Los privilegios que han marcado la gestión de las empresas de la sanidad privatizada en la Comunitat Valenciana

Con la inclusión en la red totalmente pública del departamento de salud de La Ribera, que será una realidad este domingo 1 de abril, la Generalitat Valenciana da un golpe de timón a la política sanitaria que el PP desplegó durante las dos décadas en las que estuvo al frente del Consell entre 1995 y 2015, y que tuvo entre sus principales emblemas la contratación de empresas privadas para que construyeran y gestionaran hospitales y centros de salud públicos a cambio de cobrar por ello a la Administración una cuota por cada paciente potencial.  

Tras la reversión del citado departamento, que está compuesto por el hospital de Alzira, 45 ambulatorios y cinco centros de salud integrados y que tiene 250.000 pacientes potenciales, todavía quedan en la Comunitat otras cuatro áreas sanitarias que operan bajo el modelo de concesión: Torrevieja, cuyo contrato finaliza en 2021, Dénia en 2023, Manises en 2024 y Elche en 2025. Ribera Salud, la compañía que inauguró en España este modelo de sanidad privatizada, tiene el 100% de la gestión de las áreas de Torrevieja y Elche y el 35% de la de Dénia, que comparte con la aseguradora DKV. Manises, por su parte, está en manos de Sanitas. 

En total abarcan la atención sanitaria de 650.000 valencianos a través de cuatro hospitales y 72 centros de atención primaria. Si siguen gobernando, PSPV-PSOE y Compromís se han comprometido a no prorrogar esos contratos cuando vayan venciendo. 

En todo este tiempo, las concesionarias han funcionado con unas características particulares de gestión que, en ocasiones, han supuesto especiales tratos de favor, tal y como infoLibre detalla a continuación: 

01. Rescate millonario. El hospital de Alzira, el primero que se puso en marcha en España bajo el modelo de titularidad pública y gestión privada en 1999, registró 5,24 millones de euros de pérdidas en sus primeros cuatro años de funcionamiento. El entonces Ejecutivo autonómico del PP salió a su rescate en 2003 sacando de nuevo a concurso el hospital con unas condiciones más atractivas para la concesionaria: extendió la concesión a la atención primaria y, en consecuencia, aumentó un 68% el dinero que recibiría de la Administración por cada habitante de la comarca al que le correspondía este departamento sanitario. 

El rescate, que se realizó de mutuo acuerdo, acabó con una indemnización para la concesionaria de 44 millones por la inversión no amortizada y de 25 millones por el supuesto beneficio que no obtendría al rescindir el contrato, el llamado lucro cesante, a pesar de sus elevadas pérdidas. En total, 69 millones de euros. La Unión Temporal de Empresas (UTE) que hasta entonces había gestionado el hospital –formada por Adeslas (51%), Ribera Salud (45%), ACS-Dragados (2%) y Lubasa (2%)– fue la única en presentarse y resultó adjudicataria. Desde 2015 Ribera Salud, que es propiedad al 50% de Banco Sabadell y del grupo norteamericano Centene, tiene el 96% de la concesión. 

02. Exención del pago de medicamentos. En 2015 el Gobierno valenciano, aún bajo la presidencia de Alberto Fabra (PP), envió a las concesionarias de los cinco departamentos sanitarios que operaban bajo el modelo de gestión privada una resolución administrativa por la que las exoneraba de financiar los costosos fármacos de última generación capaces de curar indefinidamente determinados genotipos de la hepatitis C. La dispensación hospitalaria de esos medicamentos para los pacientes más graves era obligatoria tras la puesta en marcha del Plan Estratégico para el Abordaje de la Hepatitis C que el Gobierno central había aprobado a finales de marzo de ese año, tras casi cuatro meses de intensas protestas por parte de plataformas de enfermos y organizaciones profesionales, principalmente de hepatólogos.

El Consell Jurídic Consultiu (CJC) –órgano consultivo de la Generalitat equivalente autonómico al Consejo de Estado–, a través de un dictamen vinculante, determinó que el actual equipo del Consell (PSPV-PSOE y Compromís) no podía declarar nula esa resolución por la vía administrativa. Así que la Generalitat ha optado por presentar en los tribunales una declaración de lesividad con el objetivo de anularla y de que las concesionarias devuelvan a la Administración el coste de esos medicamentos, que la Conselleria de Sanitat cifra en 15,7 millones de euros solo por los dispensados en 2015, cuando se prescribieron la mayoría de tratamientos. Todavía no hay decisión judicial al respecto. Esta reclamación sí cuenta con el aval de la Abogacía de la Generalitat, que determinó que eran las empresas las que tenían que asumir el coste de esos medicamentos. 

03. Carencias en la función fiscalizadora. La Intervención General de la Generalitat, en un informe específico sobre las liquidaciones de las concesionarias sanitarias entre los ejercicios de 2003 y 2012 –cuando el PP dirigía el Consell– determinó que la Administración no controló lo suficiente el funcionamiento de los departamentos de salud privatizados. En concreto, el organismo constató que existió por su parte dejación de funciones "al no realizar un adecuado control de las inversiones comprometidas por el concesionario", puesto que no se habían confeccionado los documentos básicos de control de las inversiones previstas.

En ese mismo informe, la Intervención también subrayó que no se hicieron estudios previos para justificar cuánto se iba a pagar por paciente a la concesionaria y que, por tanto, no quedó "ni motivado ni justificado si el importe que se fijó para la cápita inicial resultaba adecuado para financiar la actividad objeto de la concesión". Asimismo, el organismo determinó que los contratos se sustentaron en pliegos "en ocasiones ambiguos y aparentemente contradictorios".  

04. Aumento de la población. En mayo de 2010, con el PP en el Consell, el conseller de Sanidad dictó una resolución por la que se adscribió la atención médica de los 43.626 vecinos de la localidad de Mislata al área de Manises, que se había puesto en marcha un año antes bajo la fórmula de titularidad pública y gestión privada. Esta modificación incrementó los pacientes potenciales de ese departamento un 29% y también tuvo efectos sobre el precio del contrato, pues a la población adicional se le aplicó la misma cápita prevista para el resto. A más población, mayores ingresos para la concesionaria, que era y sigue siendo Sanitas. 

La cápita es el precio a pagar por el concesionario para cubrir no sólo los costes de la prestación de la asistencia sanitaria, sino también los costes de elaboración del proyecto y construcción del nuevo hospital y resto de inversiones comprometidas por el concesionario. Pues bien, la Sindicatura de Comptes, en una auditoría de esa concesión durante los ejercicios 2009 a 2015 [consultar, aquí], calificó de "criticable" que el precio de esa modificación fuera lineal respecto al contrato inicial, pues esos importes se destinan únicamente a cubrir la prestación sanitaria dado que no hay ningún compromiso adicional de inversiones por parte del concesionario. 

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Según la Sindicatura de Comptes, esa modificación contractual derivó en nuevos derechos económicos a favor del concesionario que, a priori, no conllevaron las mismas obligaciones que sustentaban el equilibrio financiero del contrato inicial. El órgano fiscalizador consideró que, en este caso, la solución más ajustada para atender las nuevas necesidades derivadas de la modificación del mapa sanitario habría sido la convocatoria de un nuevo contrato, al que también podría haber concurrido el actual concesionario.

05. Desvío de pacientes. En los primeros años de la concesión del hospital de Alzira antes de su rescate, la oposición al PP en Les Corts Valencianes acusó a la Generalitat de no dotar a los hospitales de comarcas cercanas de servicios que sí ofrecía el centro privatizado, lo que atraía a pacientes de esos lugares. Esto suponía ingresos añadidos para la concesionaria, pues sumaba la facturación por los pacientes extra atendidos a la cantidad fija que cobraba por los 250.000 residentes del departamento de salud de La Ribera.  

Un claro ejemplo de esta práctica fue la analgesia epidural en el caso de las parturientas, pues en los años 1999 y 2000 el hospital de Alzira era el único de la red pública que ofrecía ese servicio. Mujeres de Gandia, Xàtiva, de otras comarcas alicantinas e incluso de los barrios marítimos de Valencia eran derivadas a ese centro para dar a luz. Si la paciente había requerido cesárea el hospital facturaba a la consejería 2.566 euros, mientras que si se trataba de un parto natural la factura era de 1.202 euros. El registro oficial de nacimientos reflejó estas desviaciones: en el año 1999 y 2000 el hospital de Alzira incrementó el número de partos atendidos un 36%, mientras que en el conjunto de los hospitales públicos valencianos el aumento fue del 2,4%, según datos facilitados por la conselleria.