La Fiscalía de Madrid ha interpuesto este lunes
un recurso contra el auto de la juez de Madrid Rosa María Freire, que la semana pasada concluyó la investigación sobre el borrado de los ordenadores del extesorero Luis Bárcenas, y propuso el procesamiento del PP como persona jurídica, según ha adelantado la Cadena Ser.
Por su parte,
el PP también ha recurrido ante la titular del Juzgado de Instrucción 32 de Madrid,
Rosa María Freire, el procesamiento de la formación, de su tesorera Carmen Navarro, del informático José Manuel Moreno y del abogado Alberto Durán, por la destrucción de los discos duros que
Bárcenas utilizaba en la sede del partido en la calle Génova de Madrid.
En un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, los populares defienden que en los ordenadores con los que trabajaba el que fuera su extesorero "
no existía información" y ponen de manifiesto que el propio
Bárcenas cambió en noviembre de 2012 el disco duro de uno de ellos, marca Apple, meses antes de abandonar su puesto y destruyó el antiguo.
Además, asegura que la información que proporcionó su antiguo empleado a la Audiencia Nacional contenida en un pen drive, que incluía su contabilidad
paralela "
podía estar manipulada", como pusieron de manifiesto los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) que la analizaron.
Borrado seguro
El PP insiste en que
aplicó de forma adecuada el Protocolo Informático de Borrado Seguro y destaca que el partido no dispone de uno sólo sino de más de 70 "implantados y en funcionamiento" que se han aplicado "a personas de distinto rango dentro de la formación".
"El Protocolo
existe, se aplica y es conocido por los técnicos que deben utilizarlo en su día a día", dice y agrega que "tiene un carácter normativo" dentro del partido. Añade, además, que los "usuarios" como Bárcenas, "no tenían por qué conocer" esta norma, que sólo manejan los técnicos.
La magistrada concluyó la pasada semana la instrucción y transformó las diligencias previas en procedimiento abreviado. Acusa al PP y sus empleados de la comisión de delitos de
daños informáticos y encubrimiento por destruir los portátiles "a conciencia mediante el sistema de borrado más drástico, el de sobreescritura de 35 pasadas y rallado hasta su destrucción física".
"Bárcenas miente"
En opinión de la formación,
la instrucción no puede darse por terminada y solicita la toma de nuevas declaraciones dirigidas a demostrar que "
Bárcenas miente" y desvirtuar "las falsas afirmaciones de que en los ordenadores hubiera dato alguno".
En concreto, pide a la magistrada que tome declaración al abogado Alfonso Trallero, que -asegura- estuvo en contacto con el representante legal del PP Alberto Durán para la retirada de los efectos que
Bárcenas tenía en la sala que
utilizaba en la sede de la Calle de Génova; y de cuatro empleados del partido, tres de ellos del Departamento de Sistemas de Información.
Asegura que si no reclamó estas declaraciones antes es porque considera "que
lo que procedía es el sobreseimiento" y porque estaba aún pendiente la resolución por parte de la Audiencia Provincial del recurso de una de las acusaciones contra la denegación de distintas pruebas solicitaba y otros presentados por el propio PP.
"Un mentiroso de éxito"
"Nadie tiene tan buena memoria
para ser un mentiroso de éxito", dice en referencia a
Bárcenas en otro punto del escrito, e intenta demostrar las contradicciones en la que incurrió el extesorero durante sus declaraciones ante la juez.
En concreto, se centra en el segundo de los ordenadores con los que trabajaba, un Toshiba Libretto, y asegura que
Bárcenas no lo utilizó hasta 1998 y no en 1996 como testificó, y que los primeros cuadros Excell con la contabilidad B datan de 1994.
El escrito también destaca los "graves errores" que la jueza instructora comete en su auto, en el que
equivoca los nombres del abogado del PP Alberto Durán y el de el expresidente de la ONCE y letrado que defiende al imputado Pablo Crespo, Miguel Durán.
También asegura que la juez confunde la causa que investiga el
caso Gürtel con la pieza relativa a los
papeles de Bárcenas y acusa al PP de un delito de encubrimiento cuando "con arreglo a la legalidad vigente"
las personas jurídicas no pueden ser investigadas por éste.
