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La defensa de Pineda pide la nulidad del juicio contra Ausbanc y Manos Limpias porque dice que parte de "una denuncia falsa" de Villarejo

  • Sostiene que el origen de la causa es "espuria", porque el BBVA "se sirvió de estructuras policiales y parapoliciales"
  • Argumenta que el banco quería destruir a Ausbanc y con tal objetivo contrató los servicios del comisario jubilado entre 2012 y 2017
  • La Fiscalía rechaza anular la causa y niega la fiabilidad de Villarejo como testigo

Publicada el 29/01/2020 a las 18:24 Actualizada el 29/01/2020 a las 21:19
El presidente de Ausbanc, Luis Pineda, en una imagen de 2015.

El presidente de Ausbanc, Luis Pineda.

EFE

Miguel Durán, el abogado del presidente de Ausbanc, Luis Pineda, ha pedido la nulidad del juicio contra esta asociación de usuarios de banca y el sindicato Manos Limpias porque a su entender la instrucción parte de "una denuncia anónima falsa" presentada por el comisario jubilado y en prisión preventiva José Manuel Villarejo, según informa Europa Press.

Durán, durante su turno de intervención en las cuestiones previas del juicio oral que se celebra en la Audiencia Nacional, ha señalado que las acusaciones contra su defendido, Luis Pineda, parten de un "montaje policial artificial" auspiciado por quien fue acusación particular hasta su retirada en 2019, el BBVA.

"El Ministerio Fiscal, no entendemos por qué, siguió adelante, cuando de haberse profundizado en esa denuncia anónima se hubiera visto la procedencia", ha argumentado, para explicar que el origen de la causa es "espuria", porque la entidad bancaria "se sirvió de estructuras policiales y parapoliciales" para su interés.

Para Durán, dado que Pineda era "martillo de herejes" contra prácticas bancarias abusivas, ha citado las cláusulas suelo, el BBVA al frente del cual estaba Francisco González, "echó mano de Villarejo", y es éste quien formula la denuncia "falsa" ante la Unidad de Delitos Económicos y Financieros de la Policía (Udef).

"Y lo hace ante compañeros del cuerpo policial, que conoce sobradamente y con los que tiene perfecto contacto. Consta que la denuncia anónima está en el ordenador incautado en la diligencia de entrada y registro de la casa de Villarejo", añade.

Destruir Ausbanc

Así, la defensa de Pineda ha argumentado que el banco quería destruir a Ausbanc y con tal objetivo contrató los servicios del comisario entre 2012 y 2017, entregándole millones de euros para tal fin. "Esta repugnante conducta choca con las mínimas exigencias del Estado de Derecho y por tanto cualquier derivada judicial no debería orientarse contra estas personas sino contra los autores de estas conductas abominables", ha incidido.

Sobre esa denuncia anónima, Durán ha apuntado que es una sarta de calumnias inconsistentes, por lo que solicita la nulidad plena de la prueba de cargo que arranca en ese informe redactado a raíz de la denuncia anónima en febrero de 2015. "Todo nace de un cohecho y de una organización criminal que han protagonizado el BBVA y el señor Villarejo", ha apuntado.

Por otro lado, Durán ha señalado que la Audiencia Nacional no tiene competencia sobre esta causa porque no se juzgan delitos económicos que tengan que ver con falsificación de moneda o tarjetas. Además, aduce que el mismo Ministerio Fiscal señaló que la competencia era de la Audiencia Provincial.

En este sentido, ha negado que los socios de Ausbanc hayan sido objeto de estafa por parte de su defendido, Luis Pineda. "¿Dónde sucede que se dé la grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil o en la economía nacional? Nada de eso existe", ha añadido para aseverar que el tribunal actual no es donde debiera haberse instruido el caso.

"Declarar nula la instrucción"

Asimismo, la defensa pide declarar nula la instrucción de la causa llevada a cabo desde el Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, al cargo del cual está el magistrado Santiago Pedraz.

Y reclaman la nulidad del auto de procedimiento abreviado dado que, argumentan, el Supremo establece que solo es válido para instruir cuestiones inaplazables o urgentes. A esto suma que en la instrucción se dio una vulneración del derecho fundamental.

Asimismo, respecto al trato que deben recibir las denuncias anónimas, apuntan desde la defensa que se deben tratar con recelo para comprobar si hay móviles espurios. "Pero la denuncia es un florilegio de delitos, está claro el cohecho", inciden.

Además, la defensa de Pineda ha pedido la nulidad también de las intervenciones telefónicas realizadas por la Policía por ser prospectivas, y las pruebas derivadas de las entradas y registros que se realizaron durante la operación policial.

Para terminar su turno de presentación de cuestiones previas, Durán ha señalado que coincide con la acusación popular ejercida por Podemos al decir que si se demuestra que todo viene de una denuncia de Villarejo "el asunto se viene abajo".

"Si efectivamente el señor Villarejo es salsa de todo este guiso, el tribunal, si sigue adelante, probablemente trabajara en vano", ha añadido, para luego apuntar que si se levantase parte del secreto de sumario de la causa que instruye el juzgado de instrucción central número 6 de la Audiencia Nacional por Villarejo se demostraría que "si tiene cuatro patas y ladra es perro". Por este motivo, Durán ha pedido la suspensión del juicio oral.

Fiscalía rechaza anular la causa y niega la fiabilidad de Villarejo como testigo

La Fiscalía de la Audiencia Nacional, por su parte, ha rechazado la anulación de la causa contra Ausbanc y Manos Limpias señalando que la Audiencia Nacional es competente, y también se ha opuesto a que el comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo pueda concurrir como testigo dada su "escasa fiabilidad".

El fiscal José Perals ha señalado que son "tajantemente contrarios" a la admisión de las cuestiones previas presentadas —más de 50— por las defensas de los acusados de la causa contra Ausbanc y Manos Limpias, y han defendido que este tribunal es competente para juzgar los hechos.

"Sí es competente para el procedimiento", ha apuntado Perals, para luego añadir que el caso afectaba a 4.000 socios adheridos y a entidades financieras. Además, ha defendido que el juez instructor de la causa, Santiago Pedraz, era competente también y ha añadido que "no hay base legal para atacar al magistrado y su independencia en el ejercicio de sus funciones".

Sobre la cuestión alegada por la defensa sobre la nulidad del procedimiento por la denuncia anónima que dio lugar a la investigación policial, y que sostienen que provenía de José Manuel Villarejo, el fiscal ha apuntado que no se intuye de la misma que se cometiera ningún delito.

Y ha añadido que no hay que exhortar al juez que lleva el caso Tándem para que levante parte del secreto de su instrucción. "No nos da risa porque el tema es muy serio, si se acuerda secreto es porque el juez lo considera necesario", ha añadido.

Además, Perals ha recordado que a pesar de que el origen de la denuncia fuera un delito, "no anularía en ningún caso el procedimiento" y ha puesto como ejemplo el caso Falciani, quien comete un delito apropiándose de datos de un banco y el Supremo lo da por valido.

Tampoco ha aceptado que se anulen las actas de los registros y entradas en los domicilios de varios de los acusados y en las oficinas, y tampoco acepta que se anulen las intervenciones telefónicas ni que se dé una prescripción de algunas de las acusaciones porque ésta es de diez años para delitos de extorsión.

En cuanto a los testigos propuestos por la defensa de Pineda, entre los que se encontraban desde altos directivos de entidades bancarias y periodistas hasta el propio Villarejo, el fiscal ha señalado que o bien no eran relevantes para la causa o bien lo que pudieran declarar estando presos tendría escasa fiabilidad. Las acusaciones particulares y la acusación popular que ejerce Podemos se han adherido a lo expuesto por el fiscal.

La Fiscalía pide para Pineda 118 años y 5 meses de cárcel y para Bernad, 24 años y 10 meses, al acusarles de delitos de organización criminal y extorsión, y en el caso del primero añade estafa y blanqueo de capitales y le pide una multa de 10 millones de euros.

Para la que fuera abogada de la acusación en el caso Nóos, Virginia López Negrete, el Ministerio Fiscal solicita 11 años y 11 meses de cárcel por organización criminal y extorsión. El fiscal, que además reclama la disolución de todas las sociedades vinculadas a Ausbanc y Manos Limpias, dirige su acusación contra siete personas más, para los que solicita penas que oscilan entre los 66 años y 10 meses de prisión.

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