Memoria histórica
La Abogacía del Estado defiende la exhumación de Franco y califica los informes de la familia de "trabajo escolar"
La Abogacía del Estado ha presentado un escrito al Tribunal Supremo defendiendo la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco que pretende el Gobierno. El documento, al que ha tenido acceso la Cadena Ser, defiende que los acuerdos recurridos "garantizan el respeto a la dignidad debida al finado", defiende la idoneidad de Mingorrubio como destino del cadáver –frente a La Almudena– y aprueba los criterios de "necesidad y urgencia" que arguyó el Ejecutivo.
El Tribunal Supremo lleva meses estudiando la exhumación de Franco. Ante el recurso de la familia, decidió suspender el traslado de los restos de manera cautelar. Ahora analiza tanto los documentos, informes y pruebas presentados por los familiares como, a partir de ahora, el documento de la representación del Estado en el litigio.
En su escrito de conclusiones, recogido por la emisora, la Abogacía del Estado argumenta que la decisión de exhumar los restos de Franco dirección a Mingorrubio garantiza "la inexistencia de problemas de seguridad" y "que no se alteren de forma las condiciones en que los familiares pueden asistir a rendir homenaje", ya que ahí se encuentran los restos de Carmen Polo.
"Concurren los requisitos constitucionalmente exigidos de necesidad y urgencia", explica el documento del órgano, añadiendo que "no vulnera los derechos de libertad religiosa, ni de intimidad personal o familiar" de los Franco ya que no existe un derecho "a no ser removido del lugar de enterramiento".
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Con respecto a la documentación presentada por la familia del dictador, la Abogacía del Estado critica duramente tanto su contenido como su forma. Alude a "terminología trasnochada", asegura que obtiene datos "de búsquedas de Internet sencillas" y que s trata de un trabajo "parcial", sin fuentes fiables y cuya matriz de riesgos, esencial para asegurar que la exhumación es peligrosa, parece más "un trabajo escolar" que un trabajo pericial riguroso.
Debido a esta "falta de rigor", el órgano argumenta frente al Supremo que la decisión del Gobierno fue proporcionada ateniéndose a la Ley de Memoria Histórica.
