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Caso Bárcenas

IU y Ecologistas en Acción solicitan nuevas pruebas para imputar a los constructores que donaron dinero a la caja B del PP

  • Una acusación popular ha pedido al juez José de la Mata que reclame la información intervenida en el caso Púnica sobre financiación ilícita en procesos electorales para incorporarla a la causa de los papeles de Bárcenas
  • IU y Ecologistas en Acción consideran que estas nuevas pruebas mostrarían "la financiación ilícita del PP" y "el falseamiento de sus cuentas electorales" lo que implicaría "la comisión de un delito electoral continuado"

infoLibre Publicada 06/04/2017 a las 11:08 Actualizada 06/04/2017 a las 14:36    
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Los colectivos que iniciaron la conocida como querella Bárcenas, compuesto por Izquierda Unida (IU), la Asociación Libre de Abogados (ALA), Ecologistas en Acción, Justicia y Sociedad y Los Verdes han solicitado como acusación popular varias pruebas en la pieza separada de los papeles de Bárcenas con la intención de incorporar las averiguaciones realizadas en el caso Púnica, algo que según una nota de prensa difundida a los medios de comunicación "permitiría volver a imputar a muchos constructores que ya lo fueron en la querella inicial".

Estas organizaciones han solicitado formalmente al Juzgado Central de Instrucción número 5 varias que se investigue de nuevo a los empresarios contratistas que inicialmente fueron objeto de la querella presentada por la acusación popular, pero contra quienes la causa fue sobreseída provisionalmente por el juez Pablo Ruz ante, a su juicio, "la falta de pruebas que mostraran la vinculación entre las donaciones al Partido Popular recogidas en los escritos del extesorero y la adjudicación de licitaciones".

Sin embargo, estas acusaciones consideran que además de la información revelada en el juicio de la causa Gürtel, en las últimas semanas se han ido conociendo a través de la prensa o mediante resoluciones judiciales del Juzgado Central de Instrucción número 6 –en la investigación conocida como caso Púnica– "una serie de hechos y conductas irregulares de dirigentes del Partido Popular en relación a las elecciones celebradas en los años 2003, 2004, 2008 y 2011". Es por eso que la acusación popular pide que esta información intervenida en el caso Púnica sobre financiación ilícita en procesos electorales, en especial elecciones generales o europeas, se aporte también a la causa de los papeles de Bárcenas.

Un "delito electoral continuado"

Y es que los hechos y conductas que ahora se están conociendo pueden ser, según las acusaciones, "de gran utilidad". "Servirían para ampliar el amplio acervo probatorio ya existente en la pieza separada, pero también para corroborar el presunto modus operandi y la actuación continuada para la financiación ilícita del Partido Popular, el falseamiento de sus cuentas electorales o el blanqueo y troceamiento de fondos electorales opacos, es decir, de la comisión de un delito electoral continuado. También aportaría datos para confirmar la participación continuada de los extesoreros investigados, Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas, quienes han sido administradores generales de las campañas del Partido Popular ante la Administración electoral y los órganos de control contable".

Además de las diligencias de prueba solicitadas relativas a la documentación del caso Púnica relacionada con procesos electorales, la acusación popular ha solicitado en su escrito la declaración en calidad de investigados de varias personas vinculadas a Dregemont, la empresa que Francisco Correa ya identificó como pagadora de comisiones en su declaración en el juicio Gürtel en octubre 2016. Esta diligencia permitiría ampliar la investigación sobre los presuntos delitos de cohecho que se habrían producido al pagarse comisiones a dirigentes del PP a cambio de favorecer a empresas privadas en concesiones de obra pública.

También solicita la acusación popular en su escrito que acuda a declarar en calidad de investigado José Luis Izquierdo, autor de parte de la contabilidad de Francisco Correa. Y es que la denominada "carpeta azul" contiene anotaciones contables, tal y como reconoció Correa, que vincularían supuestos pagos ilícitos con las adjudicaciones de obra a través de Degremont.


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