Dos meses de suspensión y compensación al pequeño propietario: la propuesta sobre alquiler de Podemos

El vicepresidente de Derechos Sociales y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, se está empleando a fondo para sacar adelante las medidas que la parte económica del Gobierno, capitaneada por las ministras de Economía (Nadia Calviño) y Hacienda (María Jesús Montero) impidieron incluir en el paquete de actuaciones aprobado por el Ejecutivo tras la declaración del estado de alarma.

Se trata de una suspensión de al menos dos meses en el pago de los alquileres para las personas que están sufriendo las consecuencias de la paralización económica decretada para luchar contra el coronavirus, de la creación de una renta mínima social para los más necesitados y de la aprobación de una subsidio extraordinario para las personas que se dedican al trabajo doméstico, en su mayoría mujeres.

De las tres, sólo la tercera estaba en las últimas horas en condiciones de ser aprobada en el Consejo de Ministros extraordinario de este viernes. Las dos primeras, si al final hay acuerdo dentro del Gobierno, serán aprobadas el martes, justo a tiempo de entrar en vigor con el cambio de mes, según fuentes del Ejeucito consultadas por infoLibre.

A diferencia de la moratoria en el pago de hipotecas, aprobada para las personas en situación de vulnerabilidad como consecuencia de la paralización de actividades, Unidas Podemos quiere conseguir que el real decreto en materia de alquileres suponga una suspensión durante dos meses que podría ser ampliada hasta un mes después de la finalización del estado de alarma, que de momento, si no hay nuevas prórrogas, acabará el 11 de abril, pero que todo el mundo da por supuesto que tendrá que prolongarse.

La formación morada quiere que los beneficiarios de esta suspensión sean aquellas personas que a raíz de esta crisis no puedan hacer frente al arrendamiento porque han perdido su empleo, porque han sufrido una reducción de jornada, porque han sido sometidos a un expediente de reducción temporal de empleo (ERTE) o porque la crisis sanitaria les ha obligado hacerse cargo de sus hijos o de personas dependientes.

Pero también insiste en que de ella puedan beneficiarse los trabajadores autónomos y las pequeñas y medianas empresas que hayan sufrido una caída sustancial de sus ingresos por culpa de las medidas de confinamiento. En estos dos casos, además, Unidas Podemos quiere que el levantamiento de la obligación de pagar el alquiler se extienda a los locales y las oficinas en las que habitualmente se desarrolla la actividad económica.

La ministra Calviño se opuso en su día a esta medida apelando a la necesidad de no perjudicar a los propietarios particulares que necesitan esos ingresos y que también pueden estar en situación de vulnerabilidad. Para vencer esta resistencia, la formación de Pablo Iglesias propone crear una compensación económica progresiva, en función de la cantidad de inmuebles en propiedad que se tenga en el mercado de alquiler. Por ejemplo: en el caso de quienes tengan hasta dos inmuebles en arrendamiento, la compensación sería del 100% de la cuantía, pero aquellos que poseen más de ocho —sobre todo empresas y fondos buitre— recibirán sólo un 5%.

La idea de la formación morada es que se facilite además la acreditación de las condiciones con el objetivo de que sea más sencillo hacer los trámites en pleno confinamiento: mediante varios documentos o, en su caso, con una declaración jurada que después pueda ser sometida a comprobación.

Del mismo modo, Unidas Podemos quiere evitar cualquier movimiento especulativo declarando que los contratos de arrendamiento de viviendas y de inmuebles, cuya finalización se produzca durante el periodo de vigencia del estado de alarma, sean prorrogados automáticamente tres meses más. E impedir que, durante los seis meses siguientes a la aprobación de la propuesta, se produzcan “subidas abusivas” de los contratos de alquiler.

Presión

Iglesias presiona para sacar adelante el decreto de alquileres, competencia del Ministerio de Transportes, que dirige el socialista Jose Luis Ábalos, y también para conseguir que el Consejo de Ministro aprueba una renta mínima para las personas en situación de dificultad, una medida que depende del ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, también del área de gobierno en manos del PSOE. Ábalos y Escrivá han sido aliados de Unidas Podemos en este asunto frente a la posición defendida por Calviño y Montero, si bien sus propuestas originales están lejos de parecerse a las de la formación morada.

Ábalos prefiere implementar una medida parecida a la de las hipotecas y facilitar únicamente el aplazamiento de ls pagos, no una perdón de los pagos. Aceptar la propuesta de UP tendría un elevado coste presupuestario, algo que preocupa a la parte económica del Gobierno.

La aprobación una renta mínima —una posibilidad apoyada incluso por el ministro de Economía del PP Luis de Guindos, hoy alto cargo de Banco Central Europeo— trata de atender a aquellas personas que no pueden acogerse al paquete de ayudas aprobadas hasta ahora y hacer realidad la máxima de no dejar a nadie atrás, que el Gobierno y el presidente repiten en todas sus comparecencias.

Se trataría de una ayuda para las personas más vulnerables, una forma de ingreso mínima para proteger a quienes tienen rentas bajas o las hayan visto reducidas por la crisis del coronavirus. Una medida que se aplicaría durante el tiempo que dure la la emergencia sanitaria pero que se prolongaría hasta que se produzca una recuperación económica.

La creación de una renta mínima ya formaba parte del acuerdo de gobierno acuerdosuscrito por el PSOE con Unidas Podemos. Aquel compromiso rezaba textualmente: “Desarrollaremos el Ingreso Mínimo Vital como prestación de Seguridad Social. Comenzaremos en un primer momento por el aumento decidido de la prestación por hijo/a a cargo para familias vulnerables, y posteriormente mediante un mecanismo general de garantía de renta para familias sin ingresos o con ingresos bajos”.

Estas dos medidas, alquileres y renta mínima, aunque han consumido gran parte de los debates internos dentro del Gobierno en los últimos días, todavía no concluido en un acuerdo. Aunque todo indica que sí estarán listas para el Consejo de Ministros del próximo sábado, de manera que se puedan aplicar desde el miércoles 1 de abril.

La que sí está lista y forma parte del orden del día del Consejo de Ministros extraordinario de este viernes es la que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha impulsado para crear un subsidio de desempleo extraordinario destinado a las personas trabajadoras del hogar, un colectivo golpeado especialmente por las medidas de confinamiento y que ya estaba en una situación social y laboral vulnerable.

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La idea de Díaz es crear un subsidio de desempleo extraordinario para empleados de hogar que hayan dejado de prestar servicios, total o parcialmente, como consecuencia de la crisis sanitaria. Para beneficiarse de la medida, el trabajador a la trabajadora deberá acreditar que ha cesado en su actividad si su contrato se ha extinguido con posterioridad a la declaración del estado de alarma. Se trata de una prestación compatible con otra actividad, por lo que la trabajadora o trabajador podría mantener algunos de sus trabajos, de darse esa situación, e ir dejando poco a poco de recibir esta prestación.

La cuantía del subsidio diseñado por Trabajo alcanzaría el 70% de la base reguladora (si fueran varios los trabajos desempeñados en este sistema especial, la base reguladora de este subsidio estará constituida por la suma de todas las bases correspondientes).

En cualquier caso, esta prestación tendría sólo carácter temporal de un mes, prorrogable hasta que expresamente se establezca su finalización.