Corrupción

TCJ 15M: "La 'trama Lezo' solo se explica porque durante más de 10 años la Fiscalía no ha actuado"

Los portavoces de TCJ 15M, durante la rueda de prensa.

El Tribunal Ciudadano de Justicia 15M (TCJ 15M) es la asamblea que presentó este lunes una querella contra el ex fiscal jefe de Anticorrupción, Manuel Moix, al que acusan de prevaricación, encubrimiento y omisión de perseguir delitos. Pero, para el colectivo, el caso de Moix es únicamente un ejemplo "arquetípico" de cómo "una estructura corrupta está contaminando el Estado", y aseguran que la actuación del fiscal con respecto a los casos de corrupción que rodean al expresidente madrileño Ignacio González ha sido fundamental para la pervivencia de la supuesta red criminal que, hace unos meses, se ha destapado a través de la operación Lezo.

Dos portavoces de TCJ 15M comparecieron este martes en el centro La Ingobernable de Madrid para explicar el contenido de la querella contra Moix. En el documento, la asamblea denuncia que el fiscal archivó sin haber investigado siquiera hasta tres actuaciones judiciales presentadas en los años 2007, 2009 y 2010 contra Ignacio González, al que se acusaba de haberse lucrado –al igual que su familia– con la construcción de un campo de golf en terrenos del Canal de Isabel II madrileño. Ese lucro denunciado por primera vez en 2007 fue certificado por la Guardia Civil hace unos meses en el marco del caso Lezo.

"En el caso de Moix, lo que nosotros hemos descubierto es que existían entre 2007 y 2010 sucesivas denuncias y querellas reclamando una actuación del Estado en protección de los intereses generales, y la conclusión que hemos sacado es que la trama Lezo solo se explica porque durante más de diez años el Ministerio Fiscal no ha actuado, y cuando lo ha hecho ha sido para exonerar de culpa a los corruptos y tapar su corrupción", denunció en este sentido un portavoz de TCJ 15M en la rueda de prensa. Y es que, para los querellantes, era perfectamente posible haber destapado este caso hace diez años, y fue precisamente la inacción de Moix la que, a su juicio, lo impidió.

Por ello, la asamblea ha reivindicado su querella pretende poner de manifiesto, más allá del caso concreto de Moix, "la deriva preocupante que supone el hecho de que se vaya descubriendo cómo la Fiscalía está siendo muy ambigua en relación a la investigación de los delitos económicos, cuando no a veces incluso proactiva en la protección de los corruptos". "Lo que ha hecho González sólo se explica porque tiene una protección por parte de los fiscales y los jueces, porque se lo han permitido, y ese problema de corrosión conduce a un Estado autoritario", denunció uno de los portavoces en la rueda de prensa.

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Para llevar adelante su procedimiento judicial, el colectivo tiene pensado colaborar con la asociación vecinal Parque sí en Chamberí, el grupo en el que se constituyeron vecinos de ese barrio para litigar contra la construcción del campo de golf en los terrenos del Canal de Isabel II y que presentó las querellas en 2009 y 2010. "Se les ha comunicado la acción y se ha compartido con ellas la información, aunque los tiempos de cada colectivo son propios", detalló un portavoz.

No obstante, existen posibles trabas que podrían dificultar la instrucción de la querella, y entre ellas se encuentra la posibilidad de que el juez pida a Contratrama –la asociación que ha utilizado TCJ 15M para querellarse– una fianza para que pueda personarse como acusación popular. "Nosotros no hemos ofrecido una fianza en el escrito de esta querella porque creemos que hay indicios más que suficientes como para que esta acción se ejerza desde el Ministerio Fiscal, y si eso no se ha hecho, no debe castigarse con una fianza a la ciudadanía que hace lo que la Fiscalía no ha hecho", denunció una portavoz, que aseguró que, en cualquier caso, el colectivo consideraría que una fianza de más de 3.000 euros sería "injusta" y excesiva.

El colectivo asegura que su querella busca visibilizar "la estrategia que tienen las tramas corruptas que se ubican dentro de los poderes del Estado". "Estas tramas intentar definir las actuaciones corruptas como individuales, como una especie de desviación moral de determinadas personas, y nosotros buscamos responsables no sólo en términos individuales, porque es un problema estructural", denunció un portavoz, que planteó dudas sobre "cómo esos fiscales llegan a sus puestos" y "cómo se escala" en el escalafón judicial. "La única forma que tiene ahora mismo un magistrado o fiscal de progresar profesionalmente es mostrarse lo suficientemente inofensivo para que el poder lo señale", denuncia TCJ 15M.

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