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La 'comisión fantasma' sobre el Estado autonómico sigue viva pese a perder el horizonte de la reforma constitucional
La comisión de evaluación del Estado autonómico del Congreso se ha convertido en una comisión fantasma. Pilotada por el PSOE, vigilada por el PP y boicoteada por Unidos Podemos, Ciudadanos, el PNV y los independentistas catalanes, mantiene su programa de trabajo —tras cinco meses de parón— a pesar de que su objetivo final, la apertura de un debate para la reforma de la Constitución tal y como habían pactado hace un año Pedro Sánchez y Mariano Rajoy, naufragó con la moción de censura y la llegada de Pablo Casado a la Presidencia del PP.
La comisión está muy lejos de ser lo que el PSOE se había planteado en septiembre de 2017, en plena ruptura del independentismo con el ordenamiento constitucional. Entonces los socialistas querían sentar por primera vez en torno a una misma mesa a todos los partidos para tratar de reconducir el pulso institucional entre el Estado y el Govern de Cataluña para transitar “desde el desencuentro a un diálogo leal”, que permitiese hacer “propuestas de mejora institucional, normativa y de todo tipo” en relación con el modelo y la política territorial en general y “específicamente para desbloquear el actual desencuentro en relación con la cuestión catalana” aportando “soluciones satisfactorias que susciten apoyo mayoritario en Cataluña y en el resto de España”.
El PSOE de Pedro Sánchez, que entonces llevaba apenas unos meses de vuelta en la Secretaria General, sostenía la urgencia de abrir cauces de diálogo para “dar respuesta” a los “conflictos pendientes” de resolver en Cataluña respetando “todas las sensibilidades”.
Un año después, y a pesar de que Sánchez está ahora en la Moncloa y cuenta con muchos más mecanismos de los que tenia cuando era el líder de la oposición, las posibilidad de que la comisión llegue a completar sus trabajos es aún más incierta. El compromiso que Sánchez había arrancado a Mariano Rajoy de utilizar la comisión como paso previo a la apertura de un debate formal sobre la reforma de la Constitución, que debería haberse iniciado en junio, se perdió con la moción de censura.
Y aunque el PP sigue acudiendo a la comisión de evaluación del Estado autonómico, su nuevo presidente, Pablo Casado, ha abrazado un discurso mucho más combativo que el de su antecesor ante cualquier posibilidad de reforma, hasta el punto de defender medidas recentralizadoras que hasta hace poco sólo asumía Albert Rivera (Ciudadanos), como la retirada de las competencias educativas plenas a las comunidades autónomas.
Poco o nada queda en el discurso de Sánchez de los objetivos para la reforma constitucional que se había marcado en octubre del año pasado: “afrontar el fortalecimiento de los derechos y libertades”, adecuar el engarce institucional de España en la Unión Europea, reforzar “el Estado social para garantizar la igualdad de los ciudadanos”, mejorar la “calidad democrática” y “la regeneración de las instituciones” y “resolver la crisis territorial que estos días se presenta en toda su crudeza en Cataluña”. De hecho, desde el Gobierno sólo ha impulsado una reforma parcial para poner fin a los aforamientos, pendiente todavía de un dictamen del Consejo de Estado aunque este sábado Sánchez aseguró que estaría antes de que finalice noviembre.
Trece sesiones
La comisión para la evaluación del Estado autonómico ha celebrado desde su puesta en marcha 13 sesiones. Y de los cinco grupos políticos que han participado en ellas sólo los socialistas lo han hecho con entusiasmo. Los demás —PP, Ciudadanos, UPN y Compromís— se mostraron siempre escépticos. De hecho, los de Albert Rivera, que fueron los únicos que se opusieron en su día a la creación de la comisión, acabaron abandonándola la pasada primavera con el argumento de que el PSOE no quería citar a exdirigentes socialistas particularmente críticos con la posibilidad de una reforma constitucional, entre ellos José Bono y Alfonso Guerra.
El paso del tiempo ha visto además cómo se frustraban las esperanzas de los socialistas de que Unidos Podemos, el PNV y los partidos independentistas catalanes —Esquerra y el PDeCAT— decidiesen abandonar su boicot y se incorporasen a la comisión una vez levantada la aplicación del artículo 155. Y en el PSOE son muy conscientes de que las conclusiones de este órgano, si es que algún día se redactan, tendrán muy poco recorrido si no cuentan con la firma de las fuerzas mayoritarias en Cataluña y del Partido Popular, los dos puntos de visto más extremos de una hipotética reforma.
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Hasta ahora, por la comisión habían pasado muy pocos expertos y sí muchos altos cargos de organismos públicos, incluyendo a los responsables del Consejo de Estado, el CIS, el Consejo Económico y Social o el INE. También los padres de la Constitución que quedan vivos (Miquel Roca, José Pedro Pérez-Llorca y Miguel Herrero). Sus aportaciones ya ocupan centenares de páginas del Diario de Sesiones del Congreso, y aún falta la mayor parte, lo que da idea de la complejidad que representa el trabajo de síntesis que en última instancia debería afrontar la comisión si consigue culminar sus trabajos.
Los últimos comparecientes han sido el ex comisario europeo Joaquín Almunia, el presidente de Senado Juan José Lucas y Santiago Muñoz Machado, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid. El miércoles están llamados a compartir su opinión con los diputados otros dos expertos: Javier García Roca, catedrático de Derecho Constitucional de la Complutense, y Juan José Solozábal Echavarría, catedrático de Derecho Constitucional de la Autónoma de Madrid. Habrá en total cinco sesiones hasta que finalice el año para escuchar a expertos constitucionalistas, así como a especialistas en financiación autonómica y municipal y en reparto de competencias. A partir del mes de enero será el turno de los presidentes autonómicos, incluido el jefe del Govern de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra.
Según el plan de trabajo que se aprobó en su día, los grupos también tienen pendiente de poner fecha a las comparecencias, entre otros, de los expresidentes del Gobierno Felipe González, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero. A los que habrá que añadir a Mariano Rajoy, que en su momento no estaba entre los citados porque aún era jefe del Ejecutivo.
