El PP pretende que con el 30% de los votos se pueda obtener la mayoría absoluta de concejales

El PP registró este miércoles en el Congreso su propuesta para reformar la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) en lo que se refiere a la elección de alcaldes y planteó, en concreto, un sistema que contempla la denominada prima de mayorías y también la convocatoria, en su caso, de una segunda vuelta. Su propuesta es que esa segunda vuelta se celebre si no hay ninguna formación que rebase el 30% de los votos.

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Rafael Hernando, anunció en rueda de prensa que el PP quiere que esta propuesta se analice en el seno de una subcomisión de la Comisión Constitucional del Congreso, un órgano al que los conservadores acudirán ya con una iniciativa concreta.

"Se trata de un sistema a dos vueltas con una prima de mayoría en para que gobierne quien gana y no quien pierde", resumió Hernando, quien también explicó que con esta reforma buscan "reforzar el principio de la gobernabilidad, la estabilidad y la representación", informa Europa Press.

Modificar el artículo 180 de la Ley Electoral

En concreto, en su propuesta [aquí en PDF] el PP defiende una nueva redacción del artículo 180 de la LOREG. Quiere que los partidos que ganen las elecciones municipales puedan lograr una prima de mayoría (es decir, una representación extra en el consistorio) si logran más del 35% de los votos y una diferencia de cinco puntos sobre la lista que queda en segunda posición.

Con esos resultados, esa candidatura "obtendrá automáticamente la mitad más uno de los puestos de concejal en el Ayuntamiento". Esa misma asignación de ediles, añade el PP, se producirá "cuando una candidatura haya obtenido la mayoría simple, haya superado el 30% de los votos válidos emitidos en la circunscripción", y se distancie, al menos en diez puntos porcentuales de la siguiente candidatura.

Si no se diera ninguna de estas condiciones se haría una segunda vuelta en la que concurrirían todas las candidaturas que hayan superado el 15% de los votos, una presentación que el PP considera "razonable". Eso sí, en este nuevo proceso electoral quedan "expresamente prohibidas las coaliciones o uniones de candidaturas".

En esa segunda votación se daría una prima de mayoría a la lista que se haga con la victoria con más de un 40% o siete puntos de diferencia sobre la segunda. También en este caso, a la lista mayoritaria se le adjudicaría "la mitad más uno de los puestos de concejal del ayuntamiento y los escaños restantes se distribuirán entre las demás candidaturas, en función de los resultados obtenidos por cada una de ellas en la primera vuelta".

El PP añade que cuando ninguna candidatura alcance en la segunda vuelta el 40% de los votos válidos ni logre siete o más puntos de distancia respecto de la siguiente, la atribución de los puestos de concejales se realizará siguiendo el mismo procedimiento previsto en el artículo 163.1 vigente de la Ley Electoral, "según el resultado obtenido en la primera vuelta". Además, deja claro que en ningún aso se tendrán en cuenta las candidaturas que no logren por lo menos el 5% de los votos.

Evita coaliciones "a espaldas de los vecinos"

Este sistema que plantea el PP garantiza la mayoría absoluta a la lista más votada, dificultando así los pactos que precisamente en las pasadas municipales les han desalojado de muchos consistorios. Se trata, dice el PP en el texto registrado, de garantizar que "quien gane con claridad las elecciones gobierne, evitando las negociaciones opacas al margen de la voluntad electoral y asegurando que los gobiernos municipales se sustenten en el respaldo mayoritario de los ciudadanos".

El propio Hernando afirmó que quieren evitar los pactos "en los despachos, ajenos a la voluntad popular" después de que en las pasadas municipales se haya visto que en algunos municipios como Pamplona gobierna un alcalde que solo ha logrado el 16% de los apoyos. "Este sistema permitirá que no haya coaliciones a espaldas de los vecinos", exclamó.

El PSOE y los "pactos de perdedores"

Hernando recordó que el PSOE ya incluyó en su programa electoral la doble vuelta y subrayó que si ahora ha "cambiado de opinión" tendrá que explicar por qué. A su entender, los socialistas no quieren este debate porque han "favorecido los pactos de perdedores" tras las municipales de mayo, "cambiando las ciudades como si de cromos se tratara".

El dirigente del PP dijo que el Grupo Socialista no puede "negarse" a este debate sobre la reforma electoral porque "tendrá muy difícil explicar que se niega". "Y los ciudadanos tomarán buena nota de cómo algunos engañan", aseveró, tras señalar que la doble vuelta está en su programa y que en su día Pedro Sánchez dijo que no pactaría con "populistas" y luego llegó a acuerdos con Podemos. "Madurez y sensatez", demandó.

Al ser preguntado si el Grupo Popular está dispuesto a aprobar esta reforma con sus 185 diputados en solitario, Hernando dijo que quieren hacerlo por "consenso" como se ha hecho en las 18 veces anteriores. "Pero no vamos a renunciar a iniciar el debate y los trabajos. Y es muy oportuno que se abra en estos momentos", enfatizó.

Calendario y fórmula de trabajo

El PP quiere que la creación de esta subcomisión [aquí la petición en PDF] se debata en alguno de los dos plenos previstos para el mes de agosto (sobre el tercer rescate a Grecia o el que se producirá a finales de mes con motivo del debate de totalidad de los Presupuestos). El objetivo es que a comienzos del mes de septiembre, este órgano ya puesta estar trabajando, según Rafael Hernando.

La subcomisión estará compuesta por dos representantes de PP y otros dos del PSOE mientras que los demás grupos tendrán uno cada uno. Los acuerdos se adoptarán por voto ponderado y para la realización del informe de la subcomisión podrán comparecer autoridades, funcionarios públicos, interlocutores sociales y cuantas personas "resulten competentes en la materia".

El plazo para culminar sus trabajos que plantea el PP es de tres meses desde su constitución, pero todo estará al albur de cuándo se disuelvan las Cortes por la convocatoria de las elecciones generales que se calculan para finales de noviembre o principios de diciembre.

El portavoz del Grupo Popular insistió en que se trata de una subcomisión "abierta", máxime cuando esta reforma para la elección de alcaldes puede conllevar la modificación de más de cuarenta artículos de la Ley Electoral. "Podemos hablar de todo", concluyó.

No es igual a gobernabilidad

El PSOE volvió a mostrar su rechazo a la iniciativa del PP, que vincula con "el miedo" que el partido del Gobierno tiene a perder las próximas elecciones generales. Su secretario de Política Federal, Antonio Pradas, recalcó en rueda de prensa en el Congreso que el PSOE no apoyará ninguna reforma de esa envergadura hasta que no pasen las legislativas y se constituya un nuevo Parlamento. 

Pradas juzgó que la presentación de esta reforma es algo propio de un Ejecutivo "atemorizado" y de un PP que ha visto que tras el 24-M "se le ha venido abajo todo el poder institucional". Tachó de "barbaridad" y de "poco talante democrático" plantear un cambio así ahora, porque la modificación de la LOREG debe ir acompañada de consenso, y ese nivel de acuerdo es muy difícil de lograr a pocos meses de unas elecciones. El dirigente dijo no entender la "prisa" de los conservadores, salvo que pretendan mantener vivo el debate de la reforma electoral y el gobierno de la lista más votada para las generales.

El secretario de Política Federal del PSOE reconoció que su partido sí incluyó en el pasado la segunda vuelta para garantizar la gobernabilidad, y en el próximo congreso ordinario, a principios de 2016, revisará su posición, pero remachó que una cosa es asegurar la estabilidad y otra el interés de un partido por intentar gobernar aunque no tenga mayoría suficiente para hacerlo. 

IU llama a la "rebelión" de los ayuntamientos

También rechazó la propuesta del PP el portavoz de Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) en el Congreso. José Luis Centella apeló a la "rebelión de los ayuntamientos" ante la "tropelía parlamentaria" y el "golpe institucional" del PP. Con esta iniciativa, denunció, "una persona no es igual a un voto" porque se prima al partido más votado, permitiendo que candidaturas con el 35% de los votos obtengan la mayoría absoluta en los ayuntamientos.

"El PP pretende conseguir con la ley lo que no consigue en las urnas, quiere dejar atado y bien atado algunas cosas antes de las elecciones generales que sabe que va a perder", denunció. Para Centella, el PP no ha sabido digerir la pérdida de feudos como los ayuntamientos de Madrid o Valencia, "cabeza visible" de la "unidad popular". 

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