El juez prepara el terreno para que Iglesias acabe en el Supremo por el caso del robo del móvil de su ex asesora

La investigación abierta dentro del caso Villarejo sobre el robo y destrucción de la tarjeta del móvil de Dina Bousselham, ex asesora de Pablo Iglesias, dio este viernes un salto cualitativo. En contra de la voluntad expresada por Bousselham, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón la obliga a cambiar de abogado para que no comparta representación legal con el vicepresidente, a quien ha retirado la condición de perjudicado. ¿Por qué le impone la elección de un nuevo letrado? Por "la presencia de un efectivo conflicto de intereses". Es decir, porque según el juez hay un potencial choque entre lo que beneficia a la víctima de un delito y a quien ha podido cometerlo. Este periódico no ha logrado confirmar si Bousselham recurrirá la resolución del juez.

Conocida desde que se supo que habían sido extraídos de su móvil datos que tras su robo en 2015 fueron difundidos por Okdiario, Bousselham no respalda los pasos dados por el juez en el último mes. La Fiscalía Anticorrupción, tampoco. En los registros al comisario José Manuel Villarejo aparecieron dos archivos sobre datos de la tarjeta móvil de este teléfono.

Pero esos pasos parecen ir apretando un nudo en torno a Iglesias. De hecho, todas las fuentes jurídicas consultadas coinciden en que tanto el auto dictado este viernes como las actuaciones anteriores indican que el juez está preparando el terreno para llevar al vicepresidente ante el Tribunal Supremo, el único con potestad para investigarlo penalmente. En el auto García Castellón sostiene que "de la actuación de Dina Bousselham "no se desprende "una tácita renuncia al ejercicio de la acción penal frente a Pablo Iglesias". Y que "es precisamente en este punto donde el conflicto [de intereses] se revela insostenible". La antigua asesora de Iglesias en el Parlamento Europeo dirige ahora un digital vinculado a Podemos.

Sustentando su decisión en las diferentes versiones de la antigua colaboradora de Iglesias sobre la destrucción de la tarjeta,  el magistrado aplica criterios similares a los que buscan proteger a una víctima frente a un eventual agresor capaz de ejercer una posición de dominio personal o profesional. No lo dice de forma expresa pero se desprende del contenido de su resolución. Esa es la lectura  que hacen del texto fuentes conocedoras de los planteamientos de García Castellón.

Un delito perseguible solo a petición de parte

En su primera declaración, Bousselham dijo que nunca pudo acceder al contenido de la tarjeta una vez la tuvo de nuevo en su poder. Más tarde, se corrigió a sí misma y aseguró que "inicialmente funcionaba bien".

Pero incluso si fue Iglesias quien destruyó la tarjeta por cualquier motivo antes de entregársela a su asesora, la Fiscalía entiende que la dueña del teléfono no alberga el menor deseo de ejercer acciones contra él. Y que en última instancia ya le habría otorgado su perdón. El delito de daños informáticos solo es perseguible a petición del perjudicado. Fue la Fiscalía la que pidió que se retirase a Iglesias la condición de perjudicado.

Pese a todo lo anterior, el juez ha seguido practicando diligencias no requeridas por ninguna de las partes: considera que "es su obligación", dice una fuente. Las últimas diligencias, estas: la solicitud de un informe a la brigada de Policía Científica y el envío de una comisión rogatoria a la empresa británica a la que el marido de Bousselham envió la tarjeta del móvil en septiembre de 2017, como adelantó vozpopuli.

El resultado de esa rogatoria sobre en qué estado recibieron la tarjeta puede ser determinante para que García Castellón persista en su línea o modifique el rumbo de unas diligencias que empiezan a eclipsar las de otras piezas relevantes del caso. Entre otras, las de la pieza Kitchen, centrada en la operación policial y parapolicial en que intervinieron el comisario Villarejo y otros mandos para impedir que Luis Bárcenas conservase documentación incriminatoria para el PP. En enero, el antiguo jefe operativo (DAO) de la Policía Eugenio Pino declaró que el ministro del Interior Jorge Fernández Díaz le transmitió un mensaje de Mariano Rajoy: que tratase bien a Villarejo y no intentara librarse de él. 

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De momento, en el caso Dina hay dos preguntas sin responder: la primera, por qué Pablo Iglesias tardó varios meses en devolverle la tarjeta a su propietaria una vez le fue entregada por el ya desaparecido dueño del Grupo Zeta, Antonio Asensio; y la segunda, por qué la invalidó si realmente lo hizo. Anque Podemos ha optado por un silencio hermético, en círculos políticos ha comenzado a prosperar la versión según la cual dentro de la tarjeta podía haber datos "sensibles". No sensibles para la intimidad de Dina Bousselham -en la tarjeta se almacenaban fotos íntimas suyas- sino para el partido.

El auto de García Castellón evidencia una fractura entre el juez y la Fiscalía Anticorrupción. Por ejemplo, el magistrado remacha que Dina Bousselham "ha puesto de manifiesto en su actuación una inequívoca voluntad de esclarecer los hechos investigados". Y reprocha sin tapujos a Anticorrupción que interprete lo contrario: que "ha puesto de relieve una inequívoca falta de voluntad por esclarecer los hechos".

Pero esa fractura no es la primera. Ni la única. De momento y con un portazo sobre la supuesta prescripción de los delitos, el magistrado ha cerrado en la Operación Púnica la puerta a seguir investigando todo lo relacionado con el urbanismo de Valdemoro. Ese es el municipio madrileño donde arrancó su actividad el grupo en cuya cúspide aparece el antiguo número 2 del PP madrileño, Francisco Granados. Entre las operaciones de Valdemoro que tanto la acusación popular como la Fiscalía Anticorrupción siguen pretendiendo que se investiguen –el asunto está pendiente de un recurso– figura una cuyo protagonista es El Corte Inglés.