La UE prepara la reforma del registro de 'lobbies' para mejorar su transparencia

Seguir avanzando en materia de transparencia y rendición de cuentas. Ese es uno de los objetivos, esenciales para la legitimidad democrática, que la Comisión Europea se ha fijado para los meses que le quedan de legislatura. Según el Programa de Trabajo del Ejecutivo comunitario para 2018, el equipo que dirige Jean-Claude Juncker se ha propuesto este año avanzar en una modificación del Reglamento de Comitología –normas y principios relativos al control por parte de los Estados miembro del ejercicio de las competencias de ejecución de la Comisión– y cambiar el reglamento sobre el estatuto y la financiación de los partidos y fundaciones políticas europeas. Pero, de todas las medidas puestas sobre la mesa, la reforma del registro de lobbies comunitariolobbies, cuyas negociaciones arrancarán en los primeros meses del año, es la que parece más urgente.

Para el Ejecutivo europeo, la base de datos de grupos de presión es una de las “herramientas clave” para que su “compromiso con la transparencia” sea una realidad. En 2011, Eurocámara y Comisión crearon conjuntamente un primer Registro de Transparencia, que se actualizó posteriormente mediante un acuerdo interinstitucional en abril de 2014. De carácter voluntario, hasta la fecha sólo era aplicable a las instituciones presididas por Juncker y Antonio Tajani –el Consejo ha actuado como observador desde la última modificación–. Pero ahora el Gobierno comunitario quiere ir un paso más allá, forzando a la institución que representa a los Gobiernos de los países miembro a sumarse. Por eso, en septiembre de 2016, hizo público un proyecto de Acuerdo Interinstitucional sobre un Registro de Transparencia de carácter obligatorio.

La propuesta de la Comisión

El borrador puesto sobre la mesa establece que por primera vez las tres instituciones se sometan a las mismas normas. Así, recoge que las reuniones que vayan a mantener los grupos lobbistas con los responsables políticos del Consejo, el Parlamento Europeo o la Comisión estarán supeditadas a una inscripción previa en el registro. En este sentido, y en comparación con el texto sellado de 2011, el nuevo acuerdo interinstitucional establece todas y cada una de las interacciones con dirigentes condicionadas a la base de grupos de interés: acceso a los edificios, participación en reuniones con los miembros de las tres instituciones, intervención en audiencias públicas de comisiones parlamentarias o participación en los grupos de expertos de la Comisión, entre otras.

Exentas de este registro se encuentran, además de los partidos políticos, iglesias o comunidades religiosas, tanto las autoridades públicas de los Estados miembro –y las de terceros países–, a nivel nacional y subnacional, como “cualquier asociación de autoridades públicas” siempre que “actúen exclusivamente en nombre de los organismos públicos pertinentes”. En este sentido, la propuesta de la Comisión también deja fuera a las representaciones permanentes de los países en Bruselas y sus embajadas –también a las misiones diplomáticas y embajadas de Estados fuera del club– así como a todas las organizaciones intergubernamentales –como por ejemplo el Consejo de Cooperación del Golfo–, incluyendo organismos y agencias que emanen de ellos.

Para el caso de las representaciones permanentes, el borrador sólo establece una “participación voluntaria”. “Los Estados miembro podrán, de forma voluntaria, notificar a la Secretaría [del registro] su deseo de supeditar determinadas interacciones entre los representantes de intereses y sus representaciones permanentes ante la UE a la inscripción en el Registro de Transparencia”, recoge el artículo 13 de la propuesta presentada en septiembre de 2016, que añade: “Cuando el Consejo de Administración [del registro] considere que los tipos de interacción son coherentes, (…) las representaciones permanentes interesadas podrán (…) acogerse a la asistencia y el soporte informático de la Secretaría, a cambio de una contribución proporcional a los costes de funcionamiento”.

Mirada puesta en el Consejo

Con este primer documento sobre la mesa, hace ahora un año la Conferencia de Presidentes –órgano político de Gobierno de la Eurocámara– designó a la socialdemócrata Sylvie Guillaume y a la conservadora Danuta Hübner como negociadoras principales y presidentas del grupo de contacto –del que forman parte otros ocho eurodiputados– del Parlamento Europeo creado para este asunto. Unos meses después, la Conferencia de Presidentes del pasado mes de junio aprobó el mandato negociador de la Eurocámara. “Es muy amplio, no está cerrado punto a punto y los negociadores disponen de bastante flexibilidad a la hora de hablar con el resto de instituciones”, explica a infoLibre Maite Pagazaurtundúa, eurodiputada por UPyD y miembro del grupo de contacto, que se reunió a mediados de enero para abordar este asunto.

A pesar de ello, se muestra escéptica cuando se le pregunta por si este “objetivo tan ambicioso”, tal y como ella lo define, llegará finalmente a buen puerto. Pagazartundúa señala que las negociaciones a tres bandas serán realmente complicadas porque los problemas que se pueden encontrar “pueden ser variadísimos”. Y pone la lupa sobre la resistencia que pueda ofrecer, sobre todo, el Consejo de Europa, una de las instituciones menos transparentes del club comunitario. “Ganas locas de cooperar no tiene”, asevera la eurodiputada, que añade que el principal escollo se va a encontrar, desde su punto de vista, en el alcance del futuro acuerdo interinstitucional. “No van a querer que llegue más allá de la Secretaría General el tema de la transparencia”, asevera.

La institución que representa a los gobiernos europeos dio el visto bueno en diciembre a su mandato negociador. “El enfoque general propuesto por la Comisión les parece bien”, explica la eurodiputada. Sin embargo, se muestran reacios a algunos aspectos importantes y presionan para una mayor independencia. En primer lugar, quieren que cada una de las instituciones elabore su propio código de conducta relativo al Registro de Transparencia –la propuesta del Ejecutivo comunitario apostaba por uno común para Comisión, Parlamento y Consejo–. Lo mismo proponen para las interacciones: “Cada institución deberá notificar a la Secretaría los tipos de interacción condicionados a registro”. También propone modificar por completo el artículo dedicado a los representantes permanentes de la UE.

“Hay, en definitiva, muchas cosas todavía por discutir”, apunta Pagazartundúa, que recuerda que el acuerdo interinstitucional propuesto tiene que recibir, sí o sí, el visto bueno de todas las partes, por lo que se presenta una “negociación difícil”. “O le da luz verde todo el mundo o alguien se tiene que bajar para que pueda cerrarse”, asevera.

Más recursos para asegurar la calidad de los datos

Según datos de la Eurocámara, en julio de 2017 había inscritas en el Registro de Transparencia 11.327 organizaciones –el 91% con sede principal en la UE– que dedicaban más de 80.000 personas a ejercer presión en la toma de decisiones –casi 7.000 tenían acceso al Parlamento–. De ellas, un 26,2% eran organizaciones no gubernamentales, plataformas y redes; el 20,5% eran asociaciones comerciales y de negocios; un 18,5% eran compañías y grupos; el 7,6% eran sindicatos y asociaciones profesionales; y un 6,7% eran consultoras profesionales. La mayoría de ellas, el 74%, gastan anualmente hasta 100.000 euros en actividades de cabildeo, mientras que sólo el 2,3% dedican más de un millón a esta tarea. Medio ambiente, investigación y tecnología y mercado interior son las tres cuestiones en las que están más interesadas.

La defensora del pueblo europea presiona para mejorar la transparencia del Consejo de la UE

Ver más

Sin embargo, desde el Corporate Europe Observatory (CEO), una organización con sede en Bruselas que vigila el funcionamiento de las instituciones comunitarias, piden tomar con cierta precaución estos datos. “Hay muy poco control de la calidad de la información que se coloca en el registro. Por ello, mucha es simplemente incorrecta”, señala en conversación con este diario Margarida Silva, investigadora responsable de la base de datos de lobbies. De hecho, un informe publicado en 2015 calculaba que más de 4.000 entradas del registro de transparencia eran falsas o incorrectas. Por ello, Pagazartundúa considera que la nueva reforma tiene que prestar también atención a “la calidad de los datos”. “Determinar qué información de la que pueden aportar todos estos grupos es la más interesante”, explica.

Pero para que funcione perfectamente, tanto la eurodiputada como la activista consideran fundamental destinar más recursos para que sea posible “verificar todos los datos” que estas organizaciones aportan. “Actualmente hay menos de una decena de personas trabajando en el Registro y más de 11.000 entradas”, apostilla Silva. Pero, tal y como añade Pagazartundúa, “siempre que hablas de aumentar recursos tienes un problema”. La propuesta de la Comisión es muy general en este punto. En su artículo 11, el Ejecutivo comunitario sólo establece que las tres instituciones “velarán” para que la Secretaría del Registro de Transparencia “disponga de los recursos humanos, administrativos y financieros necesarios” para el “correcto desempeño de sus funciones, contribuyendo todas ellas “por igual”.

En opinión de la investigadora del Corporate Europe Observatory, “hay mucho que se puede mejorar, pero eso es algo que requiere voluntad política, una cosa que no se está viendo”. Así, por ejemplo, considera necesario reforzar los incentivos para la inscripción en el registro de transparencia, que en su opinión son “demasiado débiles” –“sólo cubren reuniones con unos 300 funcionarios de los 30.000 que trabajan para la Comisión”–. A esto, la eurodiputada de UPyD cree fundamental que en la reforma se evite “una burocracia que haga imposible a los registrantes hacer bien su trabajo”, se establezcan “definiciones precisas” en esta materia y se incorporen tanto cuerpos como agencias de la Unión Europea. “También que pudiera ser aplicable a los grupos políticos”, sentencia.