Los 25 nombramientos que un Poder Judicial caducado tiene en cartera tras renovar el Tribunal Supremo

Diez presidencias de audiencias provinciales, otras cuatro de tribunales superiores de justicia, así como un buen número de presidencias de sala en distintos órganos judiciales repartidos por toda España son los nombramientos que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tiene pendientes, unos en fase de calificación y otros pendientes de designación. Hasta dentro de un mes no se sabrá si esta institución, cuyo mandato está caducado desde hace casi dos años debido a la ausencia de un acuerdo político que renueve a sus integrantes, vuelve a desafiar los deseos del Gobierno de no realizar ningún nombramiento en situación de interinidad.

Es difícil saber cuál será el orden del día del próximo Pleno del CGPJ, que tendrá lugar el último jueves de octubre, pero fuentes del organismo consultadas por infoLibre no descartan seguir designando a los que serán los nuevos titulares de plazas que llevan meses en prórroga debido a la coyuntura en la que se encuentra la institución desde el 4 de diciembre de 2018, cuando sus 20 vocales debían haber sido renovados por Congreso y Senado, tal y como establece la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), por mayoría de tres quintos. Hace dos años hubo un conato de acuerdo, pero desde entonces los dos partidos mayoritarios, PSOE y PP, no se ponen de acuerdo y el problema no hace más que enquistarse.

Como consecuencia de esta situación, que no es la primera vez que ocurre ante la falta de consenso político, el CGPJ que preside Carlos Lesmes ha ido aplazando convocatorias de plazas y elección de las mismas, hasta el punto de que hasta el pasado miércoles este órgano llevaba varios meses sin hacer ningún nombramiento. Al enquistarse las negociaciones entre partidos, los vocales decidieron esta semana dar un golpe en la mesa, trasladando así su indignación a la clase política pero también ante la presión que llevaba ejerciendo semanas el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que se había mostrado contrario a que se asignaran nuevas plazas en tiempos de interinidad. "Rabiosamente no: el órgano de gobierno de los jueces no debe hacer nombramientos antes de ser renovado", fue el titular de la entrevista que concedió a infoLibre y que fue publicada el 5 de julio.

A pesar de ello, y en un claro mensaje al Gobierno, el órgano de gobierno de los jueces renovó, con un consenso pocas veces visto, seis plazas clave en el Tribunal Supremo: tres de magistrado en la jurisdicción Penal y tres presidencias de Sala en lo Contencioso-Administrativo, lo Social y lo Militar. Como las de otros órganos judiciales autonómicos y provinciales, se trata de cargos discrecionales y en el caso de magistrado del alto tribunal, son mandatos vitalicios. La Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) no impide al CGPJ hacer nombramientos con el mandato caducado –sólo prohíbe nombrar nuevo presidente–, pero es cierto que la composición actual del organismo es el reflejo de la realidad política que salió de las urnas en 2011, una foto radicalmente distinta a la de 2020. Así, se puede decir que los nombramientos del pasado miércoles han salido viciados por esa mayoría conservadora que imperaba en 2011, cuando Mariano Rajoy inició su primer mandato con mayoría absoluta, y en realidad el equilibrio entre conservadores y progresistas en el Tribunal Supremo continúa sin apenas cambios.

Mensaje sobre la irresponsabilidad de la política

Para los vocales consultados por infoLibre, no cabía otra opción que nombrar a los magistrados. La posibilidad de dimitir en bloque para poner la pelota en el tejado del Gobierno no estaba en los planes bajo ningún concepto, pues eso trasladaría el mensaje a la opinión pública de su irresponsabilidad manifiesta al paralizar una institución clave para el funcionamiento de la Justicia. En su opinión, al renovar las seis plazas del Supremo, lo que escenifican es la imprudente actuación de las fuerzas políticas al prolongar la interinidad de un órgano nombrado hace casi nueve años. 

A falta de conocer el orden del día del próximo Pleno del órgano de gobierno de los jueces y saber si los vocales continúan en su desafío a las fuerzas políticas haciendo nuevos nombramientos, y siempre teniendo en cuenta que PSOE y PP sigan sin ponerse de acuerdo, el CGPJ tiene sobre la mesa la renovación de diez presidencias de audiencias provinciales (Granada, Ciudad Real, Almería, León, Baleares, Cantabria, Navarra, Salamanca, Cáceres y Ourense), cuatro de tribunales superiores de justicia (Baleares, Cantabria, País Vasco y Canarias), presidencias de la Sala de lo Social de los tribunales superiores de Baleares, Cantabria, Asturias, Murcia, País Vasco, Castilla y León y Andalucía, las de lo Contencioso-Administrativo de los tribunales superiores de Navarra y Asturias, la presidencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, y una plaza de magistrado en la jurisdicción de lo Social del Tribunal Supremo., tal y como consta en la página web del órgano de gobierno de los jueces.

Cada una de estas plazas pendientes está en un momento del proceso de selección diferente, un procedimiento que se divide en varias fases: publicación del concurso en el Boletín Oficial del Estado (BOE), presentación de candidaturas, calificación del currículum los candidatos y selección de los que reúnen más requisitos, que son propuestos por los vocales. No obstante, en la mayoría de los casos el proceso está ya muy avanzado, sólo pendientes de la designación, y podrían ser las propuestas que el órgano de gobierno de los jueces lleve al próximo Pleno dentro de un mes y cuyo orden del día firma el presidente Lesmes.

Así, a día de hoy no se sabe si el CGPJ seguirá en la línea marcada esta semana y propondrá nuevos nombramientos en caso de que su mandato, que está establecido en cinco años, se mantenga caducado. Para renovar a los 20 vocales del órgano de gobierno de los jueces, de los que doce son magistrados y jueces y los otros ocho son juristas de reconocido prestigio, hace falta el voto favorable de las tres quintas partes en Congreso y Senado. Estas mayorías hacen imposible hoy día, por la falta de entendimiento de socialistas y conservadores, una renovación de la institución, lo que ha llevado a que los partidos integrantes de la coalición de Gobierno llevan meses hablando de cambios legales que permitan renovar el Poder Judicial sin el PP.

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Los nombramientos de los seis puestos clave del Supremo a pesar de los continuos llamamientos del ministro de Justicia para que no se llevaran a cabo ha terminado por acelerar los movimientos del PSOE y Podemos para sacar adelante una modificación de la ley para que doce de los vocales, los correspondientes a magistrados y jueces, puedan ser elegidos por mayoría absoluta y mantener la exigencia de tres quintos para los ocho juristas de trayectoria reconocida. También se plantea que la nueva norma pueda tener efectos retroactivos que conllevarían que las últimas plazas asignadas por el órgano que preside Lesmes no fuesen confirmados, si bien este último punto es uno de los más discutidos.

La parte negociadora del partido morado tiene la ambición "máxima" de que el CGPJ cese en el mismo momento en el que se cumpla su mandato de cinco años y tenga poderes limitados mientras está en funciones, de modo que su actuación sólo podría circunscribirse a cuestiones burocráticas o de expedientes de la inspección judicial. Cualquier otro asunto urgente o de mayor relevancia sería trasladado al Ministerio de Justicia.

La esencia de esta reforma que ya han empezado a mover desde la coalición de Gobierno sería hacer una nueva interpretación del artículo 122 de la Constitución, por lo que de presentarse en los términos expuestos se expondría a un alto grado de inconstitucionalidad que podría llevar a los partidos no firmantes a impugnarla ante el tribunal de garantías. El PP ya ha adelantado que no habrá ningún entendimiento con el PSOE en esta materia mientras en el Consejo de Ministros se sienten miembros de Unidas Podemos.