La Guardia Civil omite que a seis de los ocho funcionarios de la Delegación del Gobierno no les pareció extraño autorizar el 8M

El nuevo informe de la Guardia Civil sobre la manifestación del 8M en Madrid contiene múltiples omisiones de opiniones de funcionarios que difieren de las tesis que sostienen los agentes. Y no sólo eso, sino que en la lista de testigos interrogados hasta la fecha tampoco están personas clave como el jefe de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Delegación del Gobierno de Madrid, cuyas actuaciones aparecen descritas por terceros.

El informe pone bajo el foco no solo a Fernando Simón, que capitanea el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), y a quien la Guardia Civil reprocha no haber difundido una alerta europea sobre el riesgo del coronavirus recibido 2 de marzo. Aunque de una manera más sutil, el informe tambuén apunta al inspector de Policía José Luis Correas al deslizar que "sorprende" la declaración de una de sus subordinadas, según la cual Correas se reunió con el delegado del Gobierno, José Manuel Franco, para tratar del covid-19 pese a que en la agenda no figuraba ningún encuentro sobre esa materia. Franco, por la jueza Carmen Rodríguez-Medel, declarará el próximo día 10 en calidad de investigado. 

El documento, de 295 páginas y al que ha tenido acceso infoLibre, contiene las declaraciones prestadas por ocho funcionarios de la Delegación del Gobierno de Madrid, a quienes interrogaron los agentes adscritos a la Comandancia del Instituto Armado que hasta el pasado día 24 dependían del coronel Diego Pérez de los Cobos y que en fechas próximas comparecerán también como testigos ante la jueza instructora. A todos ellos la Guardia Civil les formuló la que se perfila como la pregunta más repetida de los interrogatorios: la de si les "resultó extraño" que no se prohibieran manifestaciones convocadas para los primeros días de marzo. Seis de los ocho contestaron que no. 

Entre ellos figuran la directora del área sanitaria de la Delegación y quien la sigue en el escalafón. La primera, médica de profesión, respondió que no le había parecido extraño "a la vista de que la información no era lo suficientemente amplia". ¿Considera que la celebración de dichas manifestaciones pudo elevar el número de contagios? A esa pregunta, respondió que sí. ¿Cuándo se pronunció en esos términos? El 25 de mayo, cuando los muertos se contaban ya por decenas de miles. A su segunda en el departamento de Sanidad tampoco le extrañó que no se suspendieran las manifestaciones aun especificando que no le pareció "lo más oportuno ". Pero –agregó ella misma, y aquel día era 28 de mayo– "tampoco se tenían los plenos conocimientos actuales que tenemos de la covid-19 ahora". 

Lo anterior sitúa en el centro la pregunta clave en un caso donde se dirime si hubo o no prevaricación: la pregunta de si antes de que la OMS declarase la pandemia el 11 de marzo las autoridades poseían la información suficiente para llegar al punto alcanzado con el decreto del estado de alarma. Pero las conclusiones que los autores del informe alcanzaron sobre lo manifestado por las dos directivas sanitarias destaca otros puntos de sus respectivas declaraciones.

Ambas –dice el informe– "arrojan como dato de interés principal la prontitud con la que responsables del Ministerio de Sanidad apreciaron la importancia de posibles riesgos derivados del COVID-19, lo que motivó ya en enero de 2020 la emisión a su departamento de protocolos específicos e informaciones de distinto orden". 

La directora del área sanitaria de la declaración habló en efecto de un protocolo. Pero lo hizo así: "Cree recordar la existencia de un protocolo emitido por Sanidad que pudiera ubicarse temporalmente en diciembre o enero y que hacía referencia a personas originarias de Wuhan; el mismo consistía en identificar la enfermedad y síntomas a observar en las personas así como la procedencia de las personas que inicialmente se centraba únicamente en personal de Wuhan".

Su número dos hizo lo mismo: "Aproximadamente a finales de enero o principios de febrero, recibieron un protocolo desde el Ministerio de Sanidad, que no recuerda el nombre, que cree que era algo como "protocolo de actuación para viajeros procedentes de China ... ".

Pero el apartado de conclusiones sobre lo declarado por las dos funcionarias no dedica ni una línea a dejar constancia de que ambas coincidieron en dos hechos: no les extrañó que se hubieran permitido manifestaciones y opinaron que entonces no se tenía toda la información. A lo que esas conclusiones atribuyen relevancia es a que queda "acreditada la existencia de recomendaciones concretas a los trabajadores de la Delegación del Gobierno, dado que en febrero de 2020 se distribuye de manera masiva por correo electrónico un protocolo emitido por el departamento de Prevención de Riesgos Laborales". El texto no hace ahí ninguna referencia a Wuhan en particular ni a China en general.

Tampoco al jefe de servicio desde 2008 de la Unidad de Seguridad Ciudadana le resultó “extraño” que la Delegación no suspendiera las manifestaciones convocadas para los días próximos al 8 de marzo. “No se canceló esa ni ninguna otra”, dijo. La Guardia Civil siguió incidiendo en el concepto de extrañeza. Y le preguntó si entre los propios trabajadores de la Delegación “no se comentó la extrañeza” de que se permitiera la celebración de manifestaciones como la del 8-M en Madrid. El testigo fue lacónico y directo: “Manifiesta que no” se lee en el acta.

Su número dos en la Unidad de Seguridad Ciudadana aportó un testimonio muy similar. Ante la cíclica pregunta sobre si no le resultó extraño que la Delegación no suspendiera las manifestaciones, respondió así: “No lo vio raro en esa fecha porque no tenía bastante información y no lo vio tan grave; que si hubiera tenido más información hubiera pensado diferente. Que ya el 10 [de marzo] se vieron la gravedad y que precisamente por eso se empezaron a realizar las llamadas para la desconvocatoria de las reuniones”.

Los dos funcionarios que sí declararon haber recibido con extrañeza el mantenimiento de las manifestaciones pertenecen al departamento de prevención de riesgos laborales. El jefe de servicio respondió que, aun “sin ser una autoridad en la materia, repite que no deberían haberse autorizado”.

Un técnico de su departamento fue más allá. Le resultó extraño que se autorizasen pero entiende que “fue todo cuestión de dinero y el no poner restricciones para no alarmar”. “Que ponderaron las consecuencias para otros sectores y no les compensaba”. Y que “si paraban esa manifestación [la del 8 de marzo] tendrían que parar todo lo demás”.

El caso de Asaja Extremadura y su ausencia en la lista de testigos

En la lista de testigos citados porque habían sido convocantes de distintas protestas convocadas para marzo hay cuatro sindicalistas y el portavoz de una asociación por los derechos de los animales a la que la Delegación le autorizó el 12 de marzo a manifestarse el 19. No le llamaron ni le escribieron para anular nada pero la declaración del estado de alarma les llevó a desconvocarla. ¿Por qué la Delegación del Gobierno no les avisó de que mejor que renunciasen, como hizo con otros convocantes antes del día 12? No se sabe. La Guardia Civil no le preguntó a ninguno de los funcionarios si tras ese silencio había mero olvido o qué. 

Pero en la lista de testigos hay una ausencia notable: la de algún representante de Asaja Extremadura. La suya fue la única manifestación prohibida. Y lo fue porque, según uno de los funcionarios del área de Seguridad Ciudadana, se negaron de forma taxativa a desconvocarla por voluntad propia y exigieron a la Delegación que la prohibiese. Los agentes instaron entonces al testigo a decir si recordaba "alguna otra [manifestación] que se haya prohibido". No se citan fechas pero del texto se desprende que se refiere a este año. Y el testigo respondió que sí. Se prohibió "una concentración enfrente de la casa del vicepresidente [Pablo Iglesias], por vulneración del derecho a la intimidad, por propia ponderación de derechos fundamentales".

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El interrogatorio siguió con una pregunta sobre cómo se ponderan los derechos fundamentales a la que el testigo contestó que la decisión última queda en manos del delegado. Y fue aquí donde se abrió paso otra pregunta que sugiere la existencia de un planteamiento binario de elementos opuestos, el de la intimidad y el de la salud. La pregunta de "si se ha prohibido alguna vez, ya sea anteriormente o durante la pandemia, la realización de reuniones/manifestaciones por razones de salud pública, y en qué fechas". El testigo contestó que no. 

Pero lo sorprendente de esto es que lo que Asaja Extremadura publicitó el 6 de marzo no es que se les hubiese prohibido por el riesgo del covid sino porque planeaban manifestarse ante la casa de Pablo Iglesias en Galapagar. De hecho, así arrancó la noticia Europa Press aquel día: “La organización agraria APAG Extremadura Asaja no podrá llevar su tabla de reivindicaciones para mejorar la situación del sector agrario a la vivienda del vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, en Galapagar (Madrid), después de que la Delegación del Gobierno en esta comunidad les haya denegado el permiso”. 

Localizable en fuentes abiertas, ese extremo –la versión ofrecida a la prensa por la asociación de agricultores Asaja– no aparece mencionado en el informe. Sí figura que una concentración fue prohibida frente a la casa del vicepresidente pero no por el riesgo del covid sino por preservar su derecho a la intimidad.