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Corrupción

Libertad bajo fianza de 250.000 euros para el tesorero de CDC

El juez acuerda el ingreso en prisión sin fianza para el tesorero de CDC

infoLibre

La Audiencia de Tarragona ha decretado este miércoles libertad bajo una fianza de 250.000 euros para el tesorero de CDC, Andreu Viloca. La decisión responde al recurso que había presentado su defensa contra el auto de prisión.

En el auto, consultado por Europa Press, los magistrados señalan que la libertad de Viloca no supone riesgo de destrucción de pruebas, ya que reconoce que, en caso de querer llevarlo a cabo, ha tenido tiempo: "Resulta obvio, pero absolutamente cierto, que ha tenido la posibilidad de afectar a aquellos medios probatorios que hubiera considerado oportunos".

Considera además que el contacto con terceras personas que puede tener estando en libertad no pone en riesgo la investigación, porque apuntan a que en prisión comunicada también puede tener estos contactos.

Además, agregan que "el alto nivel de arraigo personal" de Viloca disipa la posibilidad de fuga, aunque el auto también le impone la retirada del pasaporte y la prohibición de salir de España.

Detenido por el supuesto pago de comisiones a CDC

Viloca fue detenido el 21 de octubre por diferentes delitos relacionados con supuestos pagos de comisiones ilegales a CDC a cambio de adjudicación de obra pública

Fue arrestado en la tercera fase del caso Petrum junto a media docena de empresarios catalanes, el director general de Infraestructures.cat, Josep Antoni Rosell, y el extesorero de CDC Daniel Osàcar.

La Fiscalía le atribuye seis delitos de corrupción

La agenda del tesorero de CDC desvela "reuniones sistemáticas" con las constructoras del 3%

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Tras su detención, los fiscales anticorrupción Fernando Bermejo y José Grinda solicitaron su ingreso en prisión sin fianza para evitar la destrucción de pruebas.

La Fiscalía atribuye indiciariamente a Viloca seis delitos relacionados con la corrupción: cohecho, prevaricación, financiación ilegal de partidos políticos, tráfico de influencias, alteración de precios en concursos o subastas públicas y blanqueo de capitales.

En la operación, la Guardia Civil registró la sede de CDC, el Consorci d'Educació de Barcelona, los ayuntamientos de Sant Fruitós de Bages (Barcelona) y Olot (Girona), las sedes de estas mercantiles, la de Urbaser y una decena de domicilios.

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