Pepi no se va: paralizado por quinta vez el desahucio de una mujer de 65 años en Lavapiés

La movilización social consigue este viernes frenar, por quinta vez, el desahucio de Pepi Santiago, una mujer viuda de 65 años, y sus dos hijas, de 27 y 28 años, de su casa en el barrio de Lavapiés en Madrid.

En la actualidad, la vivienda pertenece a Proindivisos, que subió el alquiler de Pepi de 400 a 1.300 euros.

"Estoy esperanzada, contenta, de momento, no se que va a pasar pero estoy tranquila", ha declarado a primera hora, cuando una movilización frente a su vivienda, en la calle Argumosa, ha logrado frenar el desahucio.

La mujer ha agradecido el arropo de las personas que se han concentrado para evitar el desahucio y ha lanzado un alegato contra esta problemática. "Lo que está pasando no debe pasarle a nadie", ha reclamado.

 

Este jueves la Junta Municipal de Centro envió una carta al Juzgado de Primera Instancia número 33 de Madrid en la que pide la suspensión temporal del lanzamiento hasta que las inquilinas encuentren una solución habitacional. El caso de Pepi Santiago ha recibido la atención del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, que volvió a exigir la paralización del desahucio, que ya se intentó llevar a cabo en repetidas ocasiones el pasado verano.

La portavoz del Gobierno municipal, Rita Maestre, se ha unido a la exigencia de la ONU y ha solicitado a los tribunales la paralización del desahucio de Pepi. Además, Maestre reclama a la Comunidad una alternativa habitacional para estas tres mujeres dado que la competencia es autonómica y teniendo en cuenta que hasta ahora "no ha sido capaz de dársela".

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Por su parte, el Gobierno municipal ha señalado que "no existen promociones de vivienda pública y con parámetros de alquileres sociales suficiente". "Necesitamos que la Comunidad esté cerca de la gente, que es lo que requiere un problema de este calado. Es necesaria una corresponsabilidad absoluta con el tema de la vivienda pero los ayuntamientos no podemos hacer nuestro trabajo y al mismo tiempo el de las comunidades autónomas. En este sentido, les pedimos una implicación seria y sobre todo real", han indicado.