Las comunidades se organizan ante el inmovilismo del Gobierno en materia de memoria histórica

Las comunidades autónomas empiezan a moverse ante la inacción del Ejecutivo de Mariano Rajoy en materia de memoria histórica. Representantes de catorce de los diecisiete gobiernos regionales se reunirán este jueves y viernes en Pamplona en el primer encuentro de la Red Interautonómica de Memoria Histórica, una iniciativa impulsada por el Ejecutivo navarro con la que se busca poner en común las diferentes políticas memorialistas regionales y avanzar hacia una mayor coordinación interregional en esta materia. “Queremos transmitir que las autonomías están dispuestas a sacar adelante todas las políticas que no ha querido impulsar el Gobierno del Estado”, señalan a infoLibre fuentes de la Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos navarra.

El germen de este proyecto se gestó a finales de noviembre en el congreso internacional La hibernación de la rana: 10 años de leyes y políticas de memoria en España y Cataluña (2007-2017), organizado por el Observatorio Europeo de Memorias y que aglutinó durante tres días en el Aula Magna de la Universidad de Barcelona a casi medio centenar de ponentes. Entre ellos, los directores generales de memoria histórica de los gobiernos de Andalucía –Francisco Javier Giráldez–, País Vasco –Aintzane Ezenarro–, Navarra –Álvaro Baraibar– y Baleares –Manel Santana–. “Durante la charla de los representantes públicos, se puso sobre la mesa la idea de articular una red que permitiera aumentar la coordinación en esta materia entre las diferentes comunidades autónomas”, explican desde el Gobierno que capitanea Uxue Barkos.

Cuatro meses después, son catorce las regiones que ya se han unido al proyecto –entre ellas, algunas gobernadas por el PP, como Castilla y León y Galicia– y que asistirán al primer encuentro de la Red Interautonómica de Memoria Histórica. “La Comunidad de Madrid, Murcia y Canarias, aunque no han dicho claramente que no, han alegado problemas logísticos o de agenda para no acudir al evento”, apuntan fuentes de la Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos navarra, que añaden que el objetivo es celebrar dos sesiones de trabajo anuales, una en primavera y otra en otoño, en las que se aborden políticas públicas concretas y se estudie la posible coordinación de los diferentes gobiernos regionales.

Pero, sobre todo, lo que pretende evidenciarse es que las regiones están dispuestas a llenar “el vacío” que ha dejado el Gobierno central. Desde la llegada de Mariano Rajoy a La Moncloa, la partida presupuestaria destinada a la memoria histórica se ha eliminado por completo. Esto, sumado a otros muchos movimientos de los conservadores desde que entraron en el Gobierno, como por ejemplo el veto a la reforma a la ley de memoria histórica que el PSOE llevó al Congreso a comienzos de año, ha obligado a colectivos memorialistas y a comunidades autónomas a trabajar por su cuenta para garantizar a las víctimas una memoria, justicia y reparación que llevan esperando más de cuatro décadas.

Poner fin a la asimetría

En el encuentro que se celebrará en la capital navarra este jueves y viernes está previsto, además de aprobar una declaración institucional en defensa de las políticas de memoria histórica, abordar la cuestión de las exhumaciones y los bancos de ADN para buscar vías de colaboración. Un ejemplo práctico podría encontrarse en el caso del Fuerte de San Cristóbal, un penal en el que estuvieron encerrados miles de presos republicanos de toda la geografía española. Más de dos centenares de ellos fueron asesinados durante el intento de fuga de 1938 y enterrados en fosas comunes en suelo navarro. “Aquí habría que ver cómo podríamos coordinar las identificaciones de los restos que se vayan exhumando con el resto de autonomías”, detallan desde el Ejecutivo de Barkos.

“El objetivo principal, en definitiva, es establecer unos criterios de actuación comunes entre todas las regiones, poniendo fin así a la actual asimetría existente, que permite o no a las víctimas tener verdad, justicia y reparación en función de la comunidad a la que pertenezcan”, concluyen las fuentes consultadas por infoLibre, que remarcan lo importante que es ir aprendiendo “las unas de las otras” a la hora de elaborar políticas de memoria histórica. “Si una comete un fallo en la elaboración de una ley, el resto puede enmendarlo en su propia región. Si lo hace bien, las demás comunidades pueden seguir su estela a la hora de confeccionar su propia política en esa materia”, sentencian las fuentes consultadas.

Navarra, a la vanguardia

Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra tuvieron claro desde un primer momento que el nuevo Gobierno navarro constituido tras las elecciones autonómicas de 2015 tendría un compromiso férreo con la memoria histórica. Tan convencidos estaban de trabajar con seriedad en este asunto que lo convirtieron en uno de los puntos clave del acuerdo programático para el Ejecutivo 2015-2019. "Consideramos imprescindible (...) impulsar un plan concebido desde la perspectiva de la Gestión Integral de la Memoria que abarque, por una parte, la violencia del 36 y del franquismo y por otro, la más reciente en el tiempo, y que esté orientada a favorecer la paz y la convivencia en nuestra sociedad", recogía el texto.

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Ya han pasado casi tres años desde que Uxue Barkos se instaló en el Palacio de Navarra. Y, en todo este tiempo, la comunidad autónoma se ha convertido en una de las que más pasos firmes han dado para llevar a las víctimas de la dictadura franquista la verdad, justicia y reparación que reclaman. En estos meses, el Ejecutivo autonómico ha impulsado el programa de exhumaciones regional, respaldando las excavaciones y actualizando el mapa de fosas en la comunidad. Además, ha llevado la tan despreciada memoria histórica a las escuelas y se ha puesto manos a la obra con la espinosa tarea de retirar de las calles navarras cualquier vestigio que apeste a franquismo.

Sobre la localización y exhumación de los restos de desaparecidos durante la guerra civil y la posterior dictadura, fuentes de la Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos del Ejecutivo navarro explican a este diario que en lo que va de legislatura se han realizado, de la mano de la Sociedad de Ciencias Aranzadi –con la que han firmado un convenio de colaboración–, unas 40 prospecciones y se ha exhumado a medio centenar de personas. Además, se han conseguido realizar más de una docena de identificaciones. Navarra cuenta desde noviembre de 2016 con un Banco de ADN en el que ya han depositado sus muestras más de un centenar de familiares.

En cuanto a la retirada de vestigios franquista, el Gobierno de Barkos se ha arremangado para obligar a los consistorios a cumplir la ley. Para ello, la comunidad ya ha elaborado un censo con toda la simbología de la dictadura que todavía queda en pie en las calles navarras. “Algunos ayuntamientos se han puesto en serio desde el primer momento. Otros, sin embargo, avanzan mucho más despacio”, señalan desde la dirección general. Además del listado confeccionado, el Parlamento navarro admitió a trámite a comienzos de marzo una proposición de ley para reformar la normativa autonómica de memoria histórica –aprobada en 2013– e incluir en ella un régimen sancionador aplicable a aquellas administraciones que la incumplan.