Dos informes oficiales sostienen la acusación contra el presidente de Murcia

El presidente de la Región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez (PP), declara este lunes como investigado por los presuntos delitos de prevaricación administrativa continuada, fraude contra la administración pública, falsedad de documento oficial y malversación de caudales públicos al aceptar la entrega de un Auditorio en el municipio de Puerto Lumbreras cuando no estaba acabado.

El pasado viernes Sánchez hizo público su convencimiento de que el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Murcia que le interrogará, Julián Pérez Templado, acordará su desimputación exprés, algo que le permitiría ganar tiempo hasta que el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco decida enviar al mismo TSJ murciano la exposición razonada por la pieza separada de Murcia de la Púnica, en la que se le atribuyen al mandatario del PP otros tres delitos: fraude, cohecho y revelación de información reservada.

Para convencer al magistrado del TSJ de Murcia, que ya exoneró al propio Sánchez en un caso previo sobre los pagos de su vivienda, el presidente murciano cuenta con dos informes encargados por el arquitecto Martín Lejarraga Azcarreta, uno de los principales investigados en el caso, a una consultora privada, y que el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, también del PP, ha aportado recientemente al instructor.

Sin embargo, la acusación encarnada por la Fiscalía Anticorrupción, que este lunes representarán el nuevo fiscal superior de la Región de Murcia, José Luis Díaz Manzanera, y el delegado de Anticorrupción en esta Comunidad, Juan Pablo Lozano, cuenta con dos informes independientes que apuntalan la acusación iniciada por el ex fiscal jefe Manuel López Bernal.

Se trata de un primer informe, de diciembre de 2014, encargado por la Fiscalía Anticorrupción al arquitecto del Colegio Oficial murciano Andrés Checa. Y en el mismo, este perito concluye que el perjuicio económico sufrido por el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras –entonces encabezado por el propio Pedro Antonio Sánchez– al aprobar un modificado de la obra fue de 2.278.421 euros.

El perito, que asegura que los 6 millones de euros que recibió Sánchez eran una suma "suficiente para acabar la obra", que constaba del auditorio con tres edificios y un sótano para destinarlo a aparcamiento, destaca que desde la primera certificación de la construcción hasta la 17, se certificó en todo momento un 38% más: "Es quizás a partir de la certificación número 18 cuando existe la certeza de que no va haber más dinero y entonces se trabaja con el modificado, posteriormente aprobado, que intenta legalizar las irregularidades y el desfase económico existente respecto a la obra contratada hasta ese momento", especifica el dosier, al que ha tenido acceso infoLibre.

El informe independiente del arquitecto indica que las certificaciones  que van de la primera a la 17 "añaden erróneamente al importe de la obra ejecutada [...], otros costes por gastos generales (13%) y beneficio industrial (6%), e incluso el IVA (16%) correspondiente, por lo que los certifica dos veces. Por ello, en todas ellas se certificó un 38'04% más del importe contratado".

Además, el perito es muy claro al respecto de la actuación de Pedro Antonio Sánchez como alcalde: "Cuando el 20 septiembre de 2001 se firma el acta de recepción de las obras del Teatro-Auditorio y Edificio Polivalente (Pabellones de Danza-Música, Exposiciones-Congresos, Bar-cafetería y Sótano-Aparcamiento) por parte de la dirección facultativa, empresa constructora y Ayuntamiento, las obras del Edificio Teatro-Auditorio se encontraban sin terminar, con una obra ejecutada al 61'96%, y por tanto obra no completa y sin posibilidad de uso y utilización".

Y por eso, el perito concluye: "El Ayuntamiento, al aprobar el modificado al proyecto, acepta las irregularidades existentes e intenta legalizar la situación actual del edificio, en que habiéndose certificado y abonado la totalidad del presupuesto de remate de la obra contratada para la construcción de un teatro auditorio, ésta se encuentra sin terminar y ejecutado al 61'96%".

Además, el documento asegura que en su estado actual no puede ser utilizado, "no puede considerarse obra completa, e incumple el artículo 58 del Reglamento General de Contratación del Estado".

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El segundo informe con que cuenta la Fiscalía Anticorrupción para acusar a Pedro Antonio Sánchez de los cuatro delitos es un documento realizado en septiembre de 2016 por la Intervención General del Estado (IGAE), un organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, cuyo titular es Cristóbal Montoro.

Los funcionarios de Hacienda confirman las irregularidades detectadas en el trabajo del perito independiente Andrés Checa, e incluso aseguran que el Consistorio encabezado por Pedro Antonio Sánchez no debería haber aceptado la obra en esas condiciones: "Teniendo en cuenta que, debido a la aprobación del proyecto modificado, la obra no era completa se considera que no debería haberse firmado el acta de recepción de forma favorable".

Los inspectores van más allá en sus conclusiones, y acusan al Ayuntamiento de haber cometido "una multiplicidad de incumplimientos en la justificación de la subvención y en particular en la comunicación de las certificaciones al ritmo de la obra, del pago irregular de las mismas. No se conoce las razones por las que la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM) no solicitó el reintegro de la subvención en estos incumplimientos".