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Espionaje a políticos y empresarios

Anticorrupción imputa a Francisco González un papel decisivo en la relación del BBVA con Villarejo pese a que conocía su carácter “ilícito”

El ex presidente del BBVA, Francisco González a su llegada a la Audiencia Nacional

El levantamiento del secreto en la pieza del caso Villarejo donde la Audiencia investiga su relación con el BBVA ha sacado a la luz un informe de Anticorrupción –al que ha tenido acceso infoLibre– que señala al expresidente del banco, Francisco González, como quien ordenó  los contratos con el policía pese a que desde el primer momento el banco conocía su "naturaleza ilícita". Entre esos contratos figuran el que convirtió en espiados al político socialista Miguel Sebastián y al empresario Luis del Rivero o el que, según un documento interno de un directivo del banco, derivó en la presentación de una "denuncia anónima" contra el fundador de Ausbanc, Luis Pineda, tras una comida que González mantuvo con la "cúpula de la Policía" en enero de 2015. Pineda es ahora el principal acusado en el recién iniciado juicio donde se le atribuyen delitos de extorsión a distintas instituciones, una de ellas el BBVA.

Con un coste global para la entidad financiera, la segunda del país, de 10,28 millones, el primero de esos contratos se remonta a diciembre de 2004 mientras que el último no se dio por resuelto hasta 11 días después de que Villarejo fuese detenido el 3 de noviembre de 2017. Y todo indica, subraya la Fiscalía, que esos contratos se llevaron a cabo "con la presunta participación coordinada de múltiples áreas del banco a sabiendas de la condición policial" de Villarejo y de que para los trabajos a través de su empresa Cenyt utilizaba "medios ilícitos para la obtención y acceso a información reservada de particulares con vulneración de sus derechos fundamentales".

Fechado el pasado 11 de noviembre, el informe de los fiscales Miguel Serrano e Ignacio Stampa ofrece abundantes datos sobre el papel protagonista de Francisco González, conocido en los ámbitos financieros como FG. Relata, por ejemplo, cómo distintos archivos de audio grabados entre los meses de diciembre de 2004 y junio de 2005 recogen conversaciones mantenidas por Villarejo, su socio Rafael Redondo, el comisario Enrique García Castaño y el entonces director de seguridad de la entidad, el expolicía Julio Corrochano. En esas conversaciones "se desarrolló y evaluó" el denominado Proyecto Trampa, que inauguró la simbiosis entre el BBVA y Villareno y tenía por objeto abortar el desembarco del grupo inmobiliario Sacyr en el accionariado del BBVA. En la transcripción de esas conversaciones, dice el informe, "se constata cómo Julio Corrochano daría cuenta del resultado de las gestiones desarrolladas por Cenyt al presidente", es decir, a Francisco González, y al consejero delegado, Ángel Cano.

El Proyecto Trampa implicó seguimientos, pinchazos telefónicos, múltiples medidas de presión, de intoxicación a medios informativos e incluso –desvela el sumario– reuniones con miembros de los servicios de inteligencia para bloquear la entrada de Sacyr en el BBVA. El espionaje se realizó contra personalidades como Miguel Sebastián, entonces director de la Oficina Económica del Gobierno Zapatero y luego ministro; Luis del Rivero, que presidía Sacyr; o Carlos Arenillas, en aquel momento vicepresidente de la CNMV. Diversas técnicas de "hostigamiento sostenido" –remarcan los fiscales– afectaron "a su libertad, intimidad, reputación, carrera profesional, y a la esfera más privada de su vida personal y familiar".

El testimonio de Corrochano y de otro de los exdirectivos imputados, Antonio Béjar, ha resultado también decisivo para que Anticorrupción coloque el foco sobre Francisco González. 

FG en Canillas

El informe de Anticorrupción desvela un hecho por completo desconocido hasta ahora. En un documento denominado "Relatorio", el que ocupó el cargo de director de los servicios jurídicos contenciosos, Eduardo Ortega, narró lo que la Fiscalía resume así: que Ortega "participó junto al Presidente Francisco González Rodríguez en un almuerzo en el Complejo Policial de Canillas el día 7 de enero de 2015 junto a la cúpula del Cuerpo Nacional de Policía, tras la cual se decidió la redacción de una denuncia que se interpondría de forma anónima contra Ausbanc ante la UDEF del Cuerpo Nacional de Policía para proceder a la investigación de dicha asociación". La denuncia, prosigue la Fiscalía tomando como fuente el citado "Relatorio", la redactó el propio Eduardo Ortega, que se la habría entregado a Corrochano. "Y este a su vez a José Manuel Villarejo, que la presentaría ante la UDEF, dando lugar posteriormente" a las diligencias contra el fundador de Ausbanc, Luis Pineda, y otros miembros de su grupo. 

Pineda y otros 10 acusados a raíz de aquella denuncia anónima comparten banquillo en un juicio cuya primera sesión de interrogatorios se celebra este jueves y en el que se arriesgan a elevadas penas de cárcel por delitos de extorsión: para Pineda, la Fiscalía pide 119 años. Su abogado, Miguel Durán, sostiene que el caso es solo un "montaje policial" urdido por Villarejo de la mano del BBVA.

Por lo que ha podido averiguar este periódico, el documento "Relatorio" fue localizado en el ordenador de Ortega, aunque infoLibre ignora si el BBVA ha ofrecido datos fehacientes sobre en qué fase de su investigación interna se produjo el hallazgo, quiénes lo hicieron y por qué procedimiento.

El dictamen de la Fiscalía sobre el proyecto de espionaje contra Pineda, el llamado "Proyecto Pin", resulta demoledor: "Constan incorporados múltiples documentos relacionados con la obtención de información con vulneración de derechos fundamentales de Luis Pineda Salido y su familia y las actividades de Ausbanc, como tráficos de llamadas y análisis de cuentas corrientes, abarcando varios años". Durante ese periodo, supervisaron "el proyecto" cinco directivos del BBVA: Francisco González y cuatro de sus subordinados.

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