El negocio inmobiliario de la Iglesia española sufriría un revés con la propuesta sobre el IBI que defiende el papa

Rara vez se ve a un presidente ejecutivo o a un consejero delegado pronunciarse contra una de las principales fuentes de ingresos –o formas de ahorro– de su propia empresa. Algo así ha hecho el papa Francisco, que según el Código de Derecho Canónico es "Vicario de Cristo y Pastor de la Iglesia universal en la tierra", con potestad "suprema, plena, inmediata y universal". Es decir, el jefe sin discusión de la Iglesia católica, que aunque no es una empresa sí tiene una fabulosa dimensión económica. Jorge Mario Bergoglio, obispo de Roma y sumo pontífice, afirma que la institución debe pagar impuestos "por todo lo que no sea culto o bien común". Aunque el concepto de "bien común" es difuso, la propuesta del sucesor de Pedro es una bomba para las cuentas de la Iglesia en España, porque suprimiría un privilegio con el que las entidades eclesiales desarrollan su negocio de alquiler inmobiliario sin pagar el IBI.

Dada la opacidad y descentralización con la que la Iglesia católica maneja su cuenta de activos, es imposible determinar a cuántos bienes afecta esta aseveración papal, pero lo indudable es que su aplicación sacudiría la entera economía eclesial: desde unos aparcamientos en Almería y Lugo a un hotel en la Costa Brava; desde el piso donde vive retirado Antonio María Rouco Varela en Madrid hasta un Uterqüe –tienda de gama alta de Inditex– frente a El Corte Inglés de Princesa. Y, lo que sería más relevante de todo, el papa también ha puesto en el punto de mira los centros educativos de la Iglesia católica. La pérdida de la exención generalizada del IBI supondría además que la Iglesia y cada una de sus entidades deberían clarificar su patrimonio y el uso del mismo, al objeto de facilitar a los ayuntamientos el cobro.

infoLibre preguntó a la Conferencia Episcopal si tenía prevista la puesta en marcha de alguna medida al hilo de las declaraciones del papa, sin respuesta. Tampoco aclaró si entendía que sus afirmaciones afectaban a algún inmueble en España. En cuanto al Ministerio de Hacienda, un portavoz oficial señaló que se trata de un tema "complejo" y que un cambio del "trato fiscal" a la Iglesia requiere la revisión de los acuerdos de 1976-1979 con la Santa Sede. Instituciones diocesanas y educativas contactadas por este periódico reseñaron que el actual marco legal avala las exenciones, sin entrar a valorar el impacto de las palabras de Francisco. Es pronto aún para que la carga de profundidad del papa comience a desplegar efectos. 

Sólo "culto" y "bien común"

La respuesta de Francisco se produjo ante una pregunta sobre el pago de la Iglesia en España del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). El papa, en la entrevista emitida este domingo en el programa Salvados de La Sexta, respondió que "los hombres de la Iglesia son ciudadanos", por lo que están sujetos a las mismas obligaciones que el resto. ¿También a pagar impuestos? "No, si te parece...", respondió. Bergoglio aseguró que incluso suele preguntar por el pago de impuestos en el confesionario, dando así una dimensión moral a esta obligación, para luego precisar que los bienes consagrados al "culto" o al "bien social", como por ejemplo "una oficina de Cáritas", deben estar exentos. Pero no el resto. Y la clave está en el resto.

El planteamiento genérico del papa, si hubiera sido expresado en los términos habituales, permitiría a quien no quisiera darse por aludido alegar que todo lo que hace la Iglesia está dedicado al "bien común", porque de hecho toda la Iglesia está consagrada a tal fin. Es una gatera por la que suele escapar la jerarquía en estos debates. Si todo lo que hace la Iglesia obedece a un mismo fin –predicación, caridad, obra social–, toda exención está justificada, sería el argumento.

La Iglesia se ve beneficiada además por el amplio margen para la interpretación a su favor que dejan los acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede de 1976-1979, especialmente el convenio económico. La legislación posterior ha apuntalado las ventajas fiscales. La Ley de Haciendas Locales clarifica la exención a los centros concertados. Y la Ley de Mecenazgo, mediante un abstruso articulado, genera el marco para lo que en la práctica ha sido una exención generalizada del IBI, al permitir que no se pague por inmuebles alquilados.

Pero, como gran novedad, el papa no se refirió al asunto en positivo, sino en negativo. Negó que deba estar exento "todo lo que no sea culto y bien común". Y llegó a hacer referencia a la educación, el principal ámbito de poder e influencia de las organizaciones de la Iglesia católica. "Si vos tenés un colegio que educa con aranceles [...], ahí sí pagá", dijo con su acento argentino. No fue el colmo de la precisión, pero el mensaje está claro: si la actividad educativa tiene una dimensión empresarial, en teoría estaría sujeto al pago del IBI. Y con mucha más razón lo estarán locales alquilados para aparcamiento, hotel, tiendas... Todo ese negocio inmobiliario de la Iglesia, que opera en el mercado del alquiler a salvo del fisco, sufre un golpe con la propuesta papal. 

Especialmente llamativa es la referencia al ámbito educativo. Las organizaciones católicas cobran a las familias en sus colegios tanto netamente privados –sin financiación pública– como concertados, en este caso a través de cobros informales. Alrededor de un 60% de la educación concertada en España está en manos de entidades eclesiales, como el Opus Dei, entre otras. También hay organizaciones promotoras de colegios privados de élite, caso de los Legionarios de Cristo. Según la Conferencia Episcopal, hay 2.591 centros católicos, con 1,48 millones de alumnos. Además, la Iglesia tiene 16 universidades.

Sin listado patrimonial

La Iglesia está exenta del pago del IBI por los inmuebles en los que desarrolla tarea de culto, como iglesias y catedrales, así como tarea social. Hasta ahí, todo está claramente anclado en los pactos del Estado con la Santa Sede, con categoría de acuerdo internacional, que ningún Gobierno ni mayoría parlamentaria se ha atrevido nunca a denunciar. Pero hay otras actividades que no tienen encaje ni en la labor social, ni en la pastoral, ni en la caritativa, ni en la educativa, al menos no directamente. Y que, sin embargo, se desarrollan en inmuebles exentos de IBI. ¿Cómo? Gracias a una interpretación de la Ley de Mecenazgo favorable a los intereses de la Iglesia por parte del Tribunal Supremo, las distintas organizaciones eclesiales alquilan sus inmuebles sin uso religioso, pese a lo cual no pagan impuestos por ello. La memoria anual de actividades de la Conferencia Episcopal no hace la menor referencia a este patrimonio en alquiler. Pero existe.

El Gobierno local de Valencia ha cuestionado la exención de un aparcamiento propiedad del arzobispado cerca del hospital Arnau de Vilanova, así como de los edificios de la Universidad Católica San Vicente Mártir, que hace competencia a otras universidades que sí pagan. El Ayuntamiento que lidera Joan Ribó (Compromís) ha encabezado la lucha por el cobro del IBI por inmuebles en los que se desarrollan actividades lucrativas. En febrero el concejal de Hacienda, Ramón Vilar (PSPV), anunció que el Consistorio giraría recibos por valor de 2 millones de euros en concepto de IBI por inmuebles con uso lucrativo. Y no es un caso exclusivo de Valencia. Pasa en multitud de municipios, si bien la mayoría de Gobiernos locales ni siquiera intentan cobrar.

Hay ejemplos. Las diócesis de Lugo y Almería alquilan aparcamientos a empresas explotadoras y no pagan IBI. Los Padres Mínimos arriendan un convento desacralizado a una empresa hotelera en Begur (Gerona) y tampoco pagan IBI. Un inmueble propiedad a partes iguales del Seminario Conciliar de Burgo de Osma, las Carmelitas Descalzas y Cáritas está alquilado a diversas empresas explotadoras, entre ellas el grupo Inditex, en Madrid. Y está libre de IBI. En Córdoba hay inmuebles exentos destinados a comercios. Europa Laica asegura que es una práctica absolutamente generalizada.

Con carácter general, la Iglesia tampoco paga IBI por tiendas de souvenirs, panaderías y hospederías, a pesar de que se obtiene un lucro por ellas. Para darle la vuelta a la tortilla, el ayuntamiento que quiera cobrar tiene que acudir a los tribunales, como ocurrió en Escorca, en las Islas Baleares, donde el consistorio logró una sentencia firme a su favor que obligaba al pago del IBI a la Diócesis de Mallorca por tres negocios en el Santuario de Lluc. Lo que dice el papa implicaría que se convirtiera en norma general lo que hasta ahora ha sido un caso particular logrado tras un trabajoso esfuerzo judicial: que se retire la exención allí donde hay un lucro económico, en nada relacionado con una actividad caritativa o religiosa. No es fácil, porque en el caso de Escorca la explotación es directa, lo que hace legalmente más fácil exigir la exención que cuando el inmueble es alquilado.

Amago del Gobierno

¿Cuántos inmuebles más con aprovechamiento económico hay? ¿Cuántas viviendas y locales comerciales arrendados que no pagan IBI? ¿Cuántas hospederías y tiendas de regalos? Es información que las autoridades fiscales desconocen y que ni la Conferencia Episcopal, ni las diócesis, ni las órdenes publican. De hecho, la Iglesia aún no ha sido fiscalizada por el Tribunal de Cuentas, ni siquiera las ayudas públicas recibidas, aunque en teoría hay una evaluación en marcha.

Los problemas de la Iglesia católica para mantener estas exenciones han venido hasta ahora más de la justicia europea que de la política española. Una sentencia del Tribunal de Luxemburgo de noviembre de 2018 obliga a Italia a cobrar el impuesto municipal atrasado por inmuebles con uso comercial. El Gobierno de Pedro Sánchez hizo un tímido amago de cambiar el sistema en España, aunque finalmente quedó en nada. Fue tras una reunión en octubre de la vicepresidenta Carmen Calvo con el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin. Calvo declaró su voluntad de imitar el modelo fiscal que ya está en vigor en Italia. Dicho sistema obliga a la institución católica a pagar la contribución urbana por inmuebles en los que desarrolle actividades comerciales desde una posición de ventaja competitiva. A ese modelo es al que apuntan ahora las declaraciones del papa.

Pese a las intenciones del Gobierno, hasta la fecha no se ha avanzado nada, según ha comprobado este periódico a través de Hacienda, Presidencia y la CEE. El anuncio de un "grupo de trabajo" para afinar ese diseño fiscal quedó en agua de borrajas. Ahora es el propio papa el que allana el camino a la supresión de la exención en inmuebles en los que se desarrolla actividad económica. Es más, apunta incluso a la posibilidad de retirar exenciones a centros educativos, una posibilidad que el Gobierno socialista no había manejado. En el terreno de la fiscalidad eclesial, ahora mismo las autoridades públicas son más papistas que el papa.

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Entradas a templos

Hay otra actividad lucrativa de la Iglesia católica desarrollada sin pagar impuestos: el cobro de entradas a los templos. Cabildos y diócesis lo realizan además sin publicar, en la mayoría de ocasiones, los resultados de la explotación. No obstante, las palabras del papa apuntan a que estos inmuebles seguirían exentos del IBI, por ser centros de culto.

Más dudas puede plantear el hecho de que se realice una actividad económica en posición fiscalmente ventajosa con respecto a otro operador, en este caso turístico. ¿Qué dirían los tribunales europeos, tan celosos de la protección de la igualdad de condiciones en el mercado de la libre competencia, si hubiera una denuncia en este sentido? Es en Europa donde la Iglesia se está llevando sus mayores disgustos legales. No sólo por la sentencia sobre Italia que establece que, si hay actividad económica competitiva, hay que pagar IBI. También la justicia de la UE obligó a la Congregación de las Escuelas Pías de los Padres Escolapios a pagar el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) por unas obras del salón de actos del colegio La Inmaculada, en Getafe (Madrid). La UE ya andaba tras los privilegios fiscales de la Iglesia antes de que el papa los admitiera.