonante de su arresto junto con otras ocho personas ha sido su relación con uno de esos adjudicatarios a los que estaba vinculado: el dueño de Avialsa, que durante el mandato de Castellano como conseller de Gobernación obtuvo 33 millones de euros en contratos para extinción de incendios. Avialsa no solo pagaba las cacerías en las que participaban ambos –el diario Levante destapó en agosto de 2013 gastos por casi medio millón–  sino que le regaló al político conservador un rifle semiautomático.

En la operación, que continúa abierta, ha sido también detenido el alcalde de Quartell. La Policía ha registrado el domicilio de Castellano en el municipio de Benissanó y la sede de la Conselleria de Gobernación. La detención ha sido ordenada por el Juzgado de Instrucción número 1 de Sagunt y efectuada por agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía. 

Fichado en 1999 por el entonces presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, Castellano es el dirigente a quien la noche de las elecciones del 24 de mayo se abrazó Rita Barberá para compartir con él su amargo lamento por los resultados del PP: “Qué hostia, qué hostia”. Hasta su detención de esta mañana Castellano había resistido incólume a varias denuncias periodísticas y judiciales por corrupción.

La esposa de Castellano

En marzo de 2009, el diario El País desveló cómo durante su etapa al frente de la Conselleria de Sanidad había adjudicado unas 200 obras a la firma Construcciones Taroncher y Asociados, que desde el año 2000 facturó siete millones a la Generalitat valenciana. La dueña de Construcciones Taroncher, explicó el citado diario, y la esposa de Castellano eran al menos en ese año de 2009 copropietarias de una finca en el municipio valenciano de Llíria y, además, compartían cuenta bancaria. 

Tres años más tarde, y en una entrevista concedida a ese mismo diario tras su nombramiento como secretario general del PP valenciano, Castellano se presentó como adalid contra la corrupción. “La norma general es que el que la hace la paga”, declaró en junio de 2012, como muestra el titular. 

Para entonces, Castellano ya había otorgado a Avialsa –la empresa que le pagaba las cacerías– dos contratos de 11,17 millones y 22,65 millones respectivamente, en 2008 y 2010, para gestionar el servicio de aviones destinados a la extinción de incendios forestales.

El asunto de la constructora Taroncher acabó en manos del Tribunal Superior valenciano (TSJCV), pero fue archivado porque los jueces entendieron que no se habían objetivado indicios de cierta consistencia o solidez sobre hechos constitutivos de infracción penal, informa Europa Press.

Seis adjudicaciones

En este caso fue la Asociación contra la Corrupción la que interpuso la querella contra Castellano, su mujer, el empresario José Miguel Taroncher y la esposa de este último, por presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, un delito de negocio y actividades prohibidas a los funcionarios y los abusos en el ejercicio de su función en relación a unas contrataciones supuestamente irregulares adjudicadas a Construcciones Taroncher por el exconseller desde los distintos departamentos por los que ha pasado en la Administración valenciana.

Esta misma asociación también le denunció siendo aún conseller por seis adjudicaciones que hizo a la empresa Over Marketing –investigada en el caso Palma Arena– y a Comunicación SL por 2.981.358 euros en su etapa en la Conselleria de Sanidad, entre los años 2000 y 2003.

El caso se judicializó en 2014 para investigar una posible malversación en los contratos firmados entre Sanidad y la empresa, y se admitió una querella contra dos ex altos cargos de Sanidad –secretario general y director general de Recursos Humanos– y una tercera persona cuya identidad no ha trascendido.

Según las denuncias formuladas sobre este caso por EUPV, la Generalitat adjudicó a esta empresa contratos por más de seis millones de euros entre 2002 y 2005 "en adjudicaciones a dedo de contratos menores o en concursos en que la oferta de esa empresa no era la más barata".