Iglesias cambia de abogado para recuperar terreno en el caso del robo del móvil de su ex asesora

Pablo Iglesias acaba de cambiar de abogado. Y ha adoptado esta decisión tras el auto con que hace una semana el juez del caso Villarejo hizo patente el riesgo de que acabe llevando al vicepresidente del Gobierno ante el Tribunal Supremo por el robo del móvil de su antigua asesora, Dina Bousselham. Dictado el viernes de la semana pasada, en ese auto Manuel García Castellón desoía los argumentos de Bousselham y le ordenaba cambiar de defensa, que hasta ese momento compartía con Iglesias.

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El magistrado argumentaba que entre la víctima del robo e Iglesias existe "un efectivo conflicto de intereses". Es decir, que según el juez hay un potencial choque entre lo que beneficia a la víctima de un delito y a quien ha podido cometerlo. El juez no afirma de manera taxativa que el político esté involucrado en la destrucción de la tarjeta telefónica antes de que le fuese devuelta a su dueña pero la redacción de su auto apunta a que no descarta esa posibilidad.

La elección de un nuevo letrado por Iglesias se constata en el recurso por el que se opone a la retirada de su condición de perjudicado. Donde antes aparecía el nombre de la abogada Marta Flor aparece ahora Raúl Maíllo, experto en casos de corrupción. Fue la Fiscalía la que pidió al juez que el vicepresidente dejase de figurar como víctima. Y la retirada se produjo cuando la antigua asesora admitió que ella misma había enviado algunos de los pantallazos de las conversaciones de telegram que acabaron publicados por OKdiario tras el robo del móvil. Con anterioridad, subrayó el juez en aquel auto, Bousselham había negado que hubiera ocurrido así. Su nueva versión contribuía a desbaratar el posible delito de revelación de secretos.

El paso dado por Iglesias se produce en un momento en que la difusión de mensajes de un chat interno difundidos por algunos medios han eclipsado avances relevantes para el caso Villarejo y han puesto en aprietos a la Fiscalía Anticorrupción. En esos mensajes, la abogada Marta Flor sugiere que ha entablado o piensa hacerlo una relación personal con uno de los fiscales asignados al caso. Y sostiene que la Fiscalía ha desvelado a Unidas Podemos datos que estaban bajo secreto. Ninguno de los mensajes confirma que tal relación personal haya existido nunca. Distintas fuentes jurídicas consultadas por este periódico y ajenas tanto al ministerio público como a Unidas Podemos coinciden en que resulta habitual que las distintas acusaciones presentes en una causa intercambien información y puntos de vista.