Al menos 27 de los 34 municipios más grandes son de alto riesgo por covid pero sólo Madrid y Baleares apuestan por confinar

Entre protestas de los vecinos y con la escenificación de un acercamiento entre el Gobierno central y regional como telón de fondo. Así ha arrancado este lunes en suelo madrileño el confinamiento decretado por el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso en las 37 zonas básicas de salud con las que el coronavirus se está cebando en la comunidad autónoma. Con estas restricciones, las autoridades madrileñas tratan de poner fin a una tasa de contagios que llevaba semanas siendo completamente insostenible. Porque de todas las regiones, Madrid es la que presenta los datos más preocupantes. Eso sí, no es la única que debería estar alarmada. La gran mayoría de las ciudades de más de 180.000 habitantes presentan incidencias acumuladas que superan la barrera marcada por el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC, por las siglas en inglés) para que una zona sea considerada de alto riesgo. En España hay 34 núcleos de ese tamaño, pero sólo hay datos de ese indicador en 29 de ellos. Dentro de ese grupo, nada menos que 27 superan el umbral. Sin embargo, de momento solo el Ejecutivo madrileño y el balear han decidido imponer restricciones de movimientos en sus principales urbes.

El panorama en la región es, actualmente, negro. En el último informe epidemiológico semanal publicado por la Consejería de Sanidad, toda la ciudad de Madrid presentaba una incidencia acumulada a 14 días superior a los 670 positivos por cada 100.000 habitantes, un dato que este fin de semana el ECDC elevó hasta los 700, convirtiendo a la ciudad en la capital europea con la tasa más elevada, duplicando incluso a la de Praga, la segunda con peor aspecto. Un problema que, sin embargo, no es exclusivo de la gran urbe, sino que afecta a la región. En Móstoles, la segunda más poblada de la comunidad, ronda los 523, mientras que Leganés y Alcalá de Henares tienen una incidencia acumulada de 453,5 y 385,9, respectivamente. En peor situación se encuentran Getafe y Fuenlabrada, dos de los municipios afectados por las restricciones durante las próximas dos semanas. En el primero se encuentran en 618,4. En el segundo, en 751,2. Seis veces por encima de la barrera fijada por el ECDC para considerar zona de alto riesgo.

Pero no sólo es preocupante la evolución epidemiológica en las grandes ciudades madrileñas. Ni mucho menos. Actualmente hay al menos otras ocho grandes urbes de más de 180.000 habitantes cuya tasa de positivos rebasa la media nacional, ya de por sí elevada: más de 260, según el último informe epidemiológico del Ministerio de Sanidad. Las últimas cifras del Gobierno canario referencian una incidencia acumulada en las últimas dos semanas de 640,13 positivos confirmados por cada 100.000 habitantes en Las Palmas de Gran Canaria. Por encima de los cuatro centenares se encuentran, por su parte, ciudades como Pamplona o Valladolid, con 465 y 433, respectivamente. Tampoco pinta bien el escenario que se va dibujando en las tres principales urbes vascas: San Sebastián (361,2), Bilbao (354,3) y Vitoria (345,2). Ni en Palma de Mallorca o Murcia, donde también se bate la media de contagios nacional. En la primera, los últimos datos reflejan una incidencia de 302, mientras que en la segunda la cifra se sitúa en los 276,2 casos confirmados por cada 100.000 habitantes.

Por debajo de la media de todo el país, pero todavía por encima del umbral de zona de riesgo, están otras trece de las grandes ciudades. Superan los 200 casos tres municipios barceloneses –Terrassa, Sabadell y Badalona–, si bien la Ciudad Condal se sitúa con las últimas cifras en la mesa, recopiladas en un mapa interactivo elaborado por eldiario.es, en los 170 positivos. No obstante, desde el departamento de salud aseguraron este fin de semana que la evolución está siendo positiva. En la Comunitat Valenciana, las dos principales urbes, Alicante y Valencia, se mueven en los 174,9 y 151,2, respectivamente. Un poco más al sur, en suelo murciano, el segundo municipio más importante de la región, Cartagena, presenta una incidencia de 167,1. En 165,45 están, por su parte, en Santa Cruz de Tenerife. Mientras que en suelo andaluz, de las grandes ciudades la más golpeada es Córdoba, con una incidencia de 172, seguida por Málaga, Granada, Jerez y Almería, que se mueven entre los 128 y 139,5, respectivamente.

Mejor pinta presenta Sevilla. De hecho, junto con Elche, son las dos únicas grandes urbes españolas que no alcanzan los niveles de alerta que fija el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades. En la ciudad andaluza, la incidencia acumulada en las últimas dos semanas se sitúa en 102,7. En el municipio alicantino, por su parte, se reduce hasta el 95,9. Dentro del listado de localidades que superan los 180.000 habitantes se encuentran también A Coruña, Vigo, Oviedo, Gijón y Zaragoza. Sin embargo, Galicia no facilita información sobre la incidencia acumulada a nivel municipal. En el caso de Asturias, los datos tampoco permiten conocer este indicador en las últimas dos semanas a esta escala, como ocurre igualmente en Aragón.

Si la tendencia no mejora, la vuelta a las restricciones de movilidad en los principales núcleos urbanos del país es sólo cuestión de tiempo. La única diferencia radica en que, a diferencia de lo que sucedió durante la primera ola de la pandemia, ahora el diseño y la responsabilidad de estos planes se encuentra sobre las espaldas de las administraciones autonómicas. Desde que se completó la desescalada, las estrategias para intentar controlar la explosión de casos se han realizado o bien a pequeña o muy pequeña escala o bien en áreas de gran tamaño. Con brotes muy localizados, se han acordonado edificios concretos y se ha impedido salir a los vecinos. Hay varios ejemplos de ello. El pasado mes de julio, las autoridades sanitarias cántabras y castellanomanchegas decidieron confinar bloques de viviendas en Santander, en el barrio de Castilla-Hermida, Albacete o Valladolid. La cuarentena fue estricta. Nada de salir a la calle hasta que las pruebas no arrojasen resultados negativos. Y para asegurarse de que el encierro se cumplía, agentes de la policía vigilaban las puertas de ambos edificios.

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Pero no siempre los puntos negros han estado tan localizados. Ni siempre las restricciones han sido tan estrictas. En los últimos cuatro meses las autoridades sanitarias también han decretado el cierre de municipios enteros. Fue el caso de las localidades segovianas de Cantalejo y Carrascal del Río, la extremeña Villarta de los Montes o el municipio turolense de Andorra. Por lo general, salvo excepciones como la de Aranda de Duero, en Burgos, se trataba de núcleos urbanos poco poblados. Esto permite establecer de forma sencilla un control perimetral que facilite el cumplimiento de las medidas establecidas. Medio centenar de agentes se encargan, por ejemplo, de vigilar en el municipio valenciano de Benigànim la restricción de movimientos impuesta a finales de agosto por la Generalitat. Incluso en más de una ocasión desde la primera oleada se han cerrado comarcas enteras, como la de A Mariña, en Galicia, en pleno proceso electoral. O el confinamiento del Segrià, que aisló durante dos semanas una extensión de casi 1.400 kilómetros cuadrados. Para el control, se destinaron unos dos centenares de agentes y se fijaron más de una veintena de puntos de control.

En las grandes ciudades, sin embargo, los confinamientos se tornan mucho más complicados. No obstante, por el momento sólo la Comunidad de Madrid e Illes Baleares han decretado encierros en sus principales urbes, según los datos recopilados por RTVE. En el caso madrileño, el Ejecutivo regional ha decidido confinar prestando atención a lo que se denominan como zonas básicas de salud. En total, el encierro afecta a 37 de ellas, la gran mayoría ubicadas en áreas muy castigadas desde el punto de vista socioeconómico, con bajo nivel de ingresos y empleo precario. No son ni barrios ni municipios completos, sino zonas muy concretas. En total, unos 850.000 habitantes se verán afectados y exclusivamente podrán abandonar sus domicilios para desplazarse a centros de trabajo, médico, hacer la compra o a llevar a los niños a la escuela, entre otras actividades. La vigilancia del cumplimiento de las restricciones se hará, según informó el domingo el consejero de Justicia, Enrique López, mediante controles “aleatorios y dinámicos” en los perímetros de las zonas afectadas. En la capital, se recurrirá a dos centenares de agentes de la Policía Local que irán rotando por decenas de puntos.

La estrategia que seguirá el Gobierno madrileño es similar a la que adoptó hace diez días el Ejecutivo balear para algunas zonas de la ciudad de Palma. Desde el pasado 11 de septiembre, permanecen confinados más de 20.000 vecinos de los barrios de La Soledat Nord, Son Canals, Can Capes y Son Gotleu, una de las zonas más deprimidas de la capital. Como ocurre en suelo madrileño, los vecinos sólo pueden abandonar el perímetro, que no está delimitado de ningún modo, para acudir al puesto de trabajo, para atender necesidades sanitarias o para ir a los centros escolares, mientras que los aforos en tiendas o restaurantes se han reducido a la mitad –al igual que en Madrid– y las reuniones nunca podrán superar la media decena de personas –media docena en la capital–. Para controlar el cumplimiento de las normas, el Ayuntamiento de Palma ha puesto a vigilar los barrios a una veintena de agentes, según informaba este fin de semana el diario El País. De nuevo, controles dinámicos y sanciones como castigo. En definitiva, responsabilidad individual. Pero nada de puntos de vigilancia estática. O, al menos, no por el momento.