Trillo será uno de los ocho letrados mayores del Consejo de Estado sin ningún cargo especial

"Yo lo primero que hice hace ya más de un año fue ir al Consejo de Estado a decir que volvía y que volvía a ocupar una plaza que es muy bonita, la de letrado mayor decano, que es lo que soy en este momento por antigüedad y, antes, por oposición". Así se pronunciaba Federico Trillo el pasado 5 de enero en una entrevista concedida a la Cope, justo después de conocerse el informe del órgano consultivo sobre el accidente del Yak-42. Una semana después, al comprobar que Mariano Rajoy avalaba el cambio de postura sobre este trágico accidente emprendido por María Dolores de Cospedal, el exministro de Defensa anunciaba su abandono inmediato de la Embajada de España en Londres y recordaba que su intención era solicitar el reingreso a su plaza de funcionario. Esta petición la ha cumplido "en los últimos días", según adelantó este miércoles infoLibre. Pese al empeño de Trillo en ligar a su plaza de letrado mayor la condición de "decano", este es un puesto que oficialmente no existe en el organigrama de la institución que preside José Manuel Romay Beccaría. El exministro será uno más de los ocho letrados mayores que tiene el Consejo de Estado.

Así lo confirman a este diario fuentes del Consejo de Estado. Se trata de un término, aseguran, que no se maneja en el día a día de la institución. En todo caso, una vez que se complete el proceso de reingreso, sí pasaría a ocupar el número uno en el escalafón de los letrados mayores en activo con plaza en este órgano consultivo. Así se desprende de la última memoria anual hecha pública, correspondiente al año 2013. El extitular de Defensa ha conservado su antigüedad al haber estado en situación de servicios especiales y disponía de un mes desde su cese efectivo para solicitar el reingreso. En caso contrario, habría pasado a situación de excedencia.

El puesto de letrado mayor decano no existe dentro de la estructura del Consejo de Estado, pero sí hay un primus inter pares entre los letrados mayores: el titular de la Secretaría General, que es nombrado por real decreto, es decir, por el Gobierno. Así figura en artículo 10 de la Ley Orgánica de la institución: "El secretario general será nombrado por real decreto entre los letrados mayores, a propuesta de la Comisión Permanente aprobada por el Pleno". En la actualidad, la secretaria general es Guadalupe Hernández-Gil.

En la misma entrevista en la que Trillo anticipó su intención de reingresar al Consejo de Estado, el exministro fue cuestionado sobre los rumores que apuntaban a que pretendía el puesto de Romay Beccaría. En su respuesta, recordó que hace cinco años también se dispararon esos rumores  y que habló con "quien puede decidir eso". "Yo en el Consejo de Estado estoy por mi carrera, por una oposición costosísima, durísima. No quiero nombramientos políticos. No estoy en el Consejo de Estado a dedo. No quiero nombramientos políticos", insistió.

Según ha publicado infoLibre, los asesores legales de la Asociación de Familiares del Yak-42 están estudiando posibles vías legales para impedir que el exministro de Defensa vuelva a ocupar ningún cargo público. Las alternativas jurídicas para ello son complejas. Los abogados de las víctimas valoran la posibilidad de reabrir el procedimiento penal, única vía para la inhabilitación, aunque reconocen que es una tarea "prácticamente imposible".

En los días posteriores a que el informe viera la luz, el ya exembajador declaró que en octubre de 2015 ya había solicitado el reingreso. En la institución señalan que nunca llegó una petición formal y que, en todo caso, esta no habría podido llegar hasta que fuese cesado de su puesto en Londres, como sí ha ocurrido ahora. El largo periodo de Gobierno en funciones bloqueó la renovación y la cobertura de vacantes en los servicios de España en el exterior.

La ubicación de Trillo en el órgano consultivo

Llegar a letrado mayor para quienes han aprobado la oposición de letrado en el Consejo de Estado es una cuestión de tiempo. "Esta condición se adquiere solo por antigüedad", destacan desde el órgano consultivo. Es lo que figura en el artículo 15 de la Ley Orgánica del Consejo de Estado: "El ascenso a letrado mayor se llevará a cabo entre los letrados por riguroso orden de antigüedad en el Cuerpo", puede leerse.

El reglamento del Consejo de Estado establece que los letrados desempeñarán las funciones de estudio, preparación y redacción de los proyectos de dictamen. Así, todos los letrados mayores y letrados están adscritos a las secciones de este órgano consultivo. 

Por ley, las secciones del Consejo de Estado son ocho como mínimo. Entre ellas se reparten el despacho de las consultas procedentes de los diferentes ministerios, los conflictos de autonomía local o las consultas de las comunidades autónomas. Por ejemplo, la sección primera se encarga de los asuntos de la Presidencia del Gobierno y de los ministerios de Exteriores, Hacienda y de la Presidencia. Además, despacha los asuntos relativos a conflictos en defensa de los ayuntamientos así como las consultas procedentes de las comunidades autónomas que no correspondan a ninguna sección determinada. Y a la segunda le corresponde el despacho de las consultas procedentes de los ministerios de Justicia y de Empleo y Seguridad Social.

Según el último organigrama público, el de 2013, el número total de letrados mayores es de diez. Una cifra que se reduce a ocho, el número exacto de secciones, si se excluye a Federico Trillo y a Jorge Rodríguez-Zapata Pérez, ambos hasta ahora en situación de servicios especiales.

Los próximos plazos

Recién llegada al Consejo de Estado la solicitud del exministro de Defensa de reincorporarse a su plaza, la institución debe comprobar que toda la documentación presentada es correcta. A partir de ahí, una vez aprobada la reincorporación, la Comisión Permanente debe estudiar en cuál de las secciones, por su formación y especialidad, puede encajar mejor. El reingreso de Trillo implica que ocupe la plaza reservada a los letrados mayores en alguna de las ocho secciones porque es un derecho que va ligado a su plaza y a su antigüedad. Si no hubiera ninguna vacante por jubilación de ahora al momento de su regreso, el último letrado mayor en ascender a esta categoría descendería, sería desplazado a letrado y perdería su sección correspondiente.

¿Compatibilizará Trillo esta tarea con la actividad privada? Esta fue una de las preguntas que el exministro contestó en la entrevista que concedió cuando se conoció el informe del Consejo de Estado que echaba abajo su gestión de la tragedia del Yak-42. Su respuesta fue la siguiente: "Si luego me derivo otra vez al despacho o me derivo a alguna otra cosa... pues ya se verá. Pero los que tenemos una carrera administrativa, una gran carrera, en este caso la de letrado del Consejo de Estado, tenemos que consolidarla".

Los negocios privados de Trillo

Los negocios privados de Trillo supusieron un dolor de cabeza para Mariano Rajoy en su primera legislatura. El 22 de abril de 2015 el periódico El País, en una investigación sobre las empresas beneficiadas por los parques eólicos en Castilla y León, desvelaba que el exministro y el diputado Vicente Martínez-Pujalte habían cobrado de una constructora especializada en obra pública mientras eran diputados en legislaturas anteriores.

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La alarma, según la citada información, había saltado en la Agencia Tributaria. En el caso del exministro, había cobrado 354.560 euros entre los años 2006 y 2008. Martínez-Pujalte, por su parte, se había embolsado 75.000 en poco más de un año, entre otoño de 2008 y 2009. Los canales para el cobro de estas cantidades fueron los despachos de asesoría con los que ambos compatibilizaban sus actividades parlamentarias.

Los afectados y la empresa a la que prestaron servicios —Grupo Collosa, uno de los beneficiados por los parques eólicos— defendieron que sus trabajos consistieron en un asesoramiento "verbal" y que en ningún caso las tareas que realizaron para esta firma tuvieron que ver con obra pública.

Por estas fechas, Trillo sostuvo que el Congreso de los Diputados esta estaba al tanto de que desarrollaba actividades para su empresa, Estudio Jurídico Labor —tenía el 70% de las acciones—, y contaba con autorización.