Operación Kitchen

La probable imputación de Cospedal y Fernández Díaz por el espionaje a Bárcenas complica el escenario para el PP

El escrito con que, como desveló este viernes eldiario.es, la Fiscalía Anticorrupción pide al juez del caso Villarejo que impute a María Dolores de Cospedal y al exministro de Interior Jorge Fernández Díaz por el espionaje a Luis Bárcenas ha abierto un nuevo y más complicado escenario para el PP. Aunque el juez no ha tomado todavía una decisión, fuentes jurídicas consultadas por infoLibre consideran muy posible que los llame a declarar a ambos en la pieza bautizada como Kitchen. Y  que acepte también la solicitud del ministerio público para levantar ya el secreto sobre esta pieza, donde se entrecruzan los dos grandes asuntos penales que en los últimos años han puesto al PP contra las cuerdas: por un lado, la caja B de la que dejó constancia manuscrita Bárcenas durante dos décadas; y por otro, la existencia de la llamada policía patriótica y de sus operaciones.  Y una de ellas fue la desplegada en 2013 -la Kitchen- para evitar que el extesorero conservase documentos de aquella contabilidad paralela que entrañasen nuevos riesgos para el partido.

Hasta ahora, el único político imputado es Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad con Fernández Díaz y que se ha negado a declarar en dos ocasiones. Pero la eventual imputación de Cospedal representaría un auténtico salto cualitativo. Porque la exministra de Defensa fue durante una década nada menos que la número dos del PP. En julio de 2018 y una vez salieron a la luz los audios de Villarejo, Cospedal dejó su cargo. Poco después sumó su dimisión como presidenta del PP de Castilla-La Mancha y finalmente abandonó el escaño y la política. 

De lo conocido hasta la fecha lo primordial se resume así: que la Operación Kitchen implicó en 2013 el pago a terceros con fondos reservados para el seguimiento, vigilancia, espionaje y robo de papeles no solo a Bárcenas sino a su entorno. Los audios incautados a Villarejo durante los registros a su domicilio y sus oficinas destaparon hace dos años un dato crucial sobre Cospedal: que en 2009 y tras el estallido del caso Gürtel ya se había reunido en secreto con el entonces poderoso comisario, al igual que el empresario Ignacio López del Hierro, su marido y cuya imputación solicita igualmente el ministerio público. Los audios revelan que Cospedal se interesó por el pendrive que la Udef incautó al contable de la trama Gürtel y que resultó estar cargado de información nefasta para los implicados. "Hay mucha chicha", proclamó Villarejo en referencia expresa al dispositivo. "Hemos hecho todo lo posible por romper el pendrive", añadió por si quedaban dudas.

La investigación ya ha sacado a la luz otro dato de relevancia: el papel que en ese operativo desempeñó el policía Andrés Gómez Gordo, a quien Cospedal había fichado como jefe de seguridad nada más tomar posesión como presidenta de Castilla-La Mancha en 2011. Los investigadores sostienen que fue Gómez Gordo quien captó a Sergio Ríos, un antiguo chófer del número dos del PP madrileño, Francisco Granados, para que cumpliera esa misma función con Bárcenas y la aprovechase como pantalla para tenerlo bajo su absoluto control.

Un antiguo socio de Granados, David Marjaliza, llegó a declarar que el fichaje de Ríos buscaba que pudiese "interceptar" papeles. Pero eso no es todo: uno de los hombres clave en la trama de Villarejo, el exjefe de escuchas policiales Eugenio García Castaño, señaló en octubre del año pasado a Gómez Gordo como el autor de los informes difundidos contra Podemos: el llamado PISA y el que sostenía que el hoy vicepresidente Pablo Iglesias había recibido dinero en el paraíso fiscal de las islas Granadinas. 

Pero la idea de que su antiguo jefe corría el peligro de acabar también con el marchamo de persona investigada comenzó a imponerse con fuerza en enero de este año. Como publicó infoLibre, la declaración que el día 28 de aquel mes prestó Eugenio Pino, que fue Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía incluyó revelaciones inesperadas. Pino, uno de los principales investigados, aseguró ante el juez que el ministro Jorge Fernández Díaz le había transmitido en 2015 un mensaje del presidente Rajoy sobre Villarejo: "Lo estás tratando mal". Según el ex DAO, ocurrió cuando él mismo estaba maniobrando para lograr el cese de Villarejo por la guerra interna que mantenía con otro comisario y porque operaba en la práctica ajeno a sus órdenes y su conocimiento. La contundencia de Pino fue tal que el juez instructor de la causa, el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, pronunció una frase de las imborrables: "Ha dejado usted un panorama devastador".

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