Política
La Comisión Europea urge a España a limpiar el plutonio de Palomares 54 años después del accidente nuclear
Bruselas ha entrado en tropel en Palomares, apremiando a España a hacer los deberes. El resultado es una sacudida, desde la óptica europea del siglo XXI, a un conflicto que hunde sus raíces en las dinámicas globales de la Guerra Fría. La Comisión Europea mete prisa al Gobierno en un informe técnico dirigido a España, al que ha tenido acceso infoLibre.
Dicho informe es resultado de la visita en junio del año pasado de una misión de verificación a la zona contaminada por plutonio debido al accidente nuclear de 1966, que fue responsabilidad de Estados Unidos. Bruselas hace constataciones graves, como el incumplimiento de la recomendación de 2010 de sanear el área contaminada "para evitar cualquier riesgo radiológico inaceptable". Y, además, la Comisión Europea pone fechas, lo que constituye una novedad. Concretamente, urge a España a informar antes del fin del año próximo sobre los progresos realizados en el "plan definitivo de saneamiento".
infoLibre solicitó este lunes una reacción a dicho informe al Ministerio de Exteriores, al Centro de Seguridad Nuclear (CSN) y al Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat), pero todavía no ha habido respuesta.
El informe señala que, a pesar de la limpieza realizada tras el accidente, "sigue habiendo una importante contaminación de plutonio en el suelo y no se ha emprendido ninguna otra reparación de la zona". Hay cuatro zonas, con una superficie total 40 hectáreas, afectadas por la contaminación y repartidas entre los municipios de Cuevas del Almanzora –donde está la pedanía de Palomares–, Vera y Villaricos, todas ellas en la provincia de Almería.
"En la actualidad, toda la planificación para el saneamiento de Palomares se ha detenido, en espera de la finalización de un acuerdo de saneamiento vinculante con los Estados Unidos", señala el informe, que afirma que las zonas contaminadas se encuentra en lo que la legislación europea considera "situación de exposición existente", es decir, aquella sobre la que "es necesario tomar una decisión sobre su control", pero sin medidas urgentes. Lo que no dice el informe es que con Donald Trump en la Casa Blanca han quedado en suspenso todas las iniciativas de colaboración entre los gobiernos de España y Estados Unidos para la retirada de los restos radiactivos. La limpieza de Palomares no parece en absoluto prioritaria para el presidente estadounidense. No lo ha sido en realidad para ninguno, si bien Barack Obama al menos le dio cierto impulso.
El equipo de verificación sugiere que el CSN y el Ciemat "examinen la necesidad actual de proporcionar información adicional sobre los riesgos para la salud y orientación para la gestión de las exposiciones a nivel local e individual". También sugiere al CSN que analice las "ventajas y desventajas de añadir un símbolo de aviso de radiación a los carteles de información de las vallas". Además, propone la mejora de la valla de una de las zonas contaminadas, "de modo que se adapte al terreno accidentado, proporcionando una barrera física igual en toda su longitud, sin posibilidad de arrastrarse por debajo de ella". No obstante, el informe señala que "la irradiación externa no constituye un riesgo radiológico apreciable para la salud de las personas o el medio ambiente". Bruselas, que constata que ha habido una "excelente" colaboración de las autoridades en España a la hora de recabar la información, considera además que las instalaciones para llevar a cabo las labores de vigilancia son "adecuadas". Son las mejores noticias que deja un informe que, por todo lo demás, supone un tirón de orejas para España.
Balance, conclusiones y plazos
El equipo de verificación regresa a las recomendaciones hechas ya en 2010 para comprobar que, de las cinco, se han cumplido totalmente tres. La primera decía que, "teniendo en cuenta las larguísimas vidas medias de los contaminantes radiactivos", se recomendaba la aplicación del "plan español de rehabilitación" y la limpieza del terreno "para evitar cualquier riesgo radiológico inaceptable, incluso en un futuro lejano". "El suelo contaminado con plutonio debe ser retirado y depositado en condiciones de seguridad para su almacenamiento a largo plazo", señalaba la recomendación de 2010. Esta recomendación no se ha cumplido. "En espera de un acuerdo vinculante de rehabilitación con los Estados Unidos, no se han realizado actividades de rehabilitación en ninguna de las zonas contaminadas", señala el informe, que pone negro sobre blanco el incumplimiento: "No se ha aplicado la recomendación de 2010 relativa al saneamiento de la zona contaminada de Palomares".
Se cumplido parcialmente otra de las cinco recomendaciones de 2010: la ampliación del programa de vigilancia para incluir la carne de conejo. Dicha carne ha sido "muestreada ocasionalmente, pero ha habido dificultades para obtener las muestras". "Se están analizando diferentes alternativas para la recogida de las muestras", señala el informe.
Las autoridades españolas sí han dado cumplimiento a las otras recomendaciones: restricciones al acceso, realización de un programa de vigilancia regular y colocación de vallas y advertencias. No obstante, en este punto dice el informe: "Se podría mejorar la información pública incluyendo un símbolo de advertencia de radiación (pegatina) en las señales de advertencia existentes".
La sorpresa llega en las conclusiones. La Comisión "pide amablemente a las autoridades españolas que presenten, antes de finales de 2020, un informe sobre la marcha de la aplicación de las recomendaciones del equipo y sobre cualquier cambio significativo en la configuración de los sistemas de vigilancia".
Esa es la tarea número 1. Luego viene la número 2: "La Comisión pide a las autoridades españolas que informe sobre los progresos realizados en el plan definitivo de saneamiento de las zonas contaminadas de Palomares antes del fin de 2021". "Sobre la base de esos informes, la Comisión considerará la necesidad de una verificación de seguimiento en España", añade.
Un mensaje claro
"La Comisión Europea, de una manera muy suave, muy diplomática, le está pidiendo progresos a España. Llevamos más de 50 años esperando. Con el tema nuclear, Europa siempre tiene mucho cuidado, pero la traducción es clara: 'Ustedes tienen que descontaminar sin excusas y mantenerme informado de todo lo que hagan'", señala José Herrera, coautor de Silencios y deslealtades. El accidente militar de Palomares desde la Guerra Fría hasta hoy (Laertes, 2019) y director del documental Operación Flecha Rota (2007).
José Ignacio Domínguez, responsable de este tema en Ecologistas en Acción, considera que este informe de la Comisión Europea supone "un salto, porque fija un plazo por primera vez, con lo que Comisión Europea deja de aceptar la posición del Gobierno español de que hay que eternizar la resolución del problema".
Falta de acuerdo
El plazo fijado por la Comisión Europea para acreditar avances contrasta con el parón político existente. Todas las vías para la retirada del plutonio están ahora cegadas. No hay plan definitivo, ni plazos. Además, falta planificación económica, detalles sobre los puntos de partida y llegada durante el hipotético traslado de los residuos y programa para la gestión de los residuos. Lo único que hay es un mero estudio preliminar. La euforia en 2015 del ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo (PP), que dio por encarrilada la solución tras dar continuidad a las negociaciones pilotadas con anterioridad por el Gobierno socialista, se ha apagado totalmente.
Todas estas carencias se desprenden de una respuesta de la Abogacía del Estado a una demanda presentada por Ecologistas en Acción ante la Audiencia Nacional para forzar la limpieza de la zona. El escrito de la Abogacía, de 2018, admitía la "imposibilidad" de poner en marcha "actualmente" la rehabilitación de los terrenos, dado que el plan del CSN, de 2010, tiene sólo un carácter "preliminar". Dicha "imposibilidad" se extiende a la reclamación de fijar un plazo para la ejecución del mismo. El taponamiento de esta vía se agrava con el enfriamiento diplomático, tras quedar en suspenso el protocolo acordado en 2015 por los Gobiernos de Mariano Rajoy y Barack Obama para la descontaminación de Palomares, en Cuevas de Almanzora (Almería). Trump no ha dado la menor continuidad a la declaración solemnizada por el entonces ministro de Exteriores Margallo y su homólogo estadounidense, el demócrata John Kerry. El día de la firma con Kerry, Margallo dijo que ambos países venían a "reparar un error histórico cometido hace 50 años". Margallo empezó en 2012 a afirmar que España tenía "garantías" por parte de Estados Unidos.
La planificación también es insuficiente para iniciar los trabajos, según la Abogacía del Estado. "No existe un plan definitivo aprobado por el órgano competente, el Consejo de Ministros [...], y menos aún un plazo en el que deba ser cumplido un plan definitivo inexistente", señala la Abogacía del Estado en su escrito. El plan de limpieza de 2010 elaborado por el Ciemat es una mera "propuesta preliminar. Al plan, que tiene por objetivo "retirar las tierras afectadas por el accidente con la mayor cantidad de radiactividad", le falta por desarrollar lo relativo a "impacto radiológico al público, protección radiológica de los trabajadores, gestión de residuos radiactivos y vigilancia radiológica ambiental", según la Abogacía del Estado. La ayuda de Estados Unidos, sin la que España no se plantea acometer la limpieza, "requeriría [...] la suscripción de un tratado internacional en toda regla, y no una mera declaración de intenciones [...]". Dicho tratado debería abarcar cómo se hacen los traslados de material radiactivo, su paso por aguas internacionales, los puertos de salida y llegada, el coste económico... Las acciones previstas en el plan de rehabilitación tendrían un coste de 30 millones de euros, según un informe técnico de la Comisión Europea. A los obstáculos diplomáticos, se suman los económicos.
La Abogacía del Estado se apoya también para apuntalar la "imposibilidad" de retirar los residuos en que España carece de instalaciones para el almacenamiento definitivo de materiales contaminados con plutonio, lo que obligaría a cambiar el tipo de licencia del centro de almacenamiento de El Cabril. Transcurridos más de 52 años desde el accidente, España carece de un estudio epidemológico de Palomares, como publicó este periódico.
Historia
El desastre de Palomares obliga a mirar 54 años atrás en el tiempo. El 17 de enero de 1966 colisionaron durante una operación rutinaria de reportaje en vuelo sobre Palomares un bombardero B-52 y un avión nodriza KC-135 de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos. Fallecieron siete tripulantes. Los restos de las naves se extendieron sobre cientos de hectáreas en el litoral y el mar. Cayeron cuatro bombas nucleares que transportaba el B-52. Una se halló la misma noche del 17 de enero en el lecho seco del río Almanzora, al este de Palomares y a 300 metros de la costa. No había sufrido daños. Otra cayó al Mediterráneo. Un pescador de Águilas (Murcia), Francisco Simó, con el tiempo "Paco el de la bomba", la localizó. Fue recuperada intacta el 7 de abril, 80 días después de la colisión, a 8 kilómetros de la costa. El paracaídas había funcionado.
Los problemas vinieron con las otras dos bombas, las que el CSN llama W-2 y W-3 en su informe Palomares 1966-2013. En el camino de la normalización radiológica. La W-2 cayó en un valle a 1,7 kilómetros al oeste del núcleo urbano. Su paracaídas no funcionó, por lo que se produjo una detonación que ocasionó un cráter de 6,6 metros de diámetro y 2 metros de profundidad. Hubo "dispersión material en forma de aerosol", según el CSN. La bomba W-3 cayó en una cañada en el límite este de Palomares, "en un lugar próximo a algunas viviendas", según el CSN. Su paracaídas se había desplegado pero resultó dañado, por lo que detonó parcialmente el explosivo químico, produciéndose un cráter de 6 metros de diámetro y un metro de profundidad. No hubo heridos entre los habitantes de Palomares, donde sí quedó para siempre el estigma del plutonio. Nunca ha habido compensación.
La situación resultante fue ésta, según el informe del CSN: "Al impactar dos de las bombas con el suelo, se produjo la deflagración de parte de su explosivo químico y se diseminó una buena parte de los 9 kilogramos de combustible nuclear fisionable [que puede sufrir fisión, es decir, división o rotura], en forma de óxidos de plutonio (Pu), uranio (U) y americio (Am)". Militares estadounidenses identificaron la zona afectada por la contaminación radiactiva, la llamada línea cero, que comprendía unas 220 hectáreas desde Puerto Blanco (donde se encontró la bomba 2) hasta las laderas de sierra Almagrera situadas junto al río Almanzora, donde cesó la búsqueda "ya que era una zona de difícil acceso, deshabitada y sin uso en esas fechas", según el CSN.
Más de 700 personas, en su mayoría militares de Estados Unidos auxiliados por militares españoles y guardias civiles, trabajaron en las tareas de reparación. Se emplearon casi 100 vehículos, más de 20 máquinas pesadas y 33 navíos. Fue retirada la tierra contaminada de 25.000 metros cuadrados de suelo junto con restos vegetales. Las operaciones, que costaron al Ejército de Estados Unidos 80 millones de dólares de la época, supusieron la retirada de 1.400 toneladas de tierra y vegetales, trasladados por mar al país norteamericano en 4.810 bidones para su depósito en el centro de reprocesamiento de materiales nucleares Savannah River Facility, en Aiken (Carolina del Sur). The New York Times publicó en 2016 una información que desvelaba que de 40 veteranos del ejército de Estados Unidos que habían trabajado en la zona tras el accidente y que el periódico localizó, 21 tuvieron cáncer.
Desde 1966 hasta ahora los sucesivos gobiernos de España y Estados Unidos han mantenido una línea de colaboración para la supervisión de las consecuencias. A pesar de los empeños de España, nunca se ha acometido la descontaminación completa y el traslado de los restos a Estados Unidos. Ambos países han firmado diversos acuerdos de colaboración, desde el Pacto Otero-Hall de 1966 a los firmados en 1997, 2005 y 2007. Este último acuerdo menciona que, en caso de que se considerase la necesidad de proceder a una limpieza, el Ciemat prepararía las recomendaciones para alcanzar una limpieza final de la zona, tanto en superficie como subterránea.
Dichas recomendaciones están el Plan de Rehabilitación de Palomares de 2010, que prevé instalar in situ unas plantas de tratamiento de suelos para minimizar el volumen de terrenos a transferir a Estados Unidos para su almacenamiento definitivo. El plan establece los pasos a dar en relación a la zona contaminada: extracción de tierras, desbrozado de vegetación a ras de suelo, retirada de tierra afectadas de difícil acceso y que hayan permanecido inalteradas desde 1996 mediante aspiración con mangueras, expedición y transporte de los residuos radiactivos, restauración ambiental mediante relleno, comprobación radiológica y control final. El Ciemat puso cifras a la contaminación en 2010: 30.000 metros cúbicos de tierra en 40 hectáreas. Medio kilo de plutonio. Ese plan del Ciemat no es más que un documento de carácter preliminar.
Ecologistas en Acción
Ecologistas en Acción, el grupo más activo para forzar al Estado a actuar, siempre ha considerado que la limpieza fue "puramente cosmética", como le trasladó en 2017 en un escrito al CSN. Ahí le solicitaba que empezase a retirar los residuos. Ecologistas aludía en dicha comunicación a una carta de agosto de 1968 enviada por el presidente de la Junta de Energía Nuclear, José María Otero Navascués, al entonces ministro de Industria Gregorio López Bravo, en la que exponía que en Palomares “no se ha registrado ninguna anormalidad hasta la fecha, pese a que como Vd. sabe, se quedaron en el terreno unos cuantos kilos de óxido de plutonio”.
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Ante el fracaso de su solicitud, Ecologistas presentó en octubre de 2017 una demanda ante la Audiencia Nacional para que obligue al CSN "a limpiar 50.000 metros cúbicos y a que los almacene temporalmente a la espera de encontrarles un almacén definitivo que no tiene por qué estar en Estados Unidos", en vista de la poca voluntad de colaboración de la Administración Trump.
Las autoridades españolas afirman que no hay riesgo para la salud. "El riesgo que se podría dar en Palomares", señala en un informe el CSN, "es que las partículas contaminantes que están de un modo estable adheridas a los suelos puedan ser ingeridas o inhaladas por su transferencia a alimentos o al aire". Ambas vías se controlan en la actualidad de acuerdo a los criterios de restricción de uso de los terrenos con la delimitación y control de accesos a las zonas afectadas. Por lo tanto, según el Ciemat, "puede asegurarse que la exposición de la población de Palomares es muy baja".
El informe añade que el seguimiento desde 1966 del estado de salud en más de mil habitantes de Palomares no ha observado "ninguna evidencia de patología directamente relacionada con el accidente, incluso en aquellas personas que presentan algún resultado dosimétrico por encima del límite [...]". Ecologistas en Acción denuncia en cambio que sí hay riesgos y que se oculta información mediante la declaración de documentación como secreto oficial.
