Los motivos que impulsan a Sánchez a convocar elecciones

El propio Pedro Sánchez anticipó hace meses que sin Presupuestos para 2019 la legislatura se acortaría. Cuando lo dijo, en pleno ultimátum independentista si no se aceptaban sus demandas, Sánchez estaba pensando en convocar elecciones anticipadas después del verano. En su hoja de ruta estaba parar los pies a la estrategia de crispación de PP y a Ciudadanos en las elecciones andaluzas y ganar las municipales, autonómicas y europeas en mayo para así llegar a las generales en otoño con el Gobierno y el PSOE en velocidad electoral de crucero.

Aquel plan, sin embargo, se truncó para sorpresa general el 2 de diciembre, el día de las elecciones en Andalucía, con la aparición de Vox y el fracaso de la candidatura de Susana Díaz, que no fue capaz de movilizar a los votantes que durante décadas habían dado soporte al PSOE en la tierra de Felipe González y Alfonso Guerra. Desde entonces la emergencia de la ultraderecha ha redibujado las expectativas electorales de los partidos en toda España. Y la resistencia de los independentistas a dar soporte a la agenda social que dependía de los Presupuestos ha terminado esta semana por plantear un escenario que el equipo de Sánchez —en el que destacan su jefe de gabinete, el especialista en comunicación Iván Redondo y el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos— ha acabado viendo como una oportunidad.

Siete son los principales argumentos que empujan a Sánchez a convocar elecciones cuanto antes.

  1. La movilización de la izquierda

La emergencia de Vox, su discurso ultraderechista en general y contra las mujeres en particular, sin olvidar su reivindicación del franquismo y los mensajes xenófobos que trasladan sus dirigentes constituyen un factor de movilización del voto de la izquierda de primer orden del que el PSOE espera sacar réditos en las elecciones. La amenaza de que Vox condicione el Gobierno de España es real, lo apuntan todas las encuestas, y su influencia sobre los demás partidos de la derecha, PP y Ciudadanos, se ha hecho evidente en los últimos meses. No sólo en el Gobierno de Andalucía, construido sobre esa mayoría parlamentaria, sino en eventos tan llamativos como la reciente manifestación por la unidad de España que el domingo pasado reunió en un mismo escenario a los líderes de los tres partidos, Pablo Casado, Albert Rivera y Santiago Abascal. Y que puede repetirse el próximo domingo en Barcelona.

Y no es sólo Vox. La manera en que Casado ha planteado, por ejemplo, devolver la ley del aborto a los supuestos de los años ochenta ha movilizado a las organizaciones feministas que dentro de poco más de tres semanas, el 8 de marzo, volverán a movilizarse en toda España en defensa de los derechos y las libertades de las mujeres.

En el PSOE están convencidos de que gracias a la amenaza creíble de que las tres derechas pueden desmontar buena parte de los derechos civiles conquistados en las últimas décadas están en situación de movilizar a los electores de izquierdas que desde hace años, sobre todo durante la crisis, se fueron a la abstención, desencantados por la gestión de la crisis durante los últimos años de José Luis Rodríguez Zapatero.

  2. La fractura de la derecha

Convocar las elecciones cuanto antes situará al PP y a Ciudadanos ante un escenario desfavorable. Vox está en su mejor momento. Las encuestas aseguran que aún no ha tocado techo y actos como el celebrado este domingo en Madrid no hacen más que seguir impulsándolos como referencia de los mensajes más extremos de la derecha. Todos los análisis y estudios de intención de voto demuestran que el partido de Abascal se nutre de votantes sobre todo del PP y en menor medida de Cs, electores que por supuesto pierden ambas formaciones. La consecuencia es que se reducen las expectativas tanto del PP como de Ciudadanos de alzarse con el primer puesto en las elecciones, lo que facilita al PSOE hacerse con esa posición aunque sea con menos del 25% de los votos.

Ser la primera fuerza en el nuevo Congreso no servirá de nada al PSOE si las derechas suman, pero si no lo consiguen ese resultado cambiará por completo el juego de mayorías, aunque los socialistas sigan teniendo que llegar a acuerdos con Unidos Podemos y con los nacionalistas. Entre otras cosas porque pondrá fin al bloqueo institucional que PP y Cs han estado imponiendo desde la moción de censura.

  3. La crisis de Podemos y el voto útil

En el PSOE son muy conscientes de que necesitarán a Unidos Podemos para gobernar. Precisan de la ayuda de la coalición que lideran Pablo Iglesias y Alberto Garzón, y de sus confluencias en Cataluña, Comunitat Valenciana y Galicia. Pero también tienen muy presente que la convocatoria electoral sorprende a la formación morada en plena crisis interna, con una dura batalla entre el sector mayoritario, liderado por Iglesias e Irene Montero, y los seguidores de Íñigo Errejón, después de que este decidiese por sorpresa abrazar una alianza con la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ajena a los planes del partido. La tensión interna salpica además a Izquierda Unida y desde hace semanas alimenta la incertidumbre sobre cuántas candidaturas concurrirán a las elecciones en la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid a la izquierda del PSOE.

Una crisis interna, la de Podemos, que no se limita a Madrid y se ha hecho visible con diferentes grados de intensidad en comunidades como Cantabria, Navarra, Castilla-La Mancha y Galicia. La esperanza del PSOE es que los votantes desencantados con el partido de Iglesias busquen refugio en sus candidaturas, especialmente aquellos que en el pasado votaban a los socialistas.

  4. La bandera social

Los Presupuestos que el Congreso acaba de rechazar constituyen, en sí mismos, una potente oferta electoral de la que los socialistas esperan sacar partido contraponiendo su defensa de la sanidad, la educación, los servicios sociales, la dependencia, las pensiones, la cobertura del desempleo o el salario mínimo, por citar algunos ejemplos, a las políticas neoliberales, los recortes y la austeridad que defienden al unísono PP, Ciudadanos y Vox.

Los socialistas quieren aprovechar las elecciones para que sean los ciudadanos los que decidan qué política prefieren: la que proponía el PSOE, con el apoyo de Podemos, para empezar a revertir los recortes y reformar el Estado de bienestar aumentando los impuestos a las grandes empresas, o la que defiende la derecha, que pasa por profundizar en el desmantelamiento de la educación y la sanidad pública y el adelgazamiento del Estado. Redistribución de la riqueza frente a a las políticas que durante los últimos siete años han servido para incrementar la desigualdad entre los españoles, haciendo que los ricos sean cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres.

Sánchez quiere hacer de la bandera social y de la identidad de izquierdas dos de los ejes de su campaña de movilización, de manera muy semejante a como planteó la campaña de primarias socialistas de 2017 en la que se impuso a Susana Díaz aupado por la respuesta de los militantes del PSOE a ese doble mensaje.

  5. El bloqueo institucional

En el Congreso hay una mayoría política favorable a medidas como la reforma de la ley mordaza, la derogación —al menos parcial— de la reforma laboral del PP, la aprobación de una ley de eutanasia, que el Senado deje de tener capacidad de veto para fijar la senda de déficit y una larga lista de propuestas que PP y Ciudadanos han sido capaces de bloquear sin tener mayoría echando mano del control que tienen de la mesa de la Cámara y de los artículos del reglamento que hacen posible meter en un cajón indefinidamente cualquier iniciativa.

El plan inicial de Sánchez era visibilizar esa mayoría favorable a los cambios, cuya expresión más nítida fue la moción de censura, y demostrar que otra forma de gobernar era posible. Pero el bloqueo institucional impuesto por PP y Cs mediante prácticas de filibusterismo parlamentario lo ha impedido. Así que ya no es tan importante prolongar la legislatura unos meses más, porque la derecha seguirá impidiendo tramitar las reformas que cuentan con el respaldo de los partidos que hicieron posible la moción de censura. Y no todas las medidas a las que Sánchez quería dar prioridad se pueden impulsar a través de decretos ley del Gobierno que luego deben ser convalidados por el Congreso.

  6. La ruptura con los independentistas

La decisión del Gobierno de poner fin a las negociaciones con los independentistas para abrir un “espacio de diálogo” sobre Cataluña, aunque eso haya supuesto perder la votación de los Presupuestos, y su nítida negativa a aceptar hablar de nada que se salga de la Constitución ha puesto negro sobre blanco, en opinión de los socialistas, la posición de Sánchez en relación con Cataluña y ha desmontado el argumentario de la ruptura de la unidad de España sobre el que llevan meses construyendo sus respectivos discursos PP, Cs y Vox.

El PSOE planea poner en valor el esfuerzo de diálogo constructivo realizado durante estos meses y los avances conseguidos, pero también que no ha habido ninguna cesión, como las que la derecha denunciaba y que constituyen un engaño, tal y como ha evidenciado la derrota presupuestaria.

El diálogo con el Govern no ha dado frutos, pero los socialistas se disponen a hacer de ese fracaso la prueba del nueve de que, contra lo que sostiene la derecha, no ha habido concesión alguna ni al PDeCAT ni a Esquerra. La votación de los Presupuestos, en la que los independentistas han votado codo con codo con PP y Ciudadanos, lo ha hecho evidente y el PSOE se dispone a sacarle todo el partido posible en las elecciones que se avecinan.

  7. La presión de los barones

Los barones socialistas, especialmente los más críticos con Sánchez, no quieren ni oír hablar de elecciones generales el 26 de mayo, coincidiendo con municipales, autonómicas y europeas. Esta opinión, evidente entre los presidentes de Extremadura, Guillermo Fernández Vara; Aragón, Javier Lambán, y Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, es compartida por los otros dos barones más afines a Sánchez y a sus políticas, el valenciano Ximo Puig y la balear Francina Armengol.

Todos ellos prefieren construir sus campañas electorales en torno a asuntos que afectan a sus propias comunidades y temen que los votantes se contagien de los debates de ámbito nacional, desde la política migratoria a los impuestos, pasando por la situación en Cataluña. Y eso que no todo el mundo en el PSOE está de acuerdo con que la marca Sánchez juegue en contra: algunos sostienen que a Susana Díaz le hubiese ido mucho mejor si hubiese permitido al presidente y a sus ministros tener presencia en la campaña andaluza y el Gobierno de España hubiese tenido la oportunidad de defender la agenda política y social del Ejecutivo.

Votar el 26 de mayo, o más tarde, como apuntan algunas voces, sería para los partidarios de convocar cuanto antes demorar demasiado las efectos beneficiosos que esperan obtener de mantener viva en la memoria de los votantes la combinación de factores antes citados: la foto de Colón del PP y Cs con la ultraderecha, la crisis de Podemos, la coincidencia de voluntades de la derecha y el independentismo para echar abajo el proyecto de Presupuestos y la agenda social que el Gobierno iba a poner en marcha poniendo fin a siete años de austeridad conservadora y de desmantelamiento del Estado del bienestar.

  Pero también hay riesgos

Claro que también hay riesgos. Y en los últimos días, así como en las próximas horas, han estado muy presentes en las conversaciones en torno al presidente. En primer lugar, el de que entre los ciudadanos se imponga la idea de que el intento de gobernar de Sánchez haya terminado en un enorme fracaso.

El Ejecutivo no tiene ganada, ni mucho menos, la batalla de la opinión pública. Y si decide convocar en abril, probablemente el día 28, la derecha intentará acusarle de dilapidar recursos al llamar a las urnas ese día en vez de hacerlo el 26 de mayo, coincidiendo con municipales, autonómicas y europeas.

Sánchez no ha logrado sacar adelante sus Presupuestos, no ha conseguido poner en marcha un diálogo fructífero con los independentistas y ni siquiera ha podido impulsar reformas a través del Congreso. En muchos medios de comunicación y en la opinión pública se ha instalado la idea de que el presidente no ha hecho otra cosa que dar bandazos y tratar de mantenerse en La Moncloa en la esperanza de mejorar sus expectativas electorales.

Los ministros reivindican su agenda social y defienden la firmeza frente a los independentistas

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Para combatir esta imagen, a las pocas hora de la derrota presupuestaria el Gobierno comenzó la tarea de construir el relato de sus éxitos. Entre ellos destacan el fortalecimiento y recuperación del Estado del bienestar (la subida del SMI y de las pensiones, la recuperación de la atención sanitaria universal, medidas contra la pobreza energética, la supresión del impuesto al sol, la mayor oferta de empleo público en 10 años o la creación del Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil), la identidad feminista del Gobierno, el aumento de la protección y los derechos de los trabajadores los autónomos o la subida e sueldo de los funcionarios.

Y, al mismo tiempo, se han detenido a subrayar las medidas que no saldrán adelante por culpa del rechazo a los Presupuestos: la supresión del copago farmacéutico, el aumento de casi un 60% de las prestaciones de la Ley de Dependencia, la ampliación del permiso de paternidad a ocho semanas, la universalización de la educación de 0 a 3 años o el subsidio de desempleo para personas mayores de 52 años.

Tampoco será posible, ha recordado el Gobierno, culminar el anteproyecto de Ley Orgánica de Protección Integral de la Infancia y Adolescencia frente a la Violencia —el que en los últimos meses había apadrinado el popular pianista británico James Rhodes—, los proyectos de ley para acabar con los recortes educativos del PP, la aprobación de la Estrategia contra la Pobreza Energética, la reforma del Código Penal para considerar violación las agresiones sexuales con penetración y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que el plazo máximo de investigación no beneficie a los corruptos, así como la supresión del voto rogado o la regulación del derecho a la muerte digna.