El fiscal ha rebajado finalmente en
tres años las penas que solicita para el constructor alicantino
Enrique Ortiz y cuatro empresarios más por un
presunto fraude fiscal de más de seis millones de euros. Así, de los cuatro años y medio de cárcel que solicitaba por los delitos contra la
Hacienda Pública y
falsedad de documento mercantil ha pasado a un año y cuatro meses al entender que
concurre la atenuante de reparación del daño.
Junto a Ortiz –que también está
investigado en otros procesos como Brugal o Gürtel– están acusados el presidente de Hansa Urbana, Rafael Galea, y los empresarios Vicente Pérez, Miguel Ballestar y Miguel Carratalá. Para Aurelio González Villarejo se ha sobreseído la causa por enfermedad.
Según informa Europa Press, el ministerio fiscal entiende que se ha dado la
atenuante de reparación del daño, después de que Ortiz y Carratalá abonaran
8,8 millones de euros correspondientes al dinero que reclamaba Hacienda. Asimismo, según ha explicado, al ser solidaria da igual quién haya efectuado el pago, pues
afecta a todos los acusados.
Conclusiones
Así lo ha manifestado en la quinta y última sesión de este juicio que se sigue en la sala de lo penal numero uno en la que las partes exponen su informe final de conclusiones.
Los hechos se remontan a 2005 cuando, según la Fiscalía, todos ellos se pusieron "de acuerdo" para obtener "un beneficio económico derivado de
causar un perjuicio a la Hacienda Pública mediante la
defraudación en los tributos que debían satisfacer".
Hansa alquiló en octubre de ese año
una decena de terrenos rústicos con una superficie aproximada de 300.000 metros cuadrados en la zona de la playa de San Juan a
Construcciones Villarejo y a Obras Asfálticas (Grupo Cívica, perteneciente a Ortiz) por un importe total de
tres millones de euros, que pagaron por adelantado para un plazo de
cinco años.
La Fiscalía entiende que aunque se abonó la mensualidad, los solares "nunca fueron usados ni utilizados para cualquier finalidad"
y sí que hubo un "
anticipo de una posterior operación mercantil de compra-venta de esos terrenos", a empresas del mismo grupo sólo seis meses después, ese contrato de alquiler permitió a las empresas aplicarse una Deducción por
Reversión de Beneficios Extraordinarios en el
Impuesto de sobre Sociedades al pasar de contabilizarlas como existencias a inmovilizado.
De este modo, la Fiscalía ha sostenido que las fincas debían ser clasificadas
como existentes y no como inmovilizado, ya que su intención era "vender" transcurrirán más o menos tiempo desde su adquisición; que los contratos eran "
falsos o simulados", ya que su objeto era "servir de amparo documental" a la inspección, que los terrenos
no se utilizaron mientras estuvieron arrendados y que no se reclamó el dinero abonado "por adelantado" a Hansa por parte de los arrendatarios.
El fiscal también planteó de forma alternativa que los hechos pudieran ser constitutivos de un
delito de estafa por simulación de contrato en vez de fraude fiscal, puesto que para ello basta el conocimiento para la apariencia de perjuicio a terceros. En este caso, pidió la pena de
nueve meses de prisión.
DS
09/07/16 20:21
Solo por lo del triquini le tenían que meter 40 años. Ya que por lo demás va a salir de rositas con la inestimable ayuda de la fiscalía. Como Al Capone.
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