Estibadores

La patronal de la estiba propone ayudas públicas para pagar "el 100%" del recorte del empleo

Un momento de la reunión de representantes de la patronal y de los sindicatos de los estibadores.

No todo es desacuerdo en la negociación entre la patronal y los estibadores. Hay elementos que generan consenso en esta crisis, como que el Estado –más concretamente su dinero– debe formar parte de la solución. El principal objeto de discrepancia entre patronal y sindicatos, la garantía del mantenimiento del empleo, sigue sin resolverse. Con las espadas negociadoras en todo lo alto, ahora mismo es imposible pensar en un acuerdo que contente a todas las partes, o al menos no deje a alguna totalmente insatisfecha, que no pase por el desembolso masivo de dinero público. La patronal Anesco, principal defensora de la liberalización del sector, ha sido la última en fijar los términos de la implicación que debe asumir el Estado, al recoger en su propuesta un plan de ayudas públicas que abarque jubilaciones forzosas y bajas voluntarias para cubrir "el 100% de las necesidades de adaptación del empleo".

El propio decreto del Gobierno tumbado el jueves ya incluía que serán los puertos públicos los que paguen el coste de las indemnizaciones por despido, unos 300 millones de euros, una medida que la propia Comisión Europea tendría que evaluar si se aprobase por si vulnera las reglas comunitarias sobre ayudas estatales. El Ministerio de Fomento pretende que las estibadoras que ahora cargan con plantillas con salarios altos se adapten cómodamente a liberalización del sector y compitan con las que se vayan incorporando más ligeras de costes laborales, por ejemplo a través de empresas de trabajo temporal (ETT). Es decir, que se pueda despedir sin pagar. Así se mitiga una preocupación de las empresas estibadoras. A saber: que, una vez abierto el mercado, no puedan competir con nuevas compañías que lleguen a los puertos a cargar y descargar con mano de obra más barata.

Yendo más allá de su propio decreto, el Ministerio de Fomento, que dirige Iñigo de la Serna (PP), ha ofrecido a los estibadores prejubilaciones con el 70% del sueldo, una medida destinada a suavizar la posición de los trabajadores, que amenazan con la huelga en caso de que el decreto llegue a aprobarse. A los trabajadores les ha parecido insuficiente. En su propuesta, los representantes sindicales, bajo el liderazgo de la Coordinadora de Trabajadores del Mar, han reclamado prejubilaciones con el 80% del "promedio de las percepciones salariales con todos los conceptos", lo que incluiría nocturnidad, penosidad y peligrosidad, entre otros. El mínimo garantizado de los prejubilados sería de tres veces el salario mínimo interprofesional vigente a lo largo del tiempo. Ahora mismo, 2.122 euros al mes.

"Concesión de ayudas al sector"

Sobre el papel, la negociación es sólo entre Anesco y los sindicatos de estibadores, con la mediación del Centro Económico y Social (CES). No obstante, los ministerios de Fomento y Empleo, presionados por las partes, vienen desempeñando un papel de facilitadores con el que evitan meterse en una mesa de negociación potencialmente explosiva. La secuencia, en teoría, debería ser la siguiente: una vez se alcance un acuerdo entre los estibadores y la patronal, se desactivaría el riesgo de huelga, el Gobierno podría volver a llevar su decreto al Congreso y, entonces sí, tendría apoyos para aprobarlo. Pero ahora mismo estamos en la fase en que los estibadores y Anesco ponen sobre la mesa propuestas con escollos en apariencia difíciles de salvar. Primero fue la Coordinadora, con una propuesta que debía garantizar el mantenimiento del empleo y de las condiciones mediante su subrogación. Este jueves le tocó el turno a la patronal.

Si la propuesta de los sindicatos pone el énfasis en el mantenimiento del empleo, la de Anesco lo hace en la"igualdad entre operadores existentes antes de la reforma y los nuevos operadores". Esto se garantizaría mediante la "concesión de ayudas al sector", que es el título del segundo punto de su propuesta. "La supresión del anterior régimen de gestión de los trabajadores para la prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías y las medidas indicadas en el anterior apartado 1 [mejoras organizativas y productivas], impactarán necesariamente sobre el empleo en el sector, por lo que deberán llevar asociadas, en aras a facilitar un proceso de tránsito ordenado en todos los puertos, la concesión de ayudas públicas a los trabajadores que se vean afectados por las medidas extintivas". Hay dos tipos de "medidas extintivas": jubilaciones forzosas para todos los trabajadores que durante el período de transición, de tres años, cumplan los requisitos necesarios para percibir el 100% de la pensión de jubilación; y bajas voluntarias, para los trabajadores quieran rescindir su contrato, "ya sea por razón de su edad o de los perjuicios" que se deriven de la propia transición.

A los planes de ayuda pública podrán acogerse los estibadores portuarios a quienes resten 60 meses o menos para acceder a la jubilación ordinaria a la fecha de finalización del período transitorio. El Estado, según la propuesta de Anesco, debe garantizar a los trabajadores acogidos a estas ayudas las cotizaciones necesarias a la Seguridad Social. Las ayudas consistirían en un subsidio equivalente al 70% del promedio de las percepciones salariales por todos los conceptos. La patronal añade en su propuesta: "Si transcurrido el período transitorio que se pacte, las anteriores medidas no cubriesen el 100% de las necesidades de adaptación del empleo, la comisión de seguimiento [del acuerdo] analizará la conveniencia de adaptar medidas complementarias, que serán aplicadas por las partes y sufragadas íntegramente por el Estado".

El fin de un monopolio

La organización del trabajo de estiba –carga y descarga– en los puertos se realiza a través de las Sociedades Anónimas de Gestión de Estibadores Portuarios, las Sagep, que seleccionan, forman y asignan a los trabajadores en régimen de monopolio, mediante un sistema cerrado que deja amplio margen a la arbitrariedad y para nada garantiza la igualdad en el acceso al empleo. Las empresas necesitan pasar por las Sagep para contratar. En diciembre de 2014 el Tribunal de Justicia de la UE estableció en una sentencia que España estaba incumpliendo el Tratado de Funcionamiento de la UE, al poner límites a la libertad de establecimiento de las empresas. Eso es lo que ha dado lugar a la aprobación del decreto por parte del Gobierno, que ha puesto en pie de guerra a los estibadores y a la oposición en contra. El Gobierno alega que, o dicho decreto se aprueba en el Congreso y entra en vigor, o España se expone a pagar sanciones y más sanciones.

Los sindicatos asumen que hay que cumplir la sentencia, pero quieren que la desaparición del monopolio de las Sagep, que les garantiza buenas condiciones de trabajo, no suponga una completa liberalización que convierta el trabajo en precario. Defienden que la estiba española es competitiva, las empresas ganan dinero y los puertos públicos también, a través del cobro de impuestos. El salario medio supera los 40.000 euros al año, según fuentes sindicales, y puede subir con los complementos. Antolín Goya, líder de la Coordinadora de Trabajadores del Mar, ha ofrecido una reducción del 6% del sueldo, una propuesta que parece no haber encontrado eco. Los sueldos de los trabajadores le parecen excesivos a la patronal, a las navieras y al lobby de las compañías explotadoras de licencias portuarias, la conocida como Plataforma de Inversores en Puertos Españoles, donde sobresale entre otros el nombre de OHL, rama concesional del Grupo Villar Mir. Estos privados quieren aprovechar la falla abierta por la sentencia europea para acabar con este nicho de empleo con remuneración alta.

Ahí está el caballo de batalla de la negociación. Los sindicatos exigen una garantía de subrogación de los trabajadores. Es decir, que los que ahora trabajan a través de las Sagep, que deberán desaparecer tal y como son ahora por ser contrarias a la normativa europea, pasen a hacerlo en similares condiciones en el nuevo escenario laboral. Y quiere esculpido este compromiso en la piedra del BOE. Su propuesta dice: "Mediante disposición con rango de ley se dispondrá que las empresas titulares de licencias del servicio portuario de manipulación de mercancías, cuando dejen las Sagep, se subrogarán, como empleadoras que continúan la actividad, directamente o mediante los centros portuarios de empleo (CPE) [la figura que según el decreto sustituirá a las Sagep]".

El ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, ve "imposibles" los planteamientos de los estibadores, al considerar que volverían a ser contrarios a la normativa europea, ya que obligaría a las empresas a aceptar trabajadores en unas condiciones no determinadas por el mercado. Según el titular de Fomento, si han de establecerse ese tipo de garantías, debe ser en la mesa de sindicatos y patronal. Y Anesco no está por la labor.

Los escollos para el acuerdo de la estiba

Los escollos para el acuerdo de la estiba

Los centros portuarios de empleo

La patronal, en su propuesta, no ofrece esta garantía. Según su oferta, sólo se producirían las subrogaciones una vez realizadas las medidas de ajuste imprescindibles y a través de los CPE."Se producirá la subrogación cuando el trabajador portuario se incorpore a un CPE, creado por las mencionadas empresas titulares de licencias del servicio portuario de manipulación de mercancías, que previamente hayan pertenecido a una Sagep extinguida", dice su propuesta. Los CPE generan un enorme escepticismo entre los líderes del trabajo en la estiba. Según fuentes sindicales de la negociación, los CPE no ofrecen garantías de conservación de las condiciones y tendrán margen para la aplicación de la normativa laboral vigente. Al conocer a letra de la propuesta de la patronal, Antolín Goya constató una evidencia. A saber, que supone "cambiar prácticamente todo el convenio colectivo del sector".

Fuentes sindicales señalaron a infoLibre que esta propuesta supone volver a los términos en que la negociación se estaba desarrollando en diciembre, ignorando un supuesto principio de acuerdo alcanzado el 24 de enero. Un portavoz de Anesco niega la mayor: "Ese supuesto principio de acuerdo no existe. Anesco nunca lo ratificó". Tanto el Gobierno como la patronal y Anesco han hecho ya sus ofertas y consideran que la pelota no está en su tejado. La situación es de aparente bloqueo, pero las negociaciones están abiertas.

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