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La Audiencia Nacional deja en libertad bajo fianza de 5.000 euros a un cuarto CDR

  • El investigado era uno de los expertos en informática del grupo y recibió el encargo de establecer una red de comunicación segura e indetectable para mantener conversaciones desde el interior del Parlament
  • La Audiencia Nacional le impone medidas cautelares tales como comparecer semanalmente en sede judicial, prohibición de abandonar territorio nacional y obligación de proporcionar un teléfono, domicilio y persona de contacto

Publicada el 26/12/2019 a las 15:20 Actualizada el 26/12/2019 a las 15:41
Imagen de archivo de la Audiencia Nacional.

Imagen de archivo de la Audiencia Nacional.

EP
La juez de la Audiencia Nacional María Tardón ha acordado fianza de 5.000 euros para Ferran Jolis, uno de los siete miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) encarcelados el pasado septiembre por terrorismo, con lo que se convierte así en el cuarto detenido en esta causa en quedar en libertad provisional en una semana.

Según informaron a Europa Press fuentes jurídicas, vista la nueva situación de Xavier Buigas, Guillem Xavier Duch y Eduard Garzón, quienes quedaron en libertad el viernes pasado previo pago de fianzas de 5.000 euros, la defensa de Jolis presentó un escrito al Juzgado Central de Instrucción número 6, a cargo de esta causa, para solicitar también una modificación de su situación personal.

Ante esta petición, la Fiscalía de la Audiencia Nacional se pronunció de similar manera que en los tres casos anteriores: se mostró de acuerdo en mantener la medida de prisión provisional, si bien no se opuso a la imposición de una fianza. Con este informe, la juez Tardón, en sustitución del instructor Manuel García Castellón, decidió hacer caso al Ministerio Público.

Cuando Duch, Buigas y Garzón presentaron sus recursos, el fiscal Miguel Ángel Carballo argumentó que ninguno formaba parte del núcleo productor de los materiales precursores de explosivos que, según la Guardia Civil, sí integraban otros investigados del Equipo de Respuesta Táctica (ERT), el grupo dentro de los CDR a los que ellos mismos aludían y a través del cual "pretenderían la comisión de actos violentos y de carácter delictivo" para "lograr la materialización de la república catalana mediante cualquier vía, incluidas las violentas".

Comunicaciones desde el Parlament

Es el mismo caso de Ferran Jolis, quien, según el sumario de la causa al que tuvo acceso Europa Press, era uno de los expertos en informática del grupo y formaba parte del núcleo ejecutor del ERT y su rol era una pieza clave en el éxito de la organización, pues permitía garantizar la permanencia de la misma en el tiempo a través de la securización de las comunicaciones. Participó además en la reunión in itinere con la hermana del expresidente catalán Carles Puigdemont.

Jolis recibió del también investigado Xavier Buigas el encargo de establecer una red de comunicación segura e indetectable para poder mantener comunicaciones desde el interior del Parlament, cuya instalación se realizaría en establecimientos y restaurantes cercanos mediante la usurpación de puntos wi-fi públicos y privados.

En las conversaciones intervenidas al grupo por la Guardia Civil se le escucha afirmar: "Me estoy jugando el culo, porque si me pillan me van a meter terrorismo y banda organizada", aunque él dijo en su declaración policial que sólo lo dijo como "vacileo" ante su novia, con la que acababa de empezar una relación.

'Crowdfunding'

Jolis fue uno de los dos investigados que el pasado septiembre, tras las detenciones, pidió abogado de oficio y declaró durante varias horas tanto ante los investigadores de la Guardia Civil como ante el juez instructor de la causa. Tras su entrada en prisión provisional, renunció a su letrado y pidió ser asesorado por el equipo de asesores jurídicos de Alerta Solidària, como el resto de detenidos.

Tras la notificación del auto de la juez con la fianza para Jolis, Alerta Solidària publicó un mensaje en su cuenta de Twitter pidiendo donaciones para recaudar los 5.000 euros para que Jolis pueda abandonar la prisión de Soto del Real.

Como a Duch, Buigas y Garzón, la Audiencia Nacional impone a Jolis, en caso de que pague la fianza, medidas cautelares tales como comparecer semanalmente en sede judicial, prohibición de abandonar territorio nacional y obligación de proporcionar un teléfono, domicilio y persona de contacto.
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