Montoro: "Yo no sé cómo se pagó el referéndum del 1-O, pero sé que no con dinero público"

"Yo no sé con qué dinero se pagaron esas urnas de los chinos del 1 de octubre, ni la manutención de Puigdemont. Pero sé que no con dinero público". Así se expresó este lunes el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en una entrevista publicada en el periódico El Mundo. "Por eso hay una investigación judicial en marcha. Pero la malversación no requiere solo desvío de fondos: es también abrir un recinto público para un acto político ilegal, por ejemplo", añadió Montoro. 

Confirma así que el Ministerio que dirige está investigando "pormenorizadamente" los pagos relacionados con el referéndum del 1 de octubre en Cataluña para detectar si se usó dinero público en la celebración de la consulta. Según confirmaron fuentes de Hacienda a Europa Press, hay una investigación en curso para averiguar si se utilizaron fondos públicos en la consulta y poder así aflorarlo, si bien señalan que la Generalitat no habilitó formalmente un presupuesto destinado al referéndum.

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En este sentido, las mismas fuentes señalaron que esta situación dista del 9-N cuando, en 2014, sí hubo partidas del Gobierno autonómico y por eso los responsables de la organización tuvieron que responder con su patrimonio para pagar la fianza que estableció el Tribunal de Cuentas. Motivo este por el que el expresident Artur Mas, la exvicepresidenta Joana Ortega, los exconsellers Francesc Homs e Irene Rigau y cinco altos cargos de la Generalitat tuvieron que depositar 5,25 millones de euros para responder por el dinero público destinado a la consulta ilegal.

No obstante, el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena mantiene la acusación de malversación de fondos públicos dirigida al expresident Carles Puigdemont, al que la justicia alemana sólo atribuye este delito. El auto de procesamiento dictado por el juez, basándose en la evaluación practicada por varios informes de la Guardia Civil, no detalla en qué se gastó el dinero, sino los gastos que la policía judicial calcula que "necesariamente habían de realizarse o comprometerse para la realización del referéndum". Llarena imputa a Puigdemont este delito como miembro del Govern, no por una acción individual concreta. Y lo hace basándose en que, en su opinión, "la realización conjunta del hecho [delictivo] implica que cada coautor colabore" sin que sea necesario que cada uno de ellos "realice todos los actos materiales integradores del núcleo del tipo [delictivo]".