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Abengoa

La Audiencia Nacional absuelve a la excúpula de Abengoa por las indemnizaciones millonarias

  • La Fiscalía pedía cinco años para su expresidente Felipe Benjumea por una indemnización de 11,5 millones de euros en una empresa que se encontraba en preconcurso de acreedores
  • La magistrada Ángela Murillo entiende que no ha quedado acreditado el delito de administración desleal

infoLibre Publicada 12/01/2018 a las 10:43 Actualizada 12/01/2018 a las 12:31    
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La excúpula de Abengoa durante el juicio.

La excúpula de Abengoa durante el juicio.

EUROPA PRESS
La Audiencia Nacional ha absuelto a la excúpula de Abengoa por las millonarias indemnizaciones que recibieron en 2015 el expresidente Felipe Benjumea y el que fuera consejero delegado Manuel Sánchez Ortega al no quedar acreditado que se hiciese una administración desleal de la empresa sevillana.

Los magistrados de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal, presidida por la jueza Ángela Murillo, exponen en una sentencia dada a conocer este viernes que no ha quedado acreditado que los contratos mercantiles de consejeros ejecutivos de 23 de febrero de ese año fueran elaborados para favorecer "improcedentemente" al que fuera presidente de la compañía desde 1991 ni a su número 'dos' puesto que venían impuestos por reforma legal, de acuerdo con lo que los absueltos expusieron durante la celebración de la vista oral, según informa Europa Press.

Los hechos juzgados se remontan a 2015, cuando se formalizó la salida de la entidad del presidente Felipe Benjumea y del consejero delegado Sánchez Ortega. Las cláusulas de los contratos firmados contenían indemnizaciones por cese anticipado de 11, 5 millones de euros en el caso del primero y 4,5 millones en el del segundo, a las que, según el fiscal, no tenían derecho y no se correspondían con el estado por el que atravesaba la empresa, que tuvo que acogerse al preconcurso de acreedores.

El Ministerio Público solicitó cinco años de cárcel para Benjumea y cuatro años y tres meses para el que fuera consejero delegado. También interesó que se penase con cuatro años de prisión a los miembros de la Comisión de Nombramientos y Remuneraciones Mercedes Gracia Díez, Alicia Velarde Valiente y Antonio Fornielles Melero.

El fiscal José Perals expuso en la vista oral, que se celebró entre los meses de octubre y noviembre del pasado año, que no tenían derecho a las indemnizaciones que cobraron a su salida de la entidad debido a la mala situación económica de la misma y acusó a Benjumea de aparentar su marcha como si fuera una condición impuesta por los bancos que iban a inyectar al menos 650 millones de euros para la ampliación de capital del grupo andaluz.

No se buscó beneficiar a Benjumea

Esos contratos, según explica el tribunal, fueron confeccionados con los debidos asesoramientos técnicos internos y externos, sin que conste que los principales directivos de la compañía intervinieran en la redacción de los mismos. Respecto a los miembros de la comisión, la Sala entiende que tampoco ha quedado acreditado que actuaran "torticeramente" al informar favorablemente sobre el reconocimiento de los términos económicos para Benjumea y Sánchez Ortega.

La Sala va más allá asegurando que se descarta "cualquier modo de confabulación" para que la marcha de la compañía de los acusados fuera favorable a sus intereses económicos y por tanto no queda probado que los contratos para la alta dirección de 2015 "se suscribieran con el designio de servir de cobertura para el cobro de las remuneraciones".

Salida por razones externas

En relación a Felipe Benjumea, se determina que su cese como presidente de la entidad y renuncia como consejero "obedeció a razones objetivas y externas a él", en referencia a la condición "indispensable" impuesta por las entidades bancarias lideradas por el Banco de Santander para proceder a la ampliación de capital de 650 millones de euros, versión que él mismo defendió como acusado asegurando que "fueron lentejas" y que el Consejo de Administración no pudo sino cesarle como presidente en la reunión del 23 de septiembre de 2015.

Esta versión fue defendida por el resto de acusados que declararon en la vista oral y por el exminsitro socialista Josep Borell, quien en calidad de testigo por ser miembro del consejo de administración dijo que se exigió el cese de Benjumea y que Abengoa era una empresa en fuerte expansión, pese a que meses después se acogió a preconcurso de acreedores dado su situación de endeudamiento.

No se reformularon las cuentas

En el caso de Sánchez Ortega, que durante el juicio dijo que renunciaba a su cargo porque buscaba un cambio de vida, la sentencia recoge que su salida se debió a razones "internas y subjetivas" y, por tanto, no cobró los tres millones de euros acordados en su contrato en calidad de bonificación por permanencia y tampoco lo estipulado en el plan de prejubilación. Ambos siguieron vinculados a la energética como asesores y sin percibir remuneración por ello.

En su sentencia de 252 páginas los magistrados también explican que tras la salida de este gobierno corporativo de la entidad no se reexpresaron ni reformularon los estados contables de la empresa, hecho del que se hicieron eco los acusados durante el procedimiento para defender su gestión al frente de la misma.

Además, el tribunal abronca a las acusaciones personadas en la causa, que además imputaban a los acusados delito de apropiación indebida, por querer convertir el procedimiento "en un juicio crítica con la totalidad de la actividad de Abengoa" desmarcándose de la naturaleza inicial del procedimiento.

 


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8 Comentarios
  • LosCristos LosCristos 13/01/18 10:57

    Me parece una tomadura de pelo a los ciudadanos que  la AN haya confirmado estos hecho. Vamos una vergüenza!

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    5

  • Sigton Sigton 12/01/18 21:12

    Si esto pasa con un entrenador de un equipo de futbol todo, o casi todo, el mundo lo entiende. Si este tiene un contrato con indemnización por rescisión y lo echan por que el equipo pierde partidos a nadie le extraña que cobre por irse. Decisión de los socios. No hay nada ilegal. Pues lo mismo pasa con una empresa privada, si un directivo ha pactado una rescisión en su contrato, la cobra por arruinar a la empresa. Decisión de los socios. No hay nada ilegal. A los demás no nos incumbe y Hacienda, que somos todos, se llevará su parte, que en estas cantidades es muy grande.

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    6

    0

  • Socialista desde 1949 Socialista desde 1949 12/01/18 18:19

    Y siguen las injusticias. ¿Cuándo se levantará el pueblo contra los poderes fácticos?

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  • BASTE BASTE 12/01/18 16:27

    La justicia es igual para todos y debemos acatar sus sentencias,todos estamos obligados a cumplir la ley,son cosas que no cambian,con patxi también era así.

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  • Inocencio XIV Inocencio XIV 12/01/18 14:00

    Pues Yo no he entendido nada ni de la sentencia ni de la acusacions del fiscal ni por qué si la empresa iba tan bien acabó tan mal o si iba tan mal por qué tienen que premiar la labor de unos incompetentes. La sensación es la misma que cuando ves actuar a un trilero: mira la bolita, ahora está, ahora no está, ahora está aquí, ahora está allí. Él se lleva la pasta y el pagano se queda con cara de tonto. 

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  • Alv Alv 12/01/18 12:11

    Y aquí no ha pasado nada. Sisar y ser un caradura sale a cuenta

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  • Txorigorri Txorigorri 12/01/18 12:11

    "El tribunal entiende que las indemnizaciones se adecuaron a la normativa legal y contractual existente". No hace falta ser un erudito para darse cuenta de lo injusto que resulta que unos señores que llevaron a la empresa a la quiebra puedan acogerse a semejantes indemnizaciones millonarias, pero ante nuestra perplejidad nos dicen que la operación fue legal.
    Cuando asumimos sin más la manida frase de que la democracia consiste en el cumplimiento de la Ley ¿nos llegamos a preguntar en beneficio de quién se hacen las leyes?

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  • senenoa senenoa 12/01/18 11:40

    Claro que no, el presidente y el consejero delegado no cometieron administración desleal por embolsarse un montón de millones de una empresa en preconcurso de acreedores (osea, a punto de quebrar). Seguro que quienes la cometieron fueron los trabajadores a los que echaron (con todos los beneplácitos legales) a la puta calle sin indemnización de ningún tipo. Maldito país.

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