El futuro de Cataluña
El independentismo debate los términos de la independencia unilateral ante las dificultades para imponerla
La Generalitat de Cataluña sigue hacia adelante con sus planes para declarar la independencia y, según el president Carles Puigdemont, lo hará de manera unilateral en "los próximos días". Pero, pese a la retórica de la Generalitat, esta declaración unilateral de independencia tendrá pocos efectos a nivel práctico, sostienen los expertos, y además podría conllevar que el Estado utilizara la que, prácticamente, es su última atribución para paralizar el proceso de secesión: la aplicación del artículo 155 de la Constitución.
Puigdemont lo dejó claro la misma noche del 1 de octubre, y lo volvió a repetir este martes en una entrevista emitida en la BBC: para el Gobierno que preside, los resultados del 1-O son perfectamente vinculantes y eso conlleva que el siguiente paso a dar sea llevarlos al Parlament para que éste declare la independencia "en cuestión de días". La Cámara legislativa, según aprobó hoy su Mesa, se reunirá en pleno el próximo lunes, y aunque aún no hay prevista ninguna votación y en el orden del día sólo esta planteado un debate de los resultados del referéndum, la mayoría independentista del Parlament podría introducir la votación de una declaración utilizando la misma vía con la que aprobaron hace un mes las leyes de Referéndum y Transitoriedad jurídica.
Pero no existe una postura única entre PDeCAT, ERC y la CUP sobre cuándo debe votarse esta declaración unilateral de independencia ni sobre lo contundente que debe ser ésta. Los anticapitalistas son los más decididos a aprobar un texto que no deje ningún atisbo de dudas, pero dentro del PDeCAT se discute ahora mismo la necesidad de establecer una cláusula que retrase la entrada en vigor de la independencia o, incluso, de dejar en suspenso la declaración unilateral si el Estado aceptase negociar un referéndum vinculante. No es que entre los dirigentes independentistas crean que el Gobierno de Mariano Rajoy va a cambiar su rechazo rotundo a cualquier negociación, pero sería una forma de "cargarse de razón" ante las instancias internacionales y ante los catalanes que no son independentistas convencidos, pero que se han puesto de parte del Govern tras las cargas policiales del 1-O.
También hay una razón práctica. Fuentes del bloque independentista admiten que "declarar la independencia es algo fácil, el reto verdadero es hacerla efectiva", y los expertos consultados por infoLibre tienen pocas dudas de que Cataluña carece, hoy por hoy, de fuerza suficiente para establecerse en la práctica como un Estado.
Así lo explica Concepción Escobar, miembro de la Comisión de Derecho Internacional de la ONU, que señala que un Estado, para considerarse tal, debe cumplir cuatro requisitos: tener "territorio propio", "población propia", un "gobierno propio" que ejerza la "gestión completa" e ilimitada de ese territorio y esa población, y "capacidad de relacionarse internacionalmente con terceros países". Y Cataluña, apunta, no cumpliría tras su declaración unilateral de independencia ninguna de las condiciones: no podría garantizar de forma efectiva el dominio único y sin ninguna autoridad superior sobre su territorio y su población, tampoco gozaría de la capacidad de "cobrar impuestos" de manera efectiva –ni tendría "el monopolio de la fuerza" como herramienta coercitiva– y no podría "abrir embajadas" o "ser miembro de organismos internacionales" si, al menos, no fuera reconocida por algún otro Estado.
"Básicamente, para que una declaración unilateral de independencia fuera efectiva, harían falta dos cosas: controlar el territorio de manera completa y sin que haya ningún otro poder extraño en él, y que Cataluña fuera reconocida por EEUU y por países de la Europa occidental, porque entonces el resto irían cayendo como fichas de dominó", resume Eduardo Vírgala, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad del País Vasco (UPV). Pero, según explica Vírgala, las secesiones no acordadas terminan definiéndose en una comparación de fuerzas, y llegados a ese punto, la Generalitat tendría las de perder: "Tendrían que controlar las fronteras, los aeropuertos, los puertos o los cuarteles", por no hablar de "conseguir la lealtad inmediata y global de los Mossos" y hacerse con la capacidad efectiva de recaudar impuestos, apunta el experto.
El artículo 155
En cualquier caso, y pese a su escasa eficacia, la opción de que el Parlament declare oficialmente la independencia está presente, y el Gobierno se debate sobre la posibilidad de aplicar el artículo 155 de la Constitución si se alcanza ese punto. Este artículo establece que "si una comunidad autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al presidente de la comunidad autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general".
"Yo soy de la opinión de que, con el artículo 155, el Gobierno está facultado a tomar todas las medidas que considere" oportunas para restablecer la legalidad, sostiene Vírgala, que apunta que el Ejecutivo podría desde retirar competencias a la Generalitat hasta, a su juicio, destituir al Gobierno de Puigdemont. Pero eso sí: pese a que a veces se afirme que el artículo 155 de la Constitución es el que sirve para "suspender la autonomía", "no implica que el Gobierno tenga necesariamente que asumir todos los poderes", apunta Argelia Queralt, profesora de Derecho Constitucional en la Universidad de Barcelona.
Siete vías para un referéndum en Cataluña
Ver más
De hecho, según indicaron fuentes del Gobierno a este periódico, en caso de que tuviesen que pedir al Senado la aplicación del artículo 155, las dos medidas esenciales que pedirían sería la destitución del Gobierno catalán y la asunción del mando de los Mossos.
No obstante, los independentistas están decididos a ignorar también la aplicación del artículo 155, o al menos así lo aseguran algunos dirigentes secesionistas a infolibre. Ante eso, ¿qué podría hacer el Estado? Según Vírgala, el siguiente paso podría ser la detención de Carles Puigdemont y parte o la totalidad de su Gobierno. "Si se atrincheraran, la Audiencia Nacional podría acusarles de sedición o incluso de rebelión" y dictar "detención inmediata para ellos". No obstante, para acusarles de rebelión, Puigdemont y los suyos deberían haber recurrido a los Mossos, ya que el Código Penal establece que se incurre en este delito cuando los responsables se alzan "violenta y públicamente" contra la autoridad.
En cualquier caso, cualquier detención debería ser ordenada por un juez y nunca por el Gobierno, recuerda Queralt, que explica que el poder judicial no se suspendería ni siquiera en las dos alternativas más extremas e improbables con las que cuenta el Estado para imponer su autoridad en Cataluña: la declaración del estado de excepción o del estado de sitio. Para ambas opciones hace falta la mayoría del Congreso –en el primer caso, simple, y en el segundo, absoluta–, ya que implican recortes de derechos fundamentales como el de reunión, expresión o manifestación. Sólo el estado de sitio comportaría la intervención del ejército en Cataluña. Pero eso son escenarios que de momento no están sobre la mesa.
