La sentencia resolverá la cuestión del permiso de obra para la exhumación

La sentencia que hará pública en los próximos días el Tribunal Supremo avalando la decisión del Gobierno de sacar a Francisco Franco del Valle de los Caídos abordará también cuestiones urbanísticas del asunto, por lo que la resolución podría referirse a la paralización de las obras acordada en su día por un juzgado Contencioso-Administrativo de Madrid.

Fuentes del alto tribunal han señalado a Europa Press que esta cuestión fue planteada tanto en el recurso de la familia Franco como en la impugnación presentada en contra por la Abogacía del Estado, y que la sentencia que se conocerá en los próximos días deberá pronunciarse, por lo tanto sobre estos aspectos urbanísticos. Entre ellos, el relativo a si la obra es calificada de mayor o menor, lo que tiene incidencia en el tema de las licencias y permisos.

De este modo, y según las mismas fuentes, la sentencia no puede decir qué hacer al juez José Yusty Bastarreche, titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Madrid que mantiene la paralización de la licencia de obras, pero los argumentos del Supremo sí que podrían incidir en la decisión que este magistrado adopte próximamente sobre el fondo del asunto. Desde el propio tribunal asumen que este fleco jurídico puede retrasar los trabajos sobre los que han pronunciado este martes. Yusty Bastarreche ha ridiculizado la ley de memoria, calificándola de "maldad de Zapatero y el socialnacionalismo".

El Supremo argumentará en su sentencia razones de "interés general" para rechazar el recurso de los Franco en su totalidad y avalar por tanto la exhumación de los restos del dictador para su posterior inhumación en el cementerio de El Pardo-Mingorrubio. Según fuentes jurídicas, es un procedimiento autónomo y, por tanto, en el Supremo entienden que puede retrasar la exhumación.

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En su recurso ante el Supremo, los Franco argumentaban contra la decisión del Consejo de Ministros sobre los restos y reclamaban que, en todo caso, la reinhumación se produjera en la cripta de la Catedral de la Almudena donde poseen un panteón que ya guarda los restos de otros miembros de la familia. El Gobierno rechazó esta alternativa por motivos de seguridad y para evitar que el nuevo destino de Franco sea un lugar de exaltación a su figura.

El Supremo paralizó la exhumación acordada por el Gobierno para el pasado 10 de junio y lo justificó en la necesidad de evitar el perjuicio que, de otro modo, se causaría a los recurrentes –la familia Franco y otros tres colectivos– y, especialmente, a los intereses públicos encarnados en el Estado y en sus instituciones constitucionales, "los cuales se verían gravemente afectados si, exhumados esos restos, se estimara el recurso y fuera preciso devolverlos al lugar en que se hallan".

En este asunto están personados, además de la familia Franco, La Fundación Francisco Franco, la comunidad Benedictina en Cuelgamuros y la Asociación de Defensa del Valle de los Caídos. Sus recursos se resolverán más adelante en el mismo sentido que el dictaminado este martes.