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Los negocios del rey emérito

El Congreso pone en la cuerda floja la investigación de la Fiscalía a Juan Carlos I

Personal del Parlamento retira el retrato del rey emérito de una de las salas de la Cámara.

La apertura de una investigación penal en la Fiscalía del Tribunal Supremo por hechos en los que "una de las personas involucradas" es Juan Carlos de Borbón acaba de tropezar con la primera piedra. Y esa piedra es el informe con que los letrados del Congreso rechazan crear la comisión de investigación pedida por varios grupos con Unidas Podemos al frente. Lo hacen con argumentos cuya extrapolación a las diligencias penales consideran posible distintos juristas consultados por este periódico: que "las prerrogativas de inviolabilidad y no sujeción a responsabilidad" que amparaban al monarca hasta su abdicación en junio de 2014 "son absolutas" y "tienen efectos jurídicos permanentes". Ese informe no es vinculante. Pero antes de que se conociera el PSOE ya había anunciado su negativa a que la Cámara someta a escrutinio al rey emérito.

¿En qué sustentan los letrados su convicción de inviolabilidad permanente? En que, según escriben, la comisión parlamentaria solicitada "se refiere a cuestiones que, aun cuando hayan podido tener proyección en una etapa posterior, se corresponden sin solución de continuidad con el periodo de tiempo" en que el padre de Felipe VI era jefe del Estado. Y al no haber solución de continuidad, es decir, al estar indisolublemente unidas, "pretender una investigación sobre las mismas [cuestiones] vendría a vaciar de contenido las prerrogativas constitucionales del Jefe del Estado, que despliegan sus efectos de forma permanente". Esas "cuestiones" de que hablan los letrados son el supuesto cobro de comisiones por la adjudicación del AVE a la Meca a un consorcio de empresas españolas.

A día de hoy, la posición de la Fiscalía –y así consta en la nota oficial con que anunció hace ocho días la investigación– es que, tras abdicar, "el rey emérito dejó de estar protegido por la inviolabilidad" que le reconoce la Constitución al jefe del Estado. Ahora, continuaba el comunicado, está "aforado ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo", presidida por Manuel Marchena.

Rodeadas de un silencio hermético, las recién abiertas actuaciones que dirige el fiscal Juan Ignacio Campos siguen en espera de que Fiscalia de Suiza envíe información. Y esa información resulta capital por cuanto detalla los circuitos de Panamá y Suiza por donde, como desveló La Tribuna de Ginebra, al menos entre 2008 y 2012 fluyeron no menos de 100 millones de dólares procedentes de Arabia Saudí. Más, como publicó luego el diario El País, 1,7 millones de euros de Bahrein. Al menos oficialmente, la institución que dirige la fiscal Dolores Delgado no ha dejado traslucir si el informe de los letrados ha alterado sus posiciones. 

De los cinco juristas consultados por este periódico, cuatro coinciden en que el razonamiento de los letrados de la Cámara Baja alimenta el riesgo de que la inviolabilidad perpetua sobre ese supuesto cobro de comisiones multimillonarias se imponga, como tesis y cuando llegue el momento, bien en la Fiscalía, bien en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Que se imponga tanto a la existencia de un hipotético blanqueo de capitales como a un eventual delito fiscal por ocultación de fondos en el extranjero. El quinto sondeado, que ocupa una posición de peso en la magistratura, entiende por el contrario que el informe de los letrados solo vale para la comisión parlamentaria. Porque la investigación penal está perfectamente "acotada" desde el punto de vista temporal.

¿Con qué argumento piensan los otros juristas que el informe de los letrados puede dar oxígeno a quienes se oponen a investigar los negocios del rey emérito? Con dos: el primero, que si hubo blanqueo este informe puede servir de abono para la tesis de que ha de demostrarse el origen ilegal del dinero blanqueado: es decir, como mínimo, de los 100 millones de dólares que en 2008 llegaron desde Arabia Saudí a la cuenta suiza de una fundación panameña cuyo beneficiario último sería Juan Carlos de Borbón atendiendo al propio comunicado lanzado hace tres meses por la Casa del Rey y a los datos ya conocidos de la investigación que desde 2018 desarrolla la Fiscalía suiza.  El segundo argumento apunta a que la ley que considera imprescriptible los delitos fiscales de esa naturaleza –esconder bienes fuera de España y no tributar por ellos– se habría empezado a incumplir varios años antes de la abdicación. En resumen: que si los operadores jurídicos –la Fiscalía o los magistrados del Supremo si el caso termina llegando a sus manos– dan por buena una inviolabilidad perenne no habrá forma de investigar delitos que, de existir, fueron perpetrados con dinero que comenzó a fluir antes de la abdicación.

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"Aunque hubiera un delito continuado se puede aducir que habría empezado a cometer cuando era rey", sugiere el antiguo letrado del Tribunal Constitucional Joaquín Urías. Al igual que un diputado que conoce de cerca los hechos y que pide estricto anonimato, Urías cree que los letrados "han ido más allá de lo que deberían". "Podrían haberse opuesto a la comisión no invocando el artículo de la Constitución que habla de la inviolabilidad, el 56.3, sino el 66.2, que atribuye a las Cortes el control del Gobierno, lo que cabe interpretar como se ha hecho otras veces que controlar a la Jefatura del Estado no está dentro de sus competencias".

"Riesgo directo para la investigación penal por este informe –añade Urías– no existe, pero sí hay un cierto riesgo de que se le pueda dar validez a lo que dicen los letrados del Congreso". Un experto con larga experiencia en delitos de corrupción se pronuncia en términos similares ante la pregunta de si el informe del Congreso puede afectar a la investigación de la Fiscalía: "Es una opinión, discutible, que sostienen algunos. Creo que no va a afectar pero si se acepta así [tal como plantean los letrados del Congreso] sí que lo hace y se cierra el asunto". 

Quien mayores dudas alberga sobre la posibilidad real de que, una vez puesto sobre la mesa el informe del Congreso, prospere la investigación de la Fiscalía es el abogado Francisco Soler. Soler conoce bien el terreno. Fue quien, en septiembre de 2007, redactó el recurso de amparo con que el entonces diputado verde Francisco Garrido, encuadrado en el grupo socialista, acudió al Tribunal Constitucional (TC) una vez que el Congreso le denegó preguntar si la familia real tenía algún tipo de contrato o convenio con la clínica Ruber Internacional. "El artículo 56.3 de la Constitución –sostiene Soler– dice que la persona del rey es inviolable. Y Juan Carlos de Borbón sigue siendo rey porque abdicó del cargo pero no del título".

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